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 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la clausura del Congreso Nacional de Minería

 Cartagena, 24 abr (SIG).

No voy a citar a Víctor Hugo pero voy a citar a Simón Bolívar… 1829, que la minería en Colombia –a pesar de ser una de las principales fuentes de riqueza pública– estaba abandonada a su suerte.

Y así fue durante mucho tiempo, y me alegra decir que –a pesar de dificultades de las que todos somos conscientes y que estamos listos a solucionar con ustedes– estamos corrigiendo ese error que el Libertador señaló hace casi dos siglos.

Porque estamos decididos a seguir haciendo de Colombia un país minero competitivo, sostenible, con instituciones cada vez más sólidas, más agiles con una política integral y una política diferencial.

El país –se lo he dicho muchas veces– los necesita: ustedes generan los recursos con los que estamos construyendo esa nueva Colombia en paz, con más equidad y mejor educada.

La gente a veces no es consciente de eso. Más de 45 billones de pesos en regalías recaudadas por el sector minero-energético entre solamente 2010 y 2014 son la demostración de la importancia que esta industria tiene para el país.

De recaudar apenas –y digo ‘apenas’ porque las cifras que tenemos hoy son impresionantes– 3 billones de pesos en regalías en el año 2004, pasamos a más de 8 billones y medio en el año 2014.

Y estos recursos están llegando a todas las regiones del país gracias esa reforma que hicimos, que creo que fue una de las reformas más importantes en los últimos tiempos –gracias señores Senadores y gracias representantes–, la reforma a las regalías. 

Con esa plata estamos financiando proyectos de inversión en infraestructura y en desarrollo que están permitiendo construir la nueva Colombia en paz, con más equidad y mejor educada que todos queremos.

Para no perder la magnitud de lo que significan estos recursos es bueno recordar que con los recursos totales que aportó el sector minero-energético en el año 2013 –que fueron más de 30 billones–, con esa plata nos alcanza para financiar toda la educación pública del país, o nos alcanza para financiar 11 años del programa Familias en Acción o más del 60 por ciento del costo total de las autopistas de Cuarta Generación –las llamadas 4G–.

El progreso del país en los últimos años ha estado íntimamente ligado a este sector.

Esos indicadores sociales que hemos logrado y que hoy son señalados por la comunidad internacional como un verdadero ejemplo. Les menciono el 12 por ciento que hemos bajado la pobreza. El desempleo, que ha venido bajando 55 meses seguidos.

Todos esos números y conociendo los bajos precios que en los últimos años les ha tocado enfrentar, sé del apoyo que hoy requiere el sector para poder mantener ese combustible y ajustarse y mantener la dinámica que el país necesita.

Por eso le he pedido al Ministro de Minas, al doctor Tomás González, a su equipo y a otros funcionarios del Gobierno   que impulsemos las medidas necesarias para volver a estimular o darle un estímulo a la industria. Y que lo haga trabajando de la mano de todos, que haga una especie de concertación.

Por eso estamos rediseñando la política minera: para darle respuesta, doctor Ángel, a muchos de los interrogantes que usted tiene.

¿A través de qué mecanismos lo estamos haciendo? Por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, que está en manos del Congreso de la República en este momento. Ese plan parte de la necesidad de darle un trato diferenciado a los distintos tipos de minería.

Así, las reglas son más claras para todos y los apoyos llegan de acuerdo a las necesidades de cada uno.

Y les doy algunos ejemplos… Queremos modificar el canon superficiario para que cada tipo de minería pague según su escala y pueda ser competitiva.

También proponemos una fiscalización diferenciada –y eso para facilitar el camino a la formalización, que es tan importante–, y establecemos áreas estratégicas de reserva para que puedan desarrollarse proyectos de todas las escalas de la manera correcta. 

Igualmente, es indispensable asegurar unas reglas de juego claras –yo soy muy consciente de esa necesidad–, claras y estables y unas instituciones fuertes.

