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 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la firma del decreto reglamentario de la Ley de Alternativas de Financiamiento de la Rama Judicial

 ​Bogotá, 17 feb (SIG).

Hoy cantamos una estrofa de nuestro Himno Nacional –la décima– que yo quisiera que recordáramos muchas veces este año, sobre todo sus últimos versos:

             “La independencia sola el gran clamor no acalla. 
              Si el sol alumbra a todos, JUSTICIA ES LIBERTAD”.

¡Nada más cierto! No basta con la independencia. No basta ni siquiera con la paz, si ésta no se construye sobre la JUSTICIA.

Porque la justicia –y solo la justicia–, en medio del respeto ciudadano y de legítima autoridad, es la que puede garantizar la protección de las libertades individuales y de los derechos colectivos, como cimientos de la PAZ.

Pero también es cierto –y esto tampoco debe olvidarse– que la justicia no puede ser obstáculo para conseguir esa PAZ, que es el bien supremo de cualquier sociedad.

Respetar el derecho de las víctimas a la justicia y al mismo tiempo conseguir la paz… ¡Ese es el gran reto!

A propósito, las recientes opiniones del expresidente César Gaviria contienen puntos de vista valiosos.

Es cierto que hay responsabilidades en el conflicto que van más allá de los combatientes directos y que deben ser examinadas dentro del marco de la Justicia Transicional.

Se viene presentando una enorme acumulación de procesos penales que dificulta en grado sumo la labor de la Justicia. Y ese exceso acaba favoreciendo la impunidad.

Por eso debemos buscar soluciones más adecuadas, sin desmedro de los derechos de las víctimas.

Porque buscar ese equilibrio entre justicia y paz –al que me he referido– es una tarea esencial no solo para el Gobierno sino para la sociedad entera.

Esa visión ampliada de la cobertura de las soluciones jurídicas, por tanto, es totalmente compatible con la posición invariable del Gobierno sobre la necesidad de impedir la impunidad.

En primer lugar, no hay lugar a una amnistía general. Eso está por fuera de toda consideración.

Y, en segundo lugar, las penas alternativas que lleguen a considerarse deben ser penas efectivas, auténticas, y no simples simulacros.

*****

Volviendo al tema general de la justicia en nuestro país, hay que reconocer –con pesar lo digo– que la percepción ciudadana sobre la tarea de nuestros jueces ha venido deteriorándose.

Las distintas encuestas de opinión muestran que la imagen desfavorable de nuestras instituciones judiciales superó en los últimos años su tradicional imagen favorable.

Mala noticia…porque la reina de los poderes públicos no puede ser centro de cuestionamientos ni, mucho menos, motivo de suspicacias.

Es evidente que los escándalos, los choques de trenes, los sucesivos paros de sus funcionarios, la controversia con tinte político de las decisiones judiciales y –claro está– la imagen de una justicia lenta y distante, son buena parte de las razones de la percepción ciudadana.

Frente a esta realidad, el sistema de alarmas tiene que prenderse. Ninguno de nosotros puede permanecer impávido frente a lo que acontece.

Para empezar, es imperioso que todos cumplamos –con convicción profunda– uno de los más sagrados mandamientos de nuestra democracia: respeto y acatamiento a las actuaciones y decisiones de la justicia.

Porque ellas son, y deben ser, la expresión legítima de los valores del orden jurídico y del imperio del derecho, por encima del cual nadie se encuentra.

Los primeros en honrar esta sagrada obligación debemos ser los hombres públicos y los servidores del Estado en su conjunto.

Han sido estrictas reglas de mi gobierno la obediencia a los fallos, el respeto a las instituciones judiciales, y la prohibición de cualquier procedimiento o conducta que busque horadar la integridad de nuestro sistema judicial.

Y así seguirá siendo hasta el final de mi mandato…

Aquí, en presencia de nuestros magistrados y jueces, propongo a todos los sectores de nuestra sociedad renovar un viejo pacto democrático: excluir a la justicia de la controversia política.

