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 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria “Justicia Transicional, Paz y Posconflicto”

 Cartagena, 13 ago (SIG).

Muchas gracias, doctor José Leonidas Bustos, y apreciados magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por realizar este encuentro de la Jurisdicción Ordinaria sobre temas tan esenciales para el futuro del país como son la Justicia Transicional, la Paz y el Posconflicto.

Qué mejor escenario que éste –el de la Justicia– para ambientar este debate, que es complejo, que es necesario y que tenemos que sacar adelante por el bien de todos los colombianos; de las actuales y las futuras generaciones.

¡Quién puede negar que la paz sea el bien supremo de una sociedad!

Sin paz todos los esfuerzos se disuelven, el camino del desarrollo y del progreso social se hace cuesta arriba, y es como si el país entero nadara con un yunque atado a la garganta.

Colombia ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero todos sabemos que queda mucho por hacer y que podremos hacer muchísimo más si no tenemos el lastre del conflicto interno armado, ese conflicto que nos convierte en el “país diferente” en un hemisferio que –salvo nosotros– vive en paz.

Por eso valoro que los magistrados y jueces de Colombia hagan su aporte en este tema.

La Rama Judicial ha enfrentado las más graves crisis con enorme valentía, y siempre ha puesto –en los momentos de mayor dificultad– el interés de Colombia por encima de cualquier otra consideración.

La Justicia se la jugó para frenar los grandes carteles de la droga, y evitó que el fantasma de la narco-democracia se convirtiese en realidad.

Los jueces vencieron los propósitos oscuros de la parapolítica y hoy siguen luchando para evitar la presencia de la mafia en el escenario electoral.

Ha sido la Rama Judicial la que ha frenado a los grupos armados ilegales, y lo ha hecho con el rigor de la ley y sin desviarse por razón de ideologías o intereses.

Por eso, cuando escucho la exigencia de que en el proceso de paz no haya impunidad –algo con lo que estamos absolutamente de acuerdo–, me parece que se olvida que ya la Justicia se ha pronunciado en innumerables casos, que las investigaciones siguen, que la Fiscalía General está cumpliendo con su deber, y que nuestros jueces dictan y siguen dictando sentencias trascendentales.

Y mucho menos –en esto debo ser enfático, y lo digo con toda convicción ante la Corte Suprema y los jueces de la república–… mucho menos se puede acusar a la Justicia de servir de instrumento para una pretendida persecución política a algún sector de la oposición.

Eso le hace un tremendo daño a nuestra institucionalidad.

¡No es correcto andar por el mundo propagando semejante infundio!

Hacerlo es poner en cuestionamiento, no solo al Gobierno, sino a ustedes –a los jueces y fiscales–, y a su independencia.

Aquí no obramos de esa manera turbia. Los jueces y el Ejecutivo NO nos aliamos para perseguir a nadie, ¡y así debe quedar claro ante Colombia y el mundo!

Nuestra Justicia no tiembla para castigar a los culpables, pero al mismo tiempo es una Justicia que entiende la necesidad de alcanzar aquel bien supremo de la paz.

En pronunciamientos recientes y pasados, en sentencias memorables, la Corte Suprema de Justicia ha planteado –con sabiduría– que el derecho es un instrumento para fortalecer la democracia y para construir la paz.

La tradición jurídica del país –de más de un siglo– ha hecho que nuestra Justicia sea respetada en todo el mundo.

Pero cuando hablamos de tradición, esto no significa que nuestra Justicia esté anclada en el pasado, anquilosada en conceptos rígidos, ajena al devenir de los tiempos y de la sociedad.

Si algo caracteriza a nuestras Cortes –y hablo de las tres: de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional– es su capacidad de adaptación, su creatividad, su originalidad, para tratar los diversos retos que la realidad plantea al ordenamiento jurídico.

Y lo hacen con un norte claro: la defensa de los derechos de los colombianos dentro de un marco de legalidad.

No es una creatividad dispersa o alocada. No. Todo lo contrario. Es una creatividad juiciosa, sustentada, sensata, inteligente, que ha producido fallos históricos y cambios tangibles en la vida de los colombianos.

Esa creatividad es la que necesitamos ahora –más que nunca– para allanar el difícil terreno de la Justicia Transicional, de cuya resolución depende –con toda certeza– el futuro del proceso de paz.

Los jueces entienden que es necesario trazar una línea para aplicar el mayor rigor de la justicia sin destruir los anhelos de paz del pueblo colombiano.

