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 Rueda de prensa de los ministros de Justicia y Hacienda, el Fiscal General y el Ministro de la Presidencia

 Bogotá, 24 nov (SIG).

​La siguiente es la rueda de prensa concedida este lunes en la Casa de Nariño por los ministros de Justicia, Yesid Reyes y Hacienda, Mauricio Cárdenas; el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y el Ministro de la Presidencia de la República, Néstor Humberto Martínez Neira.

Ministro de Justicia y del Derecho: Yesid Reyes:

Muy Buenas noches.

Yo quiero comenzar por señalar que a los pocos días de tomar posesión como Ministro de Justicia recibí en mi despacho a uno de los sindicatos de Asonal, que es el que ha venido promoviendo el paro.

En ese momento se me hicieron conocer las pretensiones que tenía ese sindicato y a partir de ese momento, el Gobierno, con ayuda del Consejo Superior de la Judicatura, trabajó en aquellas que resultaban viables. Y finalmente se consiguieron soluciones para las mismas.

Hay, sin embargo, una serie de peticiones del sindicato que son inviables.

Una primera de esas solicitudes, que el Gobierno consideró viable de solucionar,  tiene que ver con la consecución de recursos para pagar cargos de descongestión a partir del 15 de noviembre de este año y hasta el 19 de diciembre.

Con la ayuda del Consejo Superior de Judicatura y del Ministerio de Hacienda, se consiguieron alrededor de 50 mil millones de pesos que permiten continuar hasta el 19 de diciembre las medidas de descongestión.

A partir del año 2015, con la colaboración del Ministerio de Hacienda y del Consejo Superior de la Judicatura, están previstos 500 mil millones de pesos para que los cargos de descongestión se vayan convirtiendo gradualmente en planta permanente de la administración de justicia.

Con esto lo que queremos hacer es aumentar el número de personal en la Rama Judicial de manera permanente, para que pueda atender el crecimiento de los procesos que están a cargo de ellos.

Pero además, en materia económica, el Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República, que busca la consecución de recursos adicionales para la Rama Judicial, que calculamos en unos 500 mil millones de pesos anuales adicionales a los dineros que está asignando el Ministerio de Hacienda.

Otro punto en el que se le dijo a Asonal Judicial desde el comienzo que eran bienvenidas sus peticiones tiene que ver con la solicitud de intervenir en proyectos de reforma a la justicia.

A pesar de que en agosto le dije a Asonal Judicial que eran bienvenidas todas sus iniciativas, propuestas y comentarios sobre reforma a la administración de justicia,  hasta el día de hoy no he recibido ni una sola solicitud o comentario de Asonal en ese sentido.

Los demás aspectos que plantea el sindicato de Asonal que está en paro no son viables.

Uno primero tiene que  ver con el tema de nivelación salarial. Aquí es muy importante señalar que en el paro del 2012 se firmó un acuerdo entre el sindicato de Asonal y el Gobierno Nacional para pagar unas bonificaciones a la Rama Judicial entre el año 2012 y el año 2018.

Esas bonificaciones valen 1.4 billones de pesos y se están pagando cumplidamente por parte del Gobierno Nacional.

Para mencionarles un ejemplo, un juez penal municipal que es el juez de categoría inferior en la Rama Judicial, recibió como bonificación en el 2013 la suma de 579 mil pesos.

Esa bonificación se va aumentando anualmente. Este año fue de un millón 137 mil pesos y en el año 2013, esa bonificación para el juez penal municipal será de 3 millones 369 mil pesos, que equivaldría al 50 por ciento del salario que hoy está devengando ese juez penal municipal.

Es muy importante también señalar que dentro del esquema de los cargos en el Estado, la Rama Judicial es de las que mejor remuneración tiene.

Dos cosas más. Una solicitud inviable de Asonal tiene que ver con la conversión de la bonificación que he mencionado, en salario. Esa conversión le costaría al Estado 6 billones de pesos que equivalen a la mitad de la reforma tributaria que se está plantando en este momento.

De tal manera que resulta inviable, como también resulta inviable la solicitud de desmontar la restructuración de la Fiscalía General de la Nación que se consiguió a través de una ley que se tramitó en el Congreso de la República y que en todo caso competería al señor Fiscal General de la Nación.

Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre:

En lo que concierne a la Fiscalía General de la Nación, una de las peticiones que hace Asonal Judicial, en la parte que está en este momento en paro, es la de que se reverse la restructuración de la Fiscalía General de la Nación.

No existe la más mínima posibilidad por parte del Fiscal General de la Nación y del Gobierno Nacional acerca de reversar el proceso de restructuración de la Fiscalía General de la Nación, porque un proceso de reversar este proceso de modernización, le causaría graves perjuicios, no solamente a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, sino al país entero.

Como consecuencia del proceso de modernización, el Gobierno Nacional hizo un gran esfuerzo en materia fiscal, a tal punto que en el término de tres años se va a aumentar en un billón 87 mil millones de pesos el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación.

De reversarse el proceso de modernización tendríamos también que reversar entonces, el aumento presupuestal a la Fiscalía General.

Además, como consecuencia de la modernización, fueron beneficiados con nivelaciones salariales y mejoras salariales más de 10 mil servidores de la Fiscalía General de la Nación. Exactamente 10 mil 679 servidores.

Si reversamos la restructuración de la Fiscalía estaríamos afectando la nivelación salarial, que ya produjo el Gobierno Nacional durante este año, a más de 10 mil servidores de la Fiscalía, lo que es absolutamente insostenible e imposible desde el punto de vista de protección de los derechos de los trabajadores.