El trabajo que hubo entre las autoridades mineras y ambientales  en la delimitación del páramo de Santurbán, creo es un muy buen ejemplo de cómo podemos trabajar juntos hacia los mimos objetivos.

Ese trabajo, además de dar certeza sobre las áreas en las que se puede –y las áreas en las que no se puede– desarrollar proyectos mineros, permitió hacer compatibles las dimensiones ambientales, las dimensiones sociales y las dimensiones económicas en la toma de las decisiones. Ese es el gran objetivo, hacer eso compatible.

En este mismo sentido van las propuestas que hemos incluido en el Plan Nacional de Desarrollo… Queremos que haya certeza sobre los criterios para tomar las decisiones de prórroga de contratos como la integración de títulos –que son condiciones que requieren muchos proyectos mineros para ser viables–.

Y a la par de esto, seguimos avanzando en fortalecer los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico –lo que hemos llamado los PINES–.

Hoy, los 15 proyectos mineros de mayor impacto en el país cuentan con un seguimiento especial y con un equipo dedicado a apoyar los trámites y remover las barreras que enfrentan.

Así hemos logrado agilizar trámites que tenían enormes retrasos, servir de puente con las autoridades locales para facilitar la compresión de los proyectos –eso es muy importante– y explicarles sus verdaderos impactos y armonizar el trabajo de las distintas instancias del Gobierno.

Soy el primero en reconocer que muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos trabas los unos a los otros para que las cosas no funcionen.

En el Plan de Desarrollo también vamos a fortalecer aún más este mecanismo dándole nuevas herramientas para que pueda ser más ágil, más eficiente y más efectivo.

Ahora bien: así como es firme nuestro propósito de apoyar la minería responsable, y aquí se me olvidó mencionar algo que es muy importante. Yo le he dado las instrucciones al Ministro de Minas y al Ministro de Hacienda para que se sienten a revisar la parte tributaria, que sé que ahí hay un área, un espacio donde podemos trabajar para que todos salgamos ganando.

Aquí, con una serie de medidas, podemos aumentar la producción, aumentar los ingresos pero bajar la carga tributaria. Algunos dicen que eso es imposible. No, eso es muy posible. Creo que nos podemos sentar –ya tienen instrucciones– para proponerles una serie de caminos en esa dirección.

Y así como vamos a seguir apoyando la medida formal, pues también nos toca enfrentar, con toda, con toda la decisión –y en eso creo que ustedes son nuestros mejores aliados– enfrentar la extracción ilícita de minerales.

Estamos hablando de 307 municipios –en departamentos como en el que estamos,  Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Nariño– con presencia de minas ilícitas.

Para que entiendan –yo creo que ustedes lo saben mejor que yo– la magnitud del problema les doy esta cifra: cerca de 59 toneladas de oro se producen anualmente en minas sin título…

¿Eso, cuánto vale, cuánto representa en plata?

¡Eso vale más de 7 billones de pesos!

Por eso quiero claro, que siempre hay que precisar, porque aquí hay muchos que quieren confundir lo uno con lo otro: NO estamos satanizando a los pequeños mineros que tienen la voluntad de formalizarse y de hacer minería bien hecha. A ellos los queremos ayudar.

Una cosa es la pequeña minería, minería de subsistencia, y otra muy distinta la extracción ilícita de minerales, lo que hemos llamado la minería criminal.

El que explota los recursos de forma ilícita, de forma inescrupulosa, no está haciendo minería; está cometiendo un crimen que nos afecta a todos los colombianos: no paga regalías, financia a grupos criminales, y algo igual o peor, acaba con el recurso más importante que tenemos los colombianos, nuestro medio ambiente.

Aunque todos los que están en esta sala hacen minería de manera formal, hay muchos en el país que no la hacen. 

Y para ellos mi mensaje es simple: tienen que entrar por una de las tres puertas.