He dicho siempre y lo repito ahora: el Gobierno, el Estado, yo mismo como Jefe del Estado, tenemos que tener como principio rector del proceso de paz la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas: a la reparación, a la verdad, a la justicia y a la no repetición.

Pero no sólo de las víctimas que ya han sufrido… Nuestro deber es pensar en las víctimas futuras: ahorrar dolor y evitar que el conflicto armado se prolongue.

Lo que hace la justicia transicional es buscar una combinación de esos cuatro derechos a los que me acabo de referir.

Hay víctimas a quienes lo que importa es la verdad: que les digan dónde está enterrado su hijo o su hija, por qué mataron a sus padres, qué pasó con sus seres queridos.

Muchísimas víctimas me han dicho: “A mí con tal de que me digan la verdad, quedo satisfecho”.

Otras quieren reparación, otras que les pidan perdón, otras demandan justicia, y todas –por supuesto– esperan que se les garantice la no repetición.

Lo que tenemos que determinar es cuánto de estos derechos se pueden satisfacer. Cuánto de cada uno, depende de cada situación.

Para eso necesitamos la Justicia Transicional, esa fórmula única –porque es única para cada país y para cada conflicto– para obtener el máximo de justicia que nos permita la paz.

La Justicia Transicional será el mecanismo que nos ayudará a dar el paso del conflicto hacia una sociedad que convive en armonía.

Si miramos el proceso de paz –ustedes lo saben–, no cabe duda de que hemos avanzado más que en ningún otro intento realizado con las FARC.

Comenzamos hablando en medio del conflicto. Así tenía que ser, así lo planteamos desde el Gobierno, porque discutir un cese al fuego bilateral al inicio de las negociaciones hubiera sido un incentivo perverso para prolongarlas indefinidamente.

No cedimos ni un centímetro del territorio, ni desprotegimos en ningún momento a los colombianos.

Así las cosas, se han visto los resultados.

Tenemos acuerdos en tres de los cinco puntos temáticos de la agenda: desarrollo rural, participación política y el problema de las drogas ilícitas.

Se logró a un acuerdo para crear una Comisión de la Verdad al finalizar el conflicto, y estamos muy cerca de lograr un consenso sobre el tema de la reparación de las víctimas.

¿Qué nos falta, entonces? ¿Cuál es el escollo más grande que tenemos que salvar para avanzar hacia el acuerdo final? La justicia.

¿Cómo garantizar a las víctimas su derecho a la justicia y hacer posible al mismo tiempo la paz?

Aquí es donde necesitamos su aporte, y donde estamos debatiendo –con el apoyo de juristas del más alto nivel– la fórmula que nos permita continuar.

Si ese obstáculo lo superamos –lo digo así de claro–, habremos avanzado lo suficiente para pensar en la posibilidad de un cese al fuego bilateral y definitivo.

¿Y por qué? Porque ya estaremos prácticamente al otro lado, y nadie justifica seguir una guerra cuando la paz está al alcance de la mano.

Por supuesto, un cese al fuego bilateral exige una serie de procedimientos, verificaciones, concentraciones, que hay que estudiar y pactar con mucho cuidado, para lo que ya se aceptó –y esto es muy importante– el acompañamiento internacional de la ONU y del Uruguay.

Justamente, hace apenas una hora, Naciones Unidas anunció en Nueva York el nombre del delegado del Secretario General que acompañará el proceso en esta labor.

Será el académico francés Jean Arnault, un experto en mediación internacional y conflictos internos, que fue observador y mediador del proceso de paz en Guatemala, y ha sido representante del Secretario General y participado en misiones de asistencia en países como Afganistán, Georgia y Pakistán.

El profesor Arnault está listo para participar en la nueva ronda de negociaciones que comenzará en La Habana la próxima semana.

Así que –con buena asesoría y buen acompañamiento– seguimos avanzando, y seguimos acelerando para dar resultados concretos al país.

Por eso me alegra y me da tranquilidad saber que la Rama Judicial es consciente del momento histórico que vivimos, que afronta su responsabilidad, y que acompañará a los colombianos en el propósito de paz.

Apreciados magistrados y jueces:

No puedo concluir esta intervención sin hacer una breve mención a nuestro compromiso con el buen funcionamiento y el mejoramiento de la Justicia, que es un compromiso mutuo: de ustedes y nosotros.

Una buena justicia, una justicia pronta y oportuna para los ciudadanos, exige dos requisitos: recursos y gerencia, y a eso le apuntamos.

