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 Mensaje del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción

 Bogotá, 9 dic (SIG).

Antes que nada, quiero hacer llegar un saludo especial al señor Procurador General de la Nación, Dr. Alejandro Ordóñez, y a los organizadores del evento; a los altos funcionarios del Estado presentes, y a todos los participantes en este importante foro.

Aunque en esta oportunidad no me fue posible acompañarlos, no podía dejar pasar la ocasión sin enviarles un mensaje a quienes, desde el servicio público y desde la sociedad civil, nos ayudan en la lucha contra la corrupción para consolidar un Estado al servicio de los ciudadanos y no un Estado víctima de la rapiña de los corruptos.

A través de este mensaje quisiera dejar claros tres puntos sobre los que vale la pena reflexionar: primero, la unidad y la coordinación en la lucha contra la corrupción; segundo, los logros en materia de política pública que hemos alcanzado y, tercero, los desafíos que tenemos por delante.

Con respecto al primer punto, es preciso recordar que, desde octubre de 2003, el 9 de diciembre fue insaturado por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción; que la Convención de lucha contra la corrupción de Naciones Unidas entró en vigor en diciembre de 2005, y que Colombia se constituyó como Estado parte en octubre de 2007.

Este proceso, que viene desde hace más de 10 años, nos da una primera señal: así como los Estados deben unirse y coordinarse para luchar contra la corrupción, así mismo, dentro de cada Estado, las instituciones, las ramas de poder público y la ciudadanía debemos unirnos y coordinarnos para erradicar este flagelo.

Los Organismos de Control, las tres ramas de Poder Público y las Organizaciones Sociales en Colombia, todos unidos, tenemos que superar unidos al rival que estamos enfrentando: debemos compartir información –bajo el marco de la ley– y unificar nuestros esfuerzos; entendernos como aliados con un enemigo común; proteger el interés público, e innovar de modo permanente en la lucha contra la corrupción y en la promoción de la transparencia.

Por eso hoy quiero anunciar que, bajo la coordinación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y con apoyo de la Unión Europea, hemos puesto en marcha tres nuevas acciones de gran trascendencia frente a la lucha contra la corrupción.

La primera consiste en la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta Permanente –no coyuntural– en la que participan la Unidad de Información y Análisis Financiero, la DIPOL y la Dirección Nacional de Investigaciones, bajo la secretaría técnica de la Secretaría de Transparencia, con el fin de potenciar nuestra capacidad de rastrear actos de corrupción y de recaudar elementos probatorios en el menor tiempo posible, bajo las competencias institucionales que contempla la ley.

La segunda es la reactivación del Comité Tripartito Anticorrupción, conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría. Jamás el país había necesitado con tanta urgencia que estas tres entidades trabajen armónicamente. Esperamos que este proyecto sea aprobado en su integridad en la próxima sesión de la Comisión Nacional de Moralización.

La tercera, la coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Transparencia.

La prioridad será la protección de los recursos de la niñez, la educación y la salud, y castigar con dureza la corrupción en la industria extractiva, la cual, con contadas excepciones –como por ejemplo la iniciativa de CAMPETROL que suscribió el Pacto Anticorrupción–, no ha hecho aún lo suficiente para extirpar el riesgo de corrupción de su actividad económica.

Antes de terminar este año, el país comenzará a ver los resultados de estas tres fuerzas de trabajo conjunto. Quienes están saqueando el patrimonio de los niños y jóvenes de Colombia, de nuestro sistema de salud y de nuestras regalías están advertidos. No permitiremos que se sigan robando los recursos con los cuales construimos el futuro de Colombia.

La necesidad de incrementar la coordinación interinstitucional me lleva al siguiente punto: los logros que hemos alcanzado durante los últimos años.

Primero: la creación de la Secretaría de Transparencia en el año 1995 y la expedición del Conpes 167 de 2013 –más conocido como Conpes Anticorrupción–, demuestran que la erradicación de la corrupción es una política permanente del Estado colombiano.

Segundo: con la actualización del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), desarrollamos instrumentos muy poderosos para prevenir y combatir la corrupción, como por ejemplo los procedimientos orales en el control fiscal, los cuales han permitido atacar con dureza a los corruptos y recuperar miles de millones de pesos que habían robado.