También dentro de este plan el Gobierno Nacional, este año, invirtió en la Fiscalía General de la Nación más de 180 mil millones de pesos, que correspondió al 60 por ciento del presupuesto aprobado para la vigencia del 2014 en temas de nivelación salarial.

Ese imposible también reversar la restructuración de la Fiscalía General de la Nación porque en esta restructuración, pensando en los temas de orden público, en la seguridad ciudadana en las regiones, se aumentó en un 93 por ciento los cargos de profesionales para la Policía Judicial, pasando de 65 cargos del nivel profesional a 933.

No puede perder entonces el país esta consagración de cargos, creación de cargos, de más de 900 funcionarios en Policía Judicial profesionales para seguir tecnificando la Fiscalía General de la Nación.

En materia de capacitación, podemos decir que se hizo uno de los avances más importantes en los últimos años en el país en cuanto a creación de universidad pública.

El Gobierno Nacional, en concordancia con la Fiscalía y con base en las facultades que otorgó el Congreso, creamos una institución universitaria.

Es decir, reversar el proceso de modernización en la Fiscalía es un imposible, porque se le causarían graves daños a los mismos trabajadores de la Fiscalía, y al país, porque perderían los beneficios laborales que han hasta ahora obtenido como consecuencia de la modernización.    

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas

Este paro no tiene ninguna justificación.

Si hay un sector entre la administración pública que ha tenido un tratamiento preferencial, que ha visto mejorar considerablemente su remuneración en los últimos tres años, es la Rama Judicial.

En promedio, la remuneración de los trabajadores de la Rama Judicial, de los funcionarios de la Rama Judicial,  ha aumentado un 19 por ciento por encima de la inflación desde el año 2011. 19 por ciento.

El aumento del salario mínimo por encima de la inflación ha sido de un 7 por ciento. Y para un trabajador en la industria colombiana, el aumento en su remuneración ha sido de apenas un 4 por ciento.

Como pueden ver ustedes, el aumento en las remuneraciones en la Rama Judicial ha sido sustantivamente generoso, amplio y ha permitido esa nivelación en las remuneraciones en los diferentes cargos.

Adicionalmente se han apropiado recursos para que la Rama Judicial pueda atender esas necesidades.

Vamos a seguir incrementando las remuneraciones de aquí al 2018 como estableció el plan de nivelación. El próximo año solamente para esa nivelación están apropiados 376 mil millones de pesos.

¿Esto qué significa?

Que terminado el proceso de nivelación se habrá producido un incremento en las remuneraciones del 44 por ciento, en comparación con las que tenía el sector en el 2012. 44 por ciento en promedio será el incremento real por encima de la inflación en las remuneraciones en la Rama Judicial.

Por último, en la Rama Judicial hay 8 mil cargos que son temporales, de descongestión; cargos que siempre tuvieron esa vocación de ser transitorios, de ayudar a las tareas de descongestión de los despachos.

Ha sido tal la cantidad de procesos y de trabajo en la Rama Judicial, que es necesario incorporar algunos de esos cargos a la planta permanente.

El próximo año comenzaremos con un porcentaje muy significativo de esos 8 mil cargos, con lo cual le damos estabilidad laboral a miles de trabajadores que hoy despachan en los diferentes juzgados de la Rama Judicial y que van a tener estabilidad en sus cargos a futuro.

De manera que son muchos los avances que se han hecho. Ha sido enorme el esfuerzo fiscal de la Nación  para que las condiciones en la Rama Judicial mejoren.

Ningún otro sector de la administración pública puede mostrar  avances tan significativos como la Rama Judicial en esta materia.

Ministro de la Presidencia de la República, Néstor Humberto Martínez Neira:

Resuelto el problema de los jueces de descongestión entre el Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno, y visto que se establecerá una planta permanente a partir del año entrante para ir avanzando en el fortalecimiento de la Rama Judicial, no hay mérito para continuar con el paro de jueces y fiscales en Colombia.

Celebramos que en el día de hoy se hayan abierto al público varias dependencias judiciales, en un proceso que estimamos debe ser progresivo.

Llamamos a los sectores  a los sectores que han estado en paro para que eviten las confrontaciones con los cientos de jueces y fiscales en Colombia que siguen con la idea de trabajar perseverantemente, sirviéndole a la justicia, en beneficio de los ciudadanos.

Por supuesto, la autoridad deberá preservar el derecho al trabajo de esos cientos y miles de jueces y fiscales que quieren concurrir a sus labores normales.

El próximo viernes deberá hacerse el pago ordinario de las nóminas en el poder judicial y en la Fiscalía General.

Atendiendo la circular del Contralor General de la República, los pagadores no habrán de cancelar los salarios de los fiscales y jueces que no concurran a sus despachos de manera ordinaria, como  corresponde frente a este tipo de situaciones, y lo hemos conversado en el día de hoy.

No puede, pues,  afectarse de esta manera a los jueces y fiscales que quieren concurrir a su trabajo.

Y en tercer lugar, se ha dispuesto por solicitud de la Fiscalía y del Gobierno, un plan de habilitación de sedes que el Consejo Superior de la Judicatura va a poner en marcha –así lo van a considerar del día de mañana–, con el objeto de que, en nuevas instalaciones, pueda darse al servicio, progresivamente, la tarea de fiscales y jueces, de tal manera que esta abrupta posición de un sector minoritario de los servidores de la justicia, no continúe causando daño a los ciudadanos de la República.