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 Tasa de éxito procesal subió al 50 por ciento, destaca Agencia Jurídica del Estado

 Cartagena, 13 ago (SIG).

En el último año, el Estado colombiano se ahorró el pago de $ 3,2 billones gracias al empleo de mecanismos como la mediación en conflictos entre entidades públicas, la recuperación de recursos embargados, procesos arbitrales favorables al Estado y exitosos procesos de conciliación, entre otros.

Así lo informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que destacó a su vez el caso de las captadoras ilegales de dinero, con el que la Nación dejó de pagar $ 17 billones.

En su balance de logros, la entidad también reportó que como resultado de la coordinación con las unidades de defensa de diferentes sectores, a diciembre del 2014 descendieron considerablemente los pagos por sentencias contra el Estado con relación al 2010. Se calcula un ahorro de $ 230.000 millones y el aumento de la tasa de éxito procesal de un 27 a un 50 por ciento; en sectores como el de infraestructura la tasa de éxito procesal alcanzó un 74 por ciento.

La Agencia de Defensa del Estado también elaboró un diagnóstico a partir de la labor de 3.500 abogados dedicados al litigio con el Estado, y con estos resultados diseñó un Modelo Óptimo de Gestión para mejorar la defensa jurídica, el cual ya se implementó en 20 entidades con alta litigiosidad; allí se concentra el 75% del total de los procesos judiciales.

Este modelo busca estandarizar las buenas prácticas y la aplicación de soluciones administrativas dirigidas a optimizar la gestión de la defensa. Además, impulsó una política de prevención de daños recurrentes que le ha permitido a 123 entidades emitir las resoluciones que contienen la política de prevención y se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Agencia.

De otra parte, la ANDJE lanzó este año un novedoso Sistema de Información Litigiosa del Estado denominado e-KOGUI al cual están accediendo 2.504 abogados del Estado y 65 Jefes de Control Interno. Este sistema ofrece nuevas funcionalidades a través de dos novedosos aplicativos dirigidos a facilitar el trámite de pago de sentencias y el cálculo de costo-beneficio a efectos de identificar la viabilidad fiscal de conciliar. 

Casos de éxito

• Para el caso de las captadoras ilegales las pretensiones iniciales en demandas contra el Estado llegaron a ser de $ 43 billones. Sin embargo, a través de la coordinación de la Agencia con las entidades implicadas, entre ellas la Superfinanciera, se logró un ahorro de cerca de $17 billones.

• Se obtuvo fallo favorable en uno de los 25 procesos más cuantiosos en contra de la Nación por $346.000 millones, donde se coadyuvó al desistimiento de una demanda presentada contra el Ministerio de Defensa por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), debido a la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico PORCE IV.

• En el último año, se se han ganado varios procesos que se encuentran en la lista de los de más impacto para el Estado. Uno se refiere a la supuesta responsabilidad del Estado por un aparente no pago de reaforos a municipios, pero a través de los argumentos esgrimidos por la Agencia se logró demostrar el pago de dichas obligaciones y se ganó el pleito por más de $ 403.000 millones. La intervención de la Agencia también logró que se levantara un embargo decretado a recursos de Indumil, con lo cual se generó un ahorro efectivo de cerca de $284.000 millones.

• De igual forma se obtuvo fallo a favor de la Nación en una demanda que se presentó contra el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y Rama Judicial por una retención de naves; el Consejo de Estado denegó las pretensiones de la demanda que ascendían a $29.096 millones.

• En el sonado caso entre ETB y Comcel, un Tribunal de Arbitramento falló a favor del Estado evitándole el pago de más de $40.000 millones que reclamaba Comcel. Esta decisión se sumó a los $45.000 millones que ETB ya se había ahorrado con una contraparte anterior, en donde también se le dio la razón a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Así las cosas, el Distrito, en un trabajo mancomunado entre la defensa de la empresa y la Agencia, evitó el pago de más de $85.000 millones en pretensiones.

• La labor conjunta de los equipos de defensa judicial de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, y la ANDJE llevó a que se dieran decisiones favorables en el proceso en el que se pretende la nulidad de los decretos que aprobaron el plan de enajenación de ISAGEN (negativa de pruebas solicitadas de manera extemporánea por los demandantes y modulación de la medida cautelar de suspensión de los efectos del decreto demandado, lo que implica que la orden de suspensión cobija los plazos otorgados al Gobierno para realizar la venta una vez se profiera fallo). El proceso está en traslado de alegatos finales.

Información del Ministerio de Justicia y del Derecho