La de la formalidad, que es para aquellos que quieren hacer la minería de forma responsable.

La de la reconversión, que es para los que no podrán seguir haciendo minería porque están en zonas excluidas ambientalmente o porque simplemente la actividad no es viable.

O la de la acción policiva y penal, que está reservada para los criminales.

En lo que tiene que ver con la primera puerta –que es la de la formalidad– tenemos una política que el año pasado capacitó a más de 5.500 mineros que quieren hacer las cosas bien. Y para ellos habrá todo el apoyo, todas las puertas abiertas.

Con esta política buscamos asegurar que puedan trabajar bajo el amparo de un título, de un instrumento ambiental y de un plan minero.

Y ya tenemos los primeros avances a través de los subcontratos de formalización.

Con ellos –previa autorización minera– se pueden suscribir subcontratos de formalización minera con el titular, para seguir adelantando la explotación, hacer una adecuada asignación de riesgos y facilitar la transferencia de tecnología entre grandes y pequeños.

Iniciamos con 8 subcontratos en Antioquia, de los cuales tengo entendido que 7 son en Buriticá, con la Continental Gold, y 1 en Remedios, si mi información no es incorrecta.

Esperamos que esos subcontratos sean un punto de partida que se complemente con las demás herramientas de formalización que incluimos en el Plan de Desarrollo, y que le muestre al país cómo se transita hacia ese espacio, ese camino de la formalización.

En esto contamos con ustedes… ¡La formalización sólo tendrá éxito si involucra en forma decidida a la gran y mediana minería formal! Creo que ahí todos ganamos.

En cuanto a la segunda puerta –la de la reconversión– estamos haciendo un trabajo coordinado entre las entidades del sector social para implementar estrategias que favorezcan a aquellas personas para quienes la minería no es –por diversas razones– una solución viable.

Eso sucede en muchas industrias, en muchos sectores, a través del tiempo.

Debemos ayudarles a que puedan dejar la minería y cambiar de actividad pero de manera ordenada, ayudarlos a esa transición.

Y a los de la tercera puerta, a los criminales –para quienes va la acción policiva y penal– vamos a caerles con todo el peso de la ley.

La estrategia que estamos desarrollando se basa en la identificación tanto de las vulnerabilidades que existen en toda la cadena de valor –de las que se aprovechan los criminales--, como de los vacíos jurídicos que impiden judicializar a los responsables.

Vamos a presentar, señores congresistas, un proyecto de ley que defina con claridad los delitos minero-ambientales y establezca penas no solo para el que explote, el que extraiga o el que explore, sino también para quien beneficie, almacene, transforme, transporte o comercialice minerales de procedencia criminal.

El proyecto de ley va a convertir la explotación ilícita de minerales y otros materiales en una conducta que también es fuente del delito de lavados de activos. Es muy importante.

Que les quede muy claro a quienes se dedican a esta actividad: ¡ya no podrán esconderse en los vacíos del Código Penal!

Vamos también a fortalecer la facultad de la Policía Judicial para destruir o inmovilizar maquinaria, equipos e insumos que se utilizan en estas actividades ilícitas ya que ha sido una herramienta muy valiosa en la lucha contra este flagelo.

Ayer tuvimos reunidos en el Consejo Nacional de Seguridad –ahí tienen asiento las Cortes, el Consejo Superior de la Judicatura, los Altos Mandos Militares y Policiales, la Fiscalía, la Procuraduría; el Estado– y tomamos dos decisiones importantes:

Una fue simplemente ampliar unas áreas donde no se podía iniciar la restitución de tierras– eso no tiene nada que ver con ustedes–, pero la segunda decisión que tomamos fue, aprobar una política integral de lucha contra el crimen organizado.

Eso tiene una gran importancia, porque por falta de coordinación dentro de las entidades del Estado, muchas veces esa lucha contra el crimen organizado, que como su nombre lo indica, sí están organizados, pues la acción del Estado se ve impedida o por lo menos vulnerada.