No debemos interferir la acción judicial desde ninguna orilla partidista o de la academia o de la prensa.

En un escenario ajeno a debates guiados por instintos y pasiones, los fallos deben explicarse por sí solos y tener fundamento exclusivamente en el acervo probatorio y el estricto acatamiento de la ley, como única fuente de su legitimidad.

*****

Nuestro gobierno ha venido trabajando consistentemente –desde el 2010– para lograr una justicia más pronta y cumplida, y más cercana al ciudadano.

En esa dirección, revivimos el Ministerio de Justicia y del Derecho para dar al tema la entidad que tiene; y actualizamos las leyes procesales, acogiendo los modernos postulados de la justicia oral, mediante la promulgación del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, y del Código General del Proceso.

También hemos invertido recursos, como nunca antes, para la descongestión, la infraestructura física y tecnológica, y la remuneración adecuada de jueces y empleados judiciales.

Es indudable –y todos concordamos en eso- que necesitamos jueces mejor capacitados y remunerados.

Por ello los ingresos de los funcionarios de la rama judicial han crecido –desde el 2011– cerca de un 35 por ciento, algo que no ha ocurrido con ningún otro sector.

Con arreglo a los compromisos que contrajimos en el año 2012, en el año 2018 quedará concluida la nivelación salarial, una vieja aspiración de los servidores de la justicia, que venía aplazándose desde 1992.

Así, al concluir mi gobierno, un juez municipal, por ejemplo, ganará un salario similar al de un viceministro de Estado.

Nos comprometimos a fondo con la descongestión judicial.

Para la puesta al día de la justicia hemos invertido desde el 2010 ¡2 billones 300 mil millones de pesos!

Así es: una cifra astronómica, que jamás se había apropiado.

Gracias a esto la producción anual de sentencias empieza a ser superior al número de demandas, con lo cual el inventario de procesos pendientes empieza a disminuir.

Por ello es francamente censurable que, a través de paros injustificados, un sector minoritario de la rama pretenda echar por la borda lo que hemos logrado.  ¡No se puede permitir más indisciplina laboral!

Y no contentos con todo esto, hemos ido mucho más allá.

Sabemos que cualquier intento por mejorar la justicia está llamado al fracaso si no reconoce la necesidad de aumentar el número de jueces y el presupuesto de la rama.

De allí que hayamos tomado la decisión de aumentar la planta permanente de jueces y magistrados.

La nómina judicial ha permanecido congelada por décadas, a pesar del incremento inusitado de la demanda judicial.

En el presupuesto del año 2015 apropiamos –por eso– más de medio billón de pesos para que, desde ahora mismo, los cargos de descongestión se conviertan gradualmente en planta permanente.

Esperamos que el Consejo de la Judicatura proceda en consecuencia a la mayor brevedad –superando las imperfecciones del programa de descongestión, mediante jueces designados en adelante por concurso de méritos–, y se abstenga de comprometer los nuevos recursos en más burocracia de su Sala Administrativa.

Hay versiones –y lo digo claramente– respecto a eventuales cortejos a los congresistas con ocasión del trámite de la reforma de Equilibrio de Poderes, que incluye la eliminación de los actuales órganos de gobierno del Consejo Superior. 

¡Eso no puede ser y no puede admitirse!

Si algo necesitamos –como ya dije–, si algo exigimos los colombianos es la total despolitización de la justicia.

Ahora bien… en medio de las restricciones fiscales también pusimos a prueba la imaginación y, al finalizar el año anterior, sacamos adelante un proyecto de ley que provee de recursos frescos a la Justicia, con varios objetivos:

Primero, dignificar su ejercicio; segundo, poner en marcha los jueces de extinción del dominio, y tercero, lograr la vigencia de los recientes códigos a más tardar el 1º de enero de 2017, mediante la  implementación de la oralidad que –finalmente– nos permita tener procesos que no se tomen más de un año en promedio, como corresponde a una justicia pronta y cumplida.

