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 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la posesión de los magistrados del Consejo de Gobierno de la Rama Judicial

 Bogotá, 11 dic (SIG)

Qué bueno estar posesionando a los nuevos magistrados del Consejo de Gobierno, un paso muy importante dentro de ese proceso del mejoramiento continuo que toda institución debe poner como prioridad.

Las instituciones tienen que irse acoplando a las nuevas circunstancias, ir buscando la mejor forma de cumplir con su deber, de mejorar su desempeño y eso lo tienen que hacer todas las instituciones para poder cumplir con los deseos de la ciudadanía, sobre todo las instituciones públicas.

Y creo que hoy hemos dado un paso importante dentro de ese proceso. No voy a repetir todo lo que se ha venido haciendo para ir mejorando la aplicación de nuestra Justicia, el desempeño del Poder Judicial. El esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial ha sido enorme, el apoyo que el Gobierno Nacional le ha dado a ese proceso también ha sido un apoyo muy importante, porque a todos los colombianos nos interesa enormemente que la Justicia sea cada vez más efectiva y más eficiente.

Este caso en particular, la creación de un nuevo esquema de gobierno, el Consejo de Gobierno, pues obedece a un clamor general de hace muchísimos años para buscar una mejor administración, una mejor gestión.

Ahí –tenemos que ser muy francos– se han presentado muchos cuellos de botella, muchas ineficiencias y ese es un componente muy importante. De cualquier institución, pero sobre todo la Justicia.

Buen Gobierno, un gobierno efectivo, un gobierno eficiente, va a significar una más pronta Justicia para todos los colombianos.

Y por eso la posesión de estos nuevos tres magistrados del Consejo, el nuevo cuerpo que se ha creado, pues ha generado muchas expectativas y creo que son expectativas que se pueden perfectamente satisfacer con una buena gestión.

Por eso, qué bueno haber posesionado a tres personas que tienen todas las cualidades, la experiencia y sobre todo el deseo de servir bien, de servirle a la Justicia, de servirle a Colombia. Y ahí van a poder desempeñar un papel muy muy importante.

Por eso los felicito a ustedes, a todas sus familias. Es un paso importantísimo para ustedes en su carrera, pero también para la Justicia y para el país, para nuestra democracia.

Hemos hecho esfuerzos de todo tipo. El esfuerzo presupuestal, que ustedes conocen, los esfuerzos en materia de los códigos que se han aprobado para hacer más ágil la Justicia. A propósito de eso, el 1° de enero comienza el Código General del Proceso, que va a significar un paso importantísimo en la agilidad para que los ciudadanos se sientan cada vez mejor atendidos por nuestra Justicia.

Se requiere un esfuerzo importante en materia de coordinación para que ese código se aplique en la mejor forma posible.

De manera que creo que este es un paso importantísimo. Agradecerles a los otros miembros del Concejo, que son los presidentes de las Cortes, que aquí nos acompañan, porque sé que han estado también con todo el interés para que los pasos que se den sean los pasos correctos, para que esos pasos se traduzcan efectivamente en una más pronta justicia, más eficaz justicia.

El Consejo de Gobierno tiene varias tareas urgentes. Ya mencionamos la implementación de los sistemas de oralidad, convocar las ternas para magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, los miembros de la Comisión de Aforados, estudiar la política de las TIC, que puede ser tan útil para agilizar los procesos y modernizar la Justicia.

De manera que hay mucho trabajo por hacer y cuenten simplemente, en lo que podamos nosotros apoyar desde el Ejecutivo, cuenten con todo el apoyo que podamos darles.

El Congreso, por su lado, tiene la tarea de debatir y aprobar el proyecto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Le he pedido también al Ministro de Justicia que haga un ejercicio verdadero de concertación para que esa ley salga de la mejor forma posible.

En materia financiera ustedes saben el esfuerzo que ha hecho el Gobierno. Hemos incrementado el presupuesto en cerca de 57 por ciento, hicimos una nivelación salarial que tuvo un costo muy alto. 1.4 billones.

Un paso importantísimo que se dio, que no está representando muchos billones de pesos de ahorro, que fue la creación de la Agencia para la Defensa del Estado.

Galeón San José

Y a propósito de eso, la defensa del Estado, voy a compartir con ustedes una anécdota, simpática, que me sucedió el día de ayer.

Estaba yo en esperando hacer el saludo protocolario del nuevo Presidente de Argentina.

Y estábamos con los jefes de Estado que asistieron a esa posesión, y estaba su majestad el Rey Juan Carlos.

Entonces estábamos charlando –el Rey Juan Carlos ha sido un gran amigo de Colombia, una persona de un gran corazón y realmente, donde ha estado, nos ha ayudado– y en forma jocosa me dijo: Oye, madrugaron para reclamar el galeón.

A lo cual yo le dije sí, majestad. Al que madruga Dios le ayuda.

Entonces ahí estaba por coincidencia el Presidente (Ollanta) Humala, del Perú.

Y el Presidente me dice: a propósito del galeón, dicen que la plata viene del Perú.}

Entonces yo vi los dos y les dije: ¿saben qué? En mi país me prohibieron hablar con ustedes dos.

Y ahí entró el Presidente (Rafael) Correa del Ecuador y dijo: ese tesoro debíamos era distribuirlo entre los países suramericanos.

Esta anécdota se la comparto por dos cosas que quiero también hacer referencia.