Tercero: este año sancioné la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la herramienta más poderosa que tiene hoy en día la ciudadanía para acceder a información del Estado, que establece elevados estándares de publicación y entrega de información por parte de entidades públicas y partidos políticos.

Cuarto: bajo el liderazgo del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia, hemos regulado un mecanismo de evaluación de todos los jefes de las oficinas de control interno, y hemos hecho un proceso de selección muy riguroso y técnico para elegir a los mejores candidatos. La prueba para estos funcionarios se realizará el próximo 12 de diciembre.

Quinto: hemos fortalecido lazos con las veedurías ciudadanas y la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. La Comisión Ciudadana activamente nos presentó inquietudes y sugerencias en la materia, de cara al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Hoy quiero darles parte de tranquilidad pues dichas ideas ya están siendo incorporadas en las Bases de Plan de Desarrollo.

Sexto: importante destacar la puesta en marcha del Observatorio Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, el cual cuenta con más de 17 indicadores que nos permiten determinar avances en la lucha contra la corrupción, y en cuya elaboración tanto la Procuraduría, la Contraloría, la Auditoria y Planeación Nacional participaron de modo muy activo. El observatorio es una herramienta no sólo de medición sino de diálogo y educación para aunar esfuerzos en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Pasando al tercer punto que dije que iba a abordar, me referiré a los desafíos que tenemos por delante, particularmente a la promoción de la transparencia en el marco de la construcción de la paz.

La corrupción endémica socava la capacidad de respuesta del Estado a las demandas ciudadanas y deteriora la transición al posconflicto, al crear un ambiente adverso a la reconciliación y a la capacidad de hacer cumplir los acuerdos. Por ello considero que la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia deben ser prioritarias para asegurar no sólo una adecuada inversión de recursos del Plan de Desarrollo 2014-2018, sino la aplicación de acuerdos para la construcción de la paz en Colombia.

En este sentido, desde ya nos estamos preparando en el Ejecutivo para mejorar el desarrollo de la política de transparencia: vamos a enfocarnos más sectorial y territorialmente, de modo que el trabajo de lucha contra la corrupción se ajuste tanto a las particularidades de las entidades territoriales como a ciertas áreas de la gestión pública.

Vamos a poner énfasis en las zonas de consolidación, donde se concentren muchos proyectos de posconflicto, y en las zonas con sectores con elevado riesgo de corrupción.

Por ello la Secretaría de Transparencia deberá trabajar más de cerca con las Comisiones Regionales de Moralización, yendo al terreno, ayudando a su dinamización y destapando los actos de corrupción de los que tenga conocimiento.

Más aún, tenemos que trabajar para mejorar la posición de Colombia en los indicadores de percepción de transparencia, en los cuales, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora, seguimos sin mejorar. Y también debemos trabajar para dar tranquilidad a la comunidad internacional frente a nuestro compromiso con el buen gobierno. En esa dirección, renovaremos cada día nuestros compromisos en este campo frente a la OCDE, la Alianza para el Gobierno Abierto, las Naciones Unidas, la OEA, la Red de Transparencia y Acceso a la Información, y nuestros principales aliados estratégicos.

Finalmente, quiero convocar a todos los asistentes a que fortalezcamos la cultura de la legalidad, es decir, que desde nuestro fuero interno, y en nuestros trabajos, dejemos a un lado la búsqueda del atajo; entendamos que seguir la ley es una muestra de compromiso con el país y con nuestros vecinos, con nuestras familias y amigos, y nos apartemos de la idea según la cual cumplir la ley es algo de tontos. Todo lo contrario: ser legales no sólo es lo más honesto sino lo más inteligente que podemos hacer por Colombia.

Hablar de paz, desear la paz, es desear el imperio de la ley, es priorizar el interés general sobre el particular y es asumir que los dineros públicos son dineros sagrados.

Estimados:

Con renovados instrumentos y una inquebrantable voluntad política, llegó la hora de pasar de la retórica anticorrupción a los hechos.

Tenemos bajo la lupa varios casos, algunos de los cuales ya hemos judicializado. Actuaremos con determinación para que los corruptos se pudran en la cárcel.

Con transparencia, y trabajando unidos, llegaremos más pronto a construir ese nuevo país que todos queremos: un país en paz, con más equidad y mejor educado.

Muchas gracias.