Hoy esa ley –la Ley 1743 de Alternativas de Financiamiento para la Rama Judicial– es una realidad.

La judicatura y el país entero deben saber que esta iniciativa pudo promulgarse gracias al voto unánime de las dos cámaras.

Fue la única en la pasada legislatura que tuvo esa condición de unanimidad; un mensaje inequívoco de confianza alrededor de la justicia.

A todos los senadores y representantes, ¡muchas gracias!

Hoy damos un paso más –fundamental– al expedir el decreto que reglamenta dicha ley y la dota de contenido.

¿Qué busca –entonces– el decreto que hoy expedimos?

Garantiza fuentes de financiación para el Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, destinado –durante los primeros cuatro años– a hacer realidad la oralidad y a la creación de los juzgados de extinción de dominio.

Y mucha atención: estas fuentes no sustituyen ni implican un detrimento de la asignación que se haga anualmente a la Rama Judicial por medio de la Ley General de Presupuesto.

¿Y cuáles son estas nuevas fuentes de financiación?

Básicamente se trata de echarle mano a recursos existentes en la Rama Judicial, que no habían sido utilizados y venían durmiendo  el sueño de los justos por muchos años.

Este decreto impulsa el recaudo efectivo de estos recursos para que la misma rama –dentro de su autonomía– haga el mejor uso de ellos.

Y cuando digo “autonomía” lo hago con plena conciencia, porque es del Consejo Superior de la Judicatura del que depende la gestión y eficacia del recaudo, y su adecuada destinación.

Nosotros damos las herramientas y ampliamos las fuentes, pero son ustedes –los jueces– los que tienen el poder de usarlas bien, en beneficio de la justicia y los ciudadanos.

Algunas de estas fuentes son los depósitos judiciales que se encuentran en el Banco Agrario y no han sido reclamados. Se estima que en el primer año pueden ascender a 400 mil millones de pesos.

Nos valdremos también del Impuesto de Remate –que sube al 5 por ciento–, y del recaudo efectivo de las Multas, que pueden ascender a unos 200 mil millones de pesos en el primer año.

Estas y otras cuatro fuentes de financiación complementarias permitirán obtener los recursos necesarios para tener la justicia que necesitan y exigen los colombianos.

En el primer año de vigencia de la ley, estamos hablando de un recaudo de –por lo menos– 650 mil millones de pesos.

Esta cifra, sumada a los recursos de inversión previstos en el presupuesto del 2015, nos permite afirmar que sólo en este año la justicia obtendrá recursos para inversión en su modernidad, ¡cercanos al BILLON DE PESOS!

Quiero resaltar que una apuesta muy importante para dinamizar la justicia es la ejecución de los Sistemas Orales, que aportan celeridad y un rostro más humano a la administración de justicia.

Esto promoverá la paz social y –entre otros muchos beneficios– la confianza de inversionistas extranjeros que necesitan garantías jurídicas para apostarle a hacer empresa en el país.

Colombia atraviesa un momento histórico.

Trabajamos con seriedad y prudencia para que el cese del conflicto sea una realidad, y entendemos los retos que traerá el posconflicto en materia de justicia.

¡Será un gran desafío y no podemos darnos el lujo de no estar preparados para asumirlo!

Por eso, con este decreto, el Gobierno nacional confirma su voluntad de fortalecer la capacidad institucional de la justicia, y la dota de los recursos necesarios para que sea más eficiente.

Porque la verdadera reforma a la justicia, la que sirve al ciudadano, no se limita a una reforma constitucional.

Queremos que la ciudadanía crea en su justicia porque se ve respaldada por ella.

Y queremos que quienes obran al margen de la ley sepan que hay una justicia que será implacable con ellos.

Hoy, al garantizar importantes recursos adicionales a la Rama Judicial, vemos más cerca el propósito que a todos nos une.

Recordemos nuestro himno: “¡JUSTICIA ES LIBERTAD!

Muchas gracias.