Entonces ayer nos presentaron una acción integral que tiene que ver con toda la cadena que utilizan los criminales organizados. Y uno de los aspectos que más nos preocupa y sobre el cual vamos a actuar con mayor contundencia, es precisamente la minería criminal.

Porque esta esa minería criminal, como lo mencionábamos, causando unos daños iguales o peores a los del propio narcotráfico.

Y por eso, tenemos que actuar con mucha contundencia. Eso no es solamente un problema de Colombia. Ecuador está teniendo un problema parecido, Perú también, muchos países; Brasil lo mismo.

De hecho, en lo que va del año hemos intervenido 510 minas, hemos realizado 831 capturas, hemos destruido, creo que 50 retroexcavadoras, 24 dragas.

En este momento se está haciendo una operación en el Valle del Cauca, masiva. Ahí me mandó el general (Rodolfo) Palomino las imágenes. 

Estos resultados son muy positivos, pero son totalmente insuficientes frente a la magnitud del problema… ¡Estoy seguro de que con este plan vamos a mejorar muchísimo más la efectividad del Estado en contra de esta minería criminal!

Otro de los aspectos que ayer analizamos detenidamente fue la parte puramente judicial. No hay los jueces especializados en contra del crimen organizado. Vamos a especializar los jueces y unos especializados en contra de la minería criminal. Uno tiene que conocer el delito para poderlo juzgar. Y vamos a hacer un gran esfuerzo ahí.

El plan contempla también una regulación más fuerte... Este año, por ejemplo, vamos a reglamentar la ley del mercurio y a fortalecer nuestros sistemas de información para poder tener trazabilidad de minerales.

Y vamos a ser mucho más estrictos en la etapa de comercialización de materiales preciosos, asegurando que la custodia de estos materiales esté a cargo del Banco de la República, y fortaleciendo también la regulación para las comercializadoras y plantas de beneficio.

Son esas tres puertas y tres caminos que nos van a permitir darle un poco más orden a la minería: el de la formalidad, el de la reconversión y el de las sanciones drásticas.

Colombia necesita, reitero y quiero repetírselo a ustedes, un sector minero fuerte, organizado, competitivo, sobre todo ahora que avanzamos decididamente en esa ruta hacia la paz y hacia la reconciliación.

Ponerle fin al conflicto armado va a traer enormes beneficios para la minería, que es además una de las actividades mejor posicionadas para apoyar el posconflicto, como ustedes lo han mencionado: generan empleo, generan los recursos de inversión en aquellas zonas que más lo necesitan, que más han sido golpeadas por el conflicto.

El mundo tiene que saber –por ejemplo– lo importante que es el carbón para Colombia, y cómo apoyando el carbón, el carbón colombiano, apoyan la paz y apoyan el desarrollo de nuestro país.

Por eso le he pedido a una comisión del más alto nivel del Gobierno que lleve a nuestros principales mercados ese mensaje y se asegure que entiendan la importancia que tiene para nosotros.

Y yo sé, yo sé que el mejor insumo, que el mejor apoyo, el mejor estímulo que puede tener la minería en nuestro país, es una palabra de solo tres letras que es: PAZ.

Por eso quiero terminar, contándoles, muy brevemente, en qué va el proceso porque alguno de ustedes me han sugerido que quieren saber, que los actualice en qué va este proceso, porque estamos convencidos que es el camino necesario para Colombia.

Yo vengo de una reunión de abrir un seminario que tiene aquí en el Centro de Convenciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pues, en lo que estamos en este momento tiene mucho que ver con esa Corte, y voy a resumírselo muy brevemente.

Como ustedes saben nosotros iniciamos el proceso en una etapa secreta, en donde planeamos muy bien esa hoja de ruta, exactamente qué íbamos a negociar, como puntos a discutirse, que si hay acuerdos sobre esos puntos se termina el conflicto.

