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 Abecé de la Ley de Participación Democrática

 Bogotá, 6 jul (SIG).

La nueva norma permite mejorar y agilizar los mecanismos democráticos con los que cuenta la ciudadanía para hacer control a sus mandatarios y cabildantes. A continuación, algunos de los cambios más importantes a la ley:

Eliminación de firmas para comités promotores de referendos: Un solo ciudadano podrá ser vocero y promotor de referendos y revocatorias de mandato. Se elimina la etapa de recolección de firmas para constituir el comité promotor.

Apoyos a Consultas Populares: Se establece la Consulta Popular de origen ciudadano, tanto en el orden nacional como el territorial, contará con el apoyo del 5% y 10% del Censo Electoral, respectivamente.

Cambios a Revocatorias de Mandato

• Se disminuyen los porcentajes requeridos para convocar los comicios de revocatoria (del 40% al 30% del total de votos que obtuvo el mandatario elegido) y los porcentajes de participación en dichas elecciones (del 50% al 40% de la votación válida registrada el día en que se eligió al mandatario). Se mantiene que la mitad más uno de los votos sean a favor de la revocatoria para que ésta sea válida.

• Las revocatorias del mandato podrán promoverse siempre y cuando hayan pasado 12 meses desde la posesión del gobernante y no falte un año para que termine su respectivo periodo

Incentivos para fomentar la Participación Ciudadana:

• Se establece que en todo Plan de Desarrollo debe haber medidas para promover la participación.

• Se crea un Consejo Nacional de Participación Ciudadana, y también Consejos de Participación en departamentos, distritos y municipios para que definan y den seguimiento a la política pública de participación ciudadana.

• Se hace obligatorio que en los presupuestos departamentales y municipales exista un rubro para presupuestos participativos.

• Se fortalece la obligación del Gobierno nacional y los territoriales de rendir cuentas, algo en lo que siempre he insistido como uno de los principios del Buen Gobierno.

• Se crea un nuevo espacio llamado “Alianzas para la Prosperidad” para que comunidades, gobiernos y empresas minero-energéticas puedan discutir el eventual impacto ambiental y social de los proyectos.

Información del Ministerio del Interior.