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 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la sanción de seis leyes

 Bogotá, 6 jul (SIG).

Hoy nos reunimos para el acto de sanción de seis leyes sobre temas diversos, todos los temas positivos para el país y positivos para los colombianos.

Son la Ley Anticontrabando, la de Feminicidio, la que modifica las medidas de aseguramiento de privación de la libertad, la de agronomía del caucho, la de honores al doctor José Francisco Socarrás y la ley estatutaria de participación democrática.

Estas son solo algunas de las leyes que se aprobaron en la legislatura que terminó a fines del mes pasado –que fue la primera del Congreso elegido por el periodo 2014-2018–, una legislatura que yo calificaría como brillante por la calidad de las iniciativas que se tramitaron.

Esta ha sido una legislatura de la que los congresistas pueden sentirse orgullosos, y que no es aislada, pues da continuidad al trabajo del Congreso y del Gobierno desde el año 2010, cuando comenzamos el proceso de reformas, de reformas progresistas, y modernización del país.

Lo que hemos logrado es el resultado de un proyecto de Unidad, que hemos llamado Unidad Nacional, que comenzó hace 5 años y que sigue dando frutos a los colombianos.

¿Para qué convoqué esa Unidad Nacional? Para algo muy sencillo pero muy importante, para ponernos de acuerdo, para trabajar juntos por los grandes temas que interesan al país, y así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.

En el pasado cuatrienio pasamos normas tan importantes como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aquí vino el secretario general de Naciones Unidas a la sanción de esa ley; la ley de ordenamiento territorial que llevábamos 19 intentos para aprobarla en el Congreso; la reforma a las regalías, una reforma que les permite a todos los municipios tener recursos para inversión producto de las regalías, que son de todos los colombianos; la reforma de sostenibilidad fiscal y la regla fiscal, que hoy son señaladas como ejemplo para el mundo: todo lo que está sucediendo hoy en Grecia, en Europa, las crisis económicas dicen: miren lo que ha hecho Colombia en su Constitución y en sus leyes.

Estos son apenas algunos hitos de esta legislatura de estos últimos cinco años.

Y en este primer año del segundo cuatrienio le hemos vuelto a cumplir al país, el Congreso le ha vuelto a cumplir al país, demostrando que esta Unidad Nacional, tengo que reconocer que otros partidos participaron en varios de estos proyectos, que muchos además han señalado como una Unidad debilitada, pues sigue demostrando que está fuerte, que está vigente, y sobre todo sigue generando el necesario consenso sobre temas que son fundamentales para el futuro del país.

Miren no más la Reforma Constitucional de Equilibrio de Poderes, una iniciativa con la que quedó demostrada la solidez de nuestras instituciones, capaces de ser autocríticas y de corregir o hacer ajustes cuando es necesario.

Mientras en otras partes se reforman las constituciones para buscar la perpetuación de los mandatarios en el poder, aquí decidimos lo contrario, aquí decidimos eliminar esa posibilidad para no caer en ese caudillismo tropical que tanto daño le ha hecho a la democracia, a la democracia aquí en Colombia y a la democracia en otras partes del mundo.

Nosotros somos una democracia basada en instituciones, como deben ser todas las democracias del mundo. Y por eso lo que tenemos que reforzar son las instituciones.

Y no solo la reelección del Presidente sino la de Procurador, la del Contralor, la del Fiscal, la del Defensor del Pueblo, la del Registrador, la de magistrados de las Altas Cortes.

¿Por qué? Porque también hay que airear el Estado, la democracia, caras nuevas, ir trayendo sangre nueva, eso revitaliza la institucionalidad del país.

La reforma, además, creó la Comisión de Aforados y un nuevo sistema de gobierno de la rama judicial, que buscará una justicia bien gerenciada, eso es indispensable, y por lo tanto más ágil y más eficaz. Y erradicó el ‘yo te elijo, tú me eliges’, que estaba socavando la confianza en la justicia.

Pero la Reforma de Equilibrio de Poderes es apenas el ejemplo más visible del trabajo del Congreso en este último año.