Es la etapa secreta, que se desarrolló durante muchos meses, más de un año. Y llegamos a esa etapa secreta, la terminamos e identificamos los cinco puntos en torno a los cuales, si nos ponemos de acuerdo, se termina el conflicto.

Iniciamos la etapa pública y fuimos anunciando los acuerdos sobre tres de esos cinco puntos.

Se los recuerdo a ustedes:

El tema del Desarrollo Rural. Ahí se publicaron los textos, cosa que lo hicimos porque había mucha desinformación sobre lo que realmente se había acordado, porque habíamos adoptado que nada estaba acordado hasta que todo esté acordado y por eso se había establecido que no se publicaran los textos hasta que tuviéramos todos los textos.

Pero a raíz de tanta desinformación decidimos publicar los textos.

Entonces ahí está publicado el texto sobre los acuerdos en torno al Desarrollo Rural.

Y si ustedes leen con detenimiento esos textos, se dan cuenta que no es nada diferente a una política ambiciosa, agresiva, para darle al campo colombiano más desarrollo, más bienes públicos, más oportunidades a nuestros campesinos para que puedan explotar la tierra.

Colombia tiene un potencial enorme, enorme, en este frente, porque somos uno de los pocos países del mundo que tiene las posibilidades de aumentar la producción de alimentos, en un mundo que cada vez está demandando más alimentos.

Somos uno de los 7 u 8 países que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) tiene un verdadero potencial.

Estuve hace unos días en un experimento que se llama La Fazenda, allá en Puerto Gaitán, en el Meta, y ve uno que ya tienen productividad en soya, en maíz, en diferentes productos, a la altura de cualquier país eficiente y desarrollado.

O sea que tenemos ese potencial para aumentar la productividad de nuestra tierra.

Estuve hace dos días en Nariño en un plan piloto. Los neozelandeses, que son los más eficientes productores de leche del mundo entero, ahí están hace dos años en un plan que el Primer Ministro de Nueva Zelanda me ofreció y ya está produciendo una leche con una eficiencia parecida a la que se produce en Nueva Zelanda.

Eso, digamos que se puede extender en todo el país. Pues imagínese lo que eso significa.

Entonces en ese primer punto lo único que hay es cosas que haríamos con o sin las Farc, porque el campo colombiano está todavía por desarrollarse.

Ahí no vamos a expropiar a nadie, no estamos pensando en quitarle la tierra a nadie que la esté explotando lícitamente.

Hay simplemente es un plan de desarrollo del sector agropecuario ambicioso, audaz e incluyente, donde los campesinos van a tener una participación muy importante.

El segundo punto. Lo que se llama la participación política. Si uno ve lo que se acordó, eso no es nada diferente a lo que cualquier democracia tiene que hacer, en la medida en que las circunstancias van cambiando y las democracias son simplemente un conjunto de instituciones, y las instituciones las instituciones, para mantenerse vigentes, relevantes, tienen que acoplarse a las nuevas realidades.

Hoy hay redes sociales o hay sectores de la población que nunca han tenido representación que quieren tener representación, un fortalecimiento de nuestra democracia. Y eso fue lo que se pactó.

Que algunos dicen que les hemos dado algunas condiciones especiales a las Farc.

No. Lo que acordamos ahí es que en algunas zonas del país que no han tenido tradicionalmente representatividad en el Congreso, se puedan tener unas circunscripciones especiales durante un tiempo determinado y que las poblaciones de esas zonas elijan a los representantes a la Cámara.

Eso no quiere decir que van a ser de las Farc.

Todo lo contrario, puede suceder, como ha sucedido a través de la historia, personas que han sido oprimidas por la violencia, que han sido subyugadas por los fusiles, cuando vean  que hay libertad, voten es precisamente en contra de quienes los han venido subyugando con esos fusiles.