En nuestro gobierno el presupuesto de la Rama Judicial se ha incrementado en un 57 por ciento, con recursos para la descongestión, para la infraestructura física y tecnológica, y para la nivelación salarial.

Los recursos que se han asignado para el plan de descongestión nacional superan los 3 billones de pesos.

Y gracias a la Ley de Alternativas de Financiamiento que promovimos, solo este año se recogerán 650 mil millones de pesos adicionales para la Rama.

Pero de poco sirven los recursos sin una adecuada gerencia.

Por eso, con el Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes, se creó un nuevo sistema de gobierno y administración judicial que estará a cargo de ustedes –magistrados, jueces y empleados de la rama judicial–, que conforman el Consejo de Gobierno Judicial, y se ejecutará a través de una Gerencia de la Rama Judicial.

El Gerente deberá ser un profesional de las mayores calidades y la mejor experiencia, y debo decir que está en sus manos, en las de los miembros de la Rama, nombrar a la persona más idónea para que les garantice a ustedes –y sobre todo a los ciudadanos– la mayor eficacia y eficiencia en la administración de justicia.

Les doy un ejemplo: el Plan de Justicia Digital depende de la Rama, y hay que reconocer que no ha avanzado a buen ritmo, a pesar del apoyo y las propuestas del Ministerio de Justicia y del Ministerio de las TIC.

Hace un año les puse el reto de que para estas fechas ya tuviéramos funcionando el expediente judicial electrónico, y no se ha logrado.

Yo espero que –con el nuevo sistema de administración y gobierno de la Rama– avancemos como debe ser, para que los colombianos tengan la mejor justicia posible, usando las tecnologías del siglo XXI.

Y así como necesitamos el mejor Gerente, necesitamos también los mejores magistrados.

En las próximas semanas se producirán varias vacantes en las Altas Cortes que deben suplirse con absoluta transparencia y buscando siempre la excelencia en los candidatos.

Porque las instituciones no son buenas o malas por ellas mismas, sino por las personas que las integran.

De mi parte, estoy predicando con el ejemplo.

Expedí un decreto acogiendo una propuesta de la sociedad civil para que la terna de candidatos –que me corresponde designar como Presidente para llenar vacantes de magistrado de la Corte Constitucional– se conforme mediante un procedimiento abierto, con convocatoria pública y de frente al país.

De alguna forma estoy limitando mi discrecionalidad en aras de la transparencia, y eso está bien. De eso se trata.

Ya está en marcha la primera convocatoria pública para la primera vacante sobre la que debo enviar terna, y espero que este procedimiento sirva –ojalá– de modelo para otras designaciones.

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Volviendo a la reforma constitucional de equilibrio de poderes, le corresponde al Gobierno presentar, antes del primero de octubre, un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los nuevos órganos de gobierno y administración judicial.

Este proyecto ya está siendo consultado con las bases de la Rama Judicial, y próximamente lo será con las Altas Cortes que –por supuesto– deben ser los principales actores de esta reforma.

La ley estatutaria es la oportunidad de organizar una justicia independiente y eficaz al servicio del ciudadano, y debemos aprovechar esa oportunidad de la mejor manera.

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Finalmente, no puedo dejar de mencionar el proyecto de Ley de Justicia Rápida para los Delitos Menores que radicó el Ministro de Justicia en el Congreso el martes pasado.

Si algo resienten los ciudadanos es que los delincuentes callejeros –los raponeros, los ladrones de celulares, los atracadores– sean capturados para luego soltarlos a la calle, por causas de procedimiento.

Por eso presentamos este proyecto que establece un procedimiento abreviado para estos delitos menores y además regula la figura del acusador privado.

¿Qué significa esta figura? Que las víctimas, a través de su abogado, van a poder acusar directamente a sus victimarios, cuando la Fiscalía lo autorice, evitando que los procesos prescriban por inactividad o desinterés.

De esta manera –con la justicia– construimos una mayor seguridad.

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Muchas gracias, de nuevo –apreciados magistrados y jueces de la Jurisdicción Ordinaria–, por dedicar este encuentro a pensar en la paz, a buscar fórmulas para la justicia transicional, y a imaginar el posconflicto.

En todos estos aspectos ustedes tienen mucho que aportar, mucho que proponer, haciendo honor a esa justicia llena de tradición pero también llena de creatividad que nos caracteriza.

La justicia colombiana ha sido valiente y audaz, y tiene ahora otra ocasión para demostrarlo.

Muchas gracias y muchos éxitos en sus deliberaciones.