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 Declaración Jefe de la Delegación del Gobierno de Colombia

 18 de agosto de 2015

Humberto de la Calle  

Sobre las discusiones recientes en relación con los posibles mecanismos de implementación y refrendación de un Acuerdo de Fin del Conflicto al que se logre llegar en La Habana, es necesario aclarar lo siguiente:

Hay que diferenciar entre dos temas involucrados: en primer lugar, la aplicación o creación de mecanismos que permitan a la ciudadanía expresar su apoyo o rechazo a los acuerdos a los que podríamos llegar en La Habana y, en segundo término, la adopción de herramientas que permitan, a la vez, implementar de manera eficaz la adopción formal –en el marco de la Constitución– de las reformas que se lleguen a pactar, y la garantía a quienes dejen las armas de que estos acuerdos van a convertirse en realidad, respetando lo convenido. 

En este orden de ideas, el llamado “Congresito” es apenas una de las opciones dentro de los varios mecanismos de implementación posibles. Cuando el Presidente de la República se refirió a él –como el mismo mandatario lo ha señalado– no se refería ni a la revocatoria del Congreso, ni a la derogación arbitraria de los procedimientos constitucionales vigentes. 

Dentro de las múltiples posibilidades para la adopción por las vías constitucionales de mecanismos innovadores que logren eficacia en las decisiones que se tomen como producto de los acuerdos de La Habana y el cumplimiento a la palabra empeñada, no es exótico ni arbitrario que el mismo Congreso –utilizando los mecanismos vigentes– contribuya a la creación de métodos nuevos y expeditos para convertir en normas vinculantes las decisiones que se convengan.

Un Acuerdo de Fin de Conflicto es una enorme posibilidad de impulsar cambios positivos para Colombia. Es precisamente lo que ya se ha pactado en la reforma rural, la apertura política, el narcotráfico y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición. Esos cambios implican reformas de diversa índole. Habrá necesidad de expedir normas nuevas y reformar otras. Hemos prometido, y hemos cumplido, que los cambios corresponden a los lineamientos de un Estado de derecho y que no violan los elementos esenciales de la democracia. Pero lo que sí resulta incomprensible es que algunos digan que si hay que reformar la Constitución, entonces la estamos violando. Repito: reformar la Constitución no es violarla. Lo acordado debe ser convertido en realidad y si se necesitan reformas constitucionales para ello, pues hay que hacerlas.

Por otro lado, en cuanto a la Refrendación, hay en la Constitución actual diversos procedimientos que podrían utilizarse para permitir la expresión ciudadana sobre lo acordado: el Plebiscito, la Consulta Popular, el Referendo. Las FARC han agregado a ese elenco, una Asamblea Constituyente. Además, no puede descartarse que los colombianos pongamos en práctica mecanismos nuevos.

El Presidente ha ofrecido que los acuerdos logrados en La Habana se someterán a algún tipo de refrendación por parte del pueblo colombiano y así será, como lo ha reiterado el primer mandatario en múltiples ocasiones.

¿Cómo? Eso es precisamente lo que desde el gobierno estamos estudiando y lo que aún falta por acordar en la Mesa de Conversaciones. Es plenamente legítimo, y además es un ejercicio que contribuye a la transparencia democrática, que el Presidente le cuente a los colombianos que estamos examinando distintas posibilidades. 

Un gobierno responsable debe examinar distintas vías, en un obvio ejercicio de reflexión y planificación. Lo que sería realmente reprochable es que el gobierno no estuviera pensando en estos temas.

Reiteramos que estas u otras herramientas probables deben ser discutidas con las FARC. En el Acuerdo General de La Habana se convino un mecanismo de refrendación. Dentro de este concepto podrían caber procedimientos democráticos ya existentes -como los enunciados- u otros nuevos, dentro del propósito de abrir las puertas a formas inéditas de expresión de la voluntad política de los colombianos.

En este momento en la Mesa, estamos ocupados en los puntos relacionados con la Justicia, el Fin del Conflicto y el esquema de garantías necesario para que la guerrilla pueda incorporarse a la vida civil. La refrendación no ha sido todavía materia de discusión formal.

En el pasado, el gobierno promovió una Ley, hoy vigente, destinada a permitir que si el mecanismo finalmente acordado llegase a ser un referendo, éste pudiera tener lugar simultáneamente con otra elección, a fin de lograr la mayor participación ciudadana. Esto no quiere decir, como tuvimos oportunidad de explicarlo en múltiples ocasiones, que el gobierno diera por sentado que el instrumento que se llegare a escoger tuviese que ser necesariamente un referendo.

Sabemos que no es un tema fácil. Comprendemos que esa complejidad puede dar lugar a interpretaciones diversas. Pero el examen riguroso demostrará que el gobierno jamás se ha apartado de la refrendación por alguna vía. 

Lo que no nos puede suceder es que si, por fortuna, llegamos a un Acuerdo, el Gobierno, el Congreso y la ciudadanía se vean sorprendidos sin haber reflexionado sobre los métodos para convertir en realidad jurídica lo acordado, en aquellos temas que exijan reformas de tipo normativo.

En ese sentido, el Gobierno celebra que tengan lugar las reflexiones recientes. Es lo aconsejable y lo conveniente en democracia. Sólo pedimos que esta reflexión se haga pensando en la mejor conveniencia para Colombia. Y en lo que concierne a las ideas del Gobierno, tomando en consideración y en forma rigurosa las manifestaciones que hemos hecho sobre esta importante materia. El examen cuidadoso mostrará que no ha existido una sola incoherencia en los anuncios del Gobierno en esta materia. Exhortamos a los colombianos a una discusión serena y razonada sobre esta cuestión que es crucial para Colombia.