Entonces ahí no hay nada, digamos, de concesión demasiado generosa.

Inclusive, si fuese el caso de darles unas curules directamente para lograr la paz, pues de eso se trata el proceso de paz, que dejen las armas y continúen haciendo política sin violencia.

De manera que ahí lo que hay es un fortalecimiento de nuestra democracia.

El tercer punto, el punto del narcotráfico, que es uno de los más importantes.

Ustedes han vivido el flagelo del narcotráfico, porque eso nos ha afectado a todos los colombianos, al mundo entero, al Canadá, a Estados Unidos. Todos hemos sido víctimas de ese flagelo.

Colombia ha sido el país que más ha exportado cocaína en los últimos 30, 40 años. Esa ha sido la fuente, el combustible de toda la violencia que hemos tenido.

A las Farc se le señala como el primer cartel del mundo. El primer cartel del mundo, les han dicho.

Ellos dicen que ellos no son narcotraficantes, esa discusión pues es eterna. Ellos lo que dicen es que lo que hacen es beneficiarse del narcotráfico. Que así como los capitalistas ponemos impuestos a las compañías mineras, ellos ponen impuestos a los narcotraficantes. Ese es su argumento.

Lo importante aquí es que acordaron –esto es crucial.–, se comprometen a abandonar cualquier vínculo con ese narcotráfico, que ellos reconocen que sí lo han tenido, y en cierta forma se cambian de bando y ayudan al Estado a combatir el narcotráfico. Y en lugar de estar en las montañas, con francotiradores matando nuestros soldados y policías que van a erradicar los cultivos ilícitos, nos van a ayudar a la sustitución de cultivos ilícitos.

En lugar de estar protegiendo los corredores de exportación de narcotráfico, nos van a ayudar a desmantelar los corredores y los laboratorios.

Eso es un cambio de fondo, muy importante para Colombia y para el mundo entero.

Eso ya está acordado. Ahí están los textos.

Estamos en el tema de la justicia transicional. Por eso les decía que tiene mucho que ver –doctor Juan Carlos Henao, usted conoce ese tema mejor que nadie–, la guerrilla, las Farc dice ‘nosotros no vamos a ser la primera guerrilla en entregar las armas e irnos para una cárcel. Queremos amnistía, como le han dado amnistía a los demás grupos guerrilleros aquí y en el mundo entero’.

Nosotros les decimos infortunadamente eso no se puede, porque estamos en mundo diferente.

El mundo de hoy no permite ese tipo de amnistías, de perdón y olvido. El mundo de hoy exige una justicia que se llama la justicia transicional.

Que se llama transicional porque precisamente permite mucha flexibilidad en cómo se puede aplicar esa justicia.

Pero no hay lugar a amnistías y a perdón y olvido, porque entonces las cortes internacionales y nuestra propia Constitución nos va a decir que eso no se puede y el día de mañana todos van a quedar vulnerables a esa cortes.

Y estamos en esa discusión. Estamos convenciendo, estamos tratando de persuadir a las Farc de que tienen que pasar por ese cedazo de la justicia transicional, para que pueda haber paz.

Y es el tema. ¿Y por qué? Porque los derechos de las victimas tiene que estar en el centro de la solución de este conflicto.

Parte de lo diferente de este proceso tiene que ver, por ejemplo, con que hemos involucrado a los militares desde el principio. En ningún otro proceso aquí en Colombia se había hecho eso.

Parte de la diferencia tiene que ver con que si le damos beneficios a un lado, haremos lo mismo con los otros, con los agentes del Estado.

Y parte de las diferencia es que las victimas por primera vez están en el centro de la solución del conflicto. Sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación.

La justicia transicional obliga a eso pero también abre muchos caminos que permiten una reducción de penas, unas penas alternativas si cumplen con algunos requisitos, por ejemplo en materia de decir la verdad o en materia de reparación o en materia de garantías de no repetición.