Hoy salió un editorial en el principal periódico de España, en El país. Y se lo voy a leer, porque esto también tiene que ver mucho con la Justicia.

Dice el editorial:

‘Renunciar al San José’, ese es el título del editorial.

El Gobierno debe impulsar políticas de patrimonio y no reclamar su propiedad.

Y dice el editorial:

“El descubrimiento y posible rescate del San José, uno de los muchos galeones españoles hundidos en aguas del Caribe, plantea cuestiones que van más allá de un simple pleito jurídico. Haría mal el Gobierno español, que este sábado –es decir mañana- inicia los primeros contactos sobre el asunto en Cartagena de Indias a través del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en reducir el problema a un forcejeo sobre la aplicación de la convención de la Unesco de 2001 y la consideración del galeón como un buque militar, propiedad por tanto del país de origen.

Al margen de que el Gobierno de Colombia, como ya han recordado algunos de sus portavoces, no haya firmado esta convención, lo que no es un argumento jurídico menor, ¿cuál era el país de origen del San José? Desde luego no el Estado nación español tal como hoy lo entendemos, sino una estructura política desaparecida, la monarquía católica, de la que formaban parte tanto los reinos americanos como los europeos. Tan súbditos del rey católico eran los habitantes de Cartagena de Indias como los de Cádiz, y no resulta fácil argumentar por qué los descendientes de estos tienen más derechos que los de aquellos sobre un galeón construido con los impuestos de los antepasados de unos y de otros.

Pero el Gobierno haría mal, sobre todo, porque lo que se está dirimiendo es mucho más que la propiedad de unas cuantas toneladas de oro y joyas. El problema de fondo tiene que ver con la historia y la memoria de la monarquía católica, un Estado imperio del que el Estado nación español contemporáneo ha tendido a asumirse como heredero pero del que, en un sentido cultural amplio, no lo es más que cualquiera de los demás nacidos de la disgregación imperial.

El patrimonio, y el tesoro del San José al margen de su mayor o menor valor económico es un bien patrimonial, constituye una parte fundamental de la historia y la memoria de las sociedades. Si España quiere contribuir a conservar algún tipo de memoria sobre la historia compartida del mundo hispánico haría mucho mejor en impulsar políticas de recuperación de este patrimonio que en reclamar su propiedad. La senda abierta por la Academia de la Lengua en relación con el idioma puede servir de referente en este tema.

Cartagena de Indias, como otras muchas decenas de ciudades coloniales a lo largo y ancho del continente, no es una ciudad española sino hispánica. Una de las mejores expresiones de lo que posiblemente fue tanto una forma de civilización como una organización política. Pocos lugares más apropiados para albergar un museo sobre uno de sus barcos: parte de esa historia y memoria compartidas”.

Fin del editorial, repito, del periódico más importante de España, publicado esta mañana.

Quiero sobre el particular también decir lo siguiente.

En nombre, yo creo, que de todos mis compatriotas, tengo que rechazar en forma clara y enfática las acusaciones que a través de la CNN y de otros medios viene haciendo la Sea Search Armada contra el pueblo colombiano, porque son expresiones muy desobligantes en torno al hallazgo del galeón San José.

La empresa Glocca Morra denunció en 1982 la existencia de una anomalía de sonar, cuyos derechos adquirió posteriormente esta compañía, la Sea Search Armada, en un punto que –¡ojo!-, un punto que no corresponde en modo alguno con aquel en que el Estado colombiano reconoció las evidencias arqueológicas del galeón San José.

No corresponde en modo alguno.

De acuerdo con nuestra ley, las coordenadas denunciadas y donde se encontró el hallazgo, se mantienen bajo reserva, al igual que las coordenadas que en 1982 fueron declaradas por la empresa Glocca Morra y que hace parte de este informe confidencial.

Quiero decir también que el Estado colombiano siempre ha sido protector y garante de los derechos de todo el mundo, empresas colombianas y empresas extranjeras. Y quiere hacer énfasis en que vamos a garantizar los derechos de esta empresa, la Sea Search Armada, en los términos que estableció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que dice textualmente y cito:

“Tendrán derecho sobre los bienes que se encuentren en la coordenada señalada”, repito, fallo de la Corte: tendrán derecho –la Sea Search Armada–  sobre los bienes que se encuentren en la coordenada señalada”.

Eso dice el fallo. Y eso dice también el sentido común.

Es importante recordar, igualmente, que los fallos producidos por la Corte del Distrito de Columbia, allá en Estados Unidos, negaron a la Sea Search Armada una indemnización que exigía, por 17 mil millones de dólares, contra el Gobierno colombiano.

El Estado colombiano –quiero repetir una vez más– mantiene la soberanía sobre todos los bienes que han sido identificados en los procesos de investigación sobre su patrimonio.

Quería aprovechar para hacer estas aclaraciones, porque creo que fue una feliz coincidencia la anécdota que les comparto, el editorial esta mañana de El País.

Y creo que era mi obligación rechazar unas acusaciones desobligantes contra el pueblo colombiano por parte de los voceros de esta empresa.

Señores magistrados, les deseo mucha suerte, muchos éxitos.

El éxito de ustedes, el trabajo de ustedes, tendrá un muy importante impacto sobre la vida de todos los colombianos.

Cuenten nuevamente con el apoyo mío, el apoyo de todo mi Gobierno, porque si a ustedes les va bien, a todos nos va bien.

Muchas gracias.