Este es el tema que estamos en este momento discutiendo.

Y simultáneamente se está discutiendo en este preciso momento el tema número 5, que es el fin del conflicto, lo que llaman el DDR. El desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil.

¿Quién está adelantando esa discusión?   La está adelantando un grupo de generales y almirantes, que son los que conocen estos temas, los que han combatido a la guerrilla, los que saben dónde están concentrados, dónde se pueden concentrar; los que conocen sus triquiñuelas.

Para que podamos armar un paquete de desarme, porque no hay la menor posibilidad – algunos dicen que ‘no, es que la guerrilla no va a entregar las armas’.

¡Claro que tiene que entregarlas¡ No hay la menor posibilidad, de eso se trata todo este proceso. Que dejen las armas y sigan sin armas.

¿Entonces cómo se van a desarmar? ¿Con que garantías? Todo esto se está discutiendo en este momento.

Y cuando tengamos todo eso listo, los dos puntos, llegamos a los cinco puntos y se termina el conflicto. 

¿Que ha sido difícil? Por supuesto.

¿Qué seguirá siendo difícil? Por supuesto. Entre otras cosas, porque una de las condiciones que yo puse desde el principio, es que no iba a ver cese al fuego sino hasta el final.

Íbamos a hablar en medio del conflicto. Yo era consciente –creo que con el doctor Henao hablamos sobre eso muchas veces–, yo era consciente de la dificultad que eso conllevaba. La gente no entendía cómo continuaba la guerra pero hablábamos de paz. Como hablábamos de paz y continuaba la guerra y todavía hay mucha confusión.

Para muestra un botón, lo que sucedió la semana pasada.

Pero eso fue una decisión consciente, deliberada que a la larga era para proteger y es para proteger a los colombianos.

Porque un cese al fuego en este momento, deja a los colombianos, expuestos a que si esto fracasa entonces le habremos dado una gran ventaja militar a la guerrilla, como se le dio en ocasiones anteriores.

Por eso la decisión de no aceptar cese al fuego unilateral, aunque ese es el final, ese es el objetivo que nosotros estamos buscando.

Y ya estamos hablando, ya estamos negociando, cómo sería el cese al fuego bilateral.

Pero ahí inexorablemente llegaremos a esos temas: dónde se concentran, quién garantiza su seguridad, cómo es que van a desarmarse.

Todo eso tiene una negociación y un proceso. Y en eso estamos en este momento.

Y ese es el estado de estas negociaciones.

Ahí, en la medida en que uno va llegando al final, las cosas se calientan más, se vuelven más difíciles, la gente se vuelve más impaciente, la desinformación surge con mayor ímpetu.

Pero ahí yo aplico algo me enseñaron aquí en Cartagena, aquí en la Escuela Naval. Me enseñaron muchas cosas en la Escuela Naval. Entre esas cosas me enseñaron a navegar.

Y a uno le enseñan a navegar, cuando está del otro lado de la bahía y , entonces dicen: ahí está el Hotel Hilton; usted quiere ir a almorzar al Hotel Hilton y una ballenera navega y usted tiene que tener ese punto fijo, ese puerto de destino y usted usa los vientos para llegar allá.

Y si los vientos son muy fuertes, no importa; úselos. Allá llegará, usted tiene claro a dónde quiere llegar.

Lo mismo estoy aplicando con este proceso. Yo sé exactamente a donde quiero llegar, sé exactamente cuáles son nuestras líneas rojas, qué puedo aceptar y qué no puedo aceptar, para que este país pueda vivir en paz por el resto de las generaciones.

Si logramos esas condiciones, pues tendremos la paz. Si no ¿cuál es la alternativa? Pues continuar en guerra 20, 30 años más.

Ustedes, muchos, saben los costos de esa guerra. Yo creo que hay insistir para llegar a ese punto de destino.

Muchas gracias.