Se aprobó ni más ni menos que el Plan Nacional de Desarrollo, que denominamos ‘Todos por un Nuevo País’, la hoja de ruta del Gobierno hasta el año 2018, para hacer realidad esa visión que yo tengo, que tenemos todos, para convertirla en realidad, de una Colombia en paz, una Colombia con más equidad y una Colombia con mejor educación.

Se aprobó la Ley de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior, con medidas preventivas y correctivas para garantizar, algo que es cada vez más importante, la calidad, y en este caso, en las universidades e institutos de formación técnica y tecnológica.

En el tema de Comercio Exterior, se probó el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico.

Estuvimos con la Canciller, con la Ministra, hace unos días en una Cumbre de la Alianza; es una integración que está generando un interés de todo el mundo: 42 observadores, y se probaron 10 más, porque es el proceso de integración más exitoso en la historia, en toda la historia de América Latina.

Se aprobó el TLC con Corea del Sur, que va a beneficiar particularmente a nuestro sector rural.

Se aprobó la Ley de Orden Público, que nos permite avanzar en los diálogos con los grupos armados, y que además brinda instrumentos para la seguridad y la convivencia, la necesaria convivencia ciudadana.

La Reforma al Fuero Militar, una deuda que finalmente les estamos pagando a nuestros soldados, a nuestros policías, garantizando su juzgamiento con base en el Derecho Internacional Humanitario.

Y también, entre otras muchas, la Ley de Financiamiento para la Rama Judicial, que establece nuevas fuentes de recursos para inversión y para el funcionamiento del poder judicial. Algo muy importante para seguir avanzando en su mejoramiento.

Así que, señores y señoras, aquí está la Unidad Nacional vivita y coleando. Aquí está produciéndose esa gobernabilidad, que es tan necesaria y que además el mundo entero nos reconoce y nos envidia, porque eso es lo que ha faltado en muchas latitudes: cuando no hay esa gobernabilidad, cuando no hay esa unidad, se polarizan las fuerzas, que es lo que tenemos que evitar, y eso estanca el desarrollo, paraliza a los países. La polarización paraliza a los países.

De las seis leyes que hoy sancionamos, quisiera destacar que hay dos que tienen que ver con el tema de la justicia, tema sobre el que no dejamos de avanzar.

Está la ley que se ha conocido como la Ley Rosa Elvira Cely, en recuerdo de esa mujer brutalmente vejada y asesinada hace algún un tiempo en el Parque Nacional por un psicópata.

Esta ley consagra el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de los actos violentos contra las mujeres por motivos de género y discriminación. Esto implica un aumento importante de penas para quienes cometan este delito contra las mujeres.

También sancionamos la ley que reglamenta la medida de aseguramiento de detención preventiva, cuyo mal uso es uno de los problemas más serios que tenemos en nuestra política carcelaria.

En Colombia, uno de cada tres reclusos no ha sido condenado, y pasa meses o años en prisión esperando un juicio –como si no existiera la presunción de inocencia–, lo cual ha llevado, entre otras cosas, a que el Estado enfrente demandas, óigase bien, por 23 billones de pesos por errores en la aplicación de la detención preventiva.

Pasará a la historia esa frase macabra, aquella de que en Colombia a nadie se le niega una medida de detención. Y estarán presos, gracias a esta ley, únicamente quienes deban estarlo.

Otro proyecto de gran importancia que sancionamos es la Ley Anticontrabando, un instrumento eficaz para preservar el empleo formal, para preservar el bienestar y la producción y perseguir el lavado de activos, el crimen organizado.

Es una ley que nos venía pidiendo con insistencia todo el sector productivo, los empresarios, los industriales, porque ellos están sintiendo en carne propia, toda Colombia está sintiendo en carne propia el flagelo del contrabando.

Estamos luchando contra un fenómeno que destruye cerca de 350 mil empleos, es el cálculo, eso es por lo bajo. Por ese fenómeno del contrabando al país le cuesta cerca de seis mil millones de dólares al año, eso es mucha plata, eso equivale a 2 por ciento del PIB.

Esta ha sido una ley con muchos debates, con muchos análisis, yo creo que ha sido una de las leyes más discutidas, que, sin duda, va a tener grandes beneficios para el país, para su economía, para su bienestar, y que ataca principalmente a los grandes contrabandistas, al crimen organizado, a esos que les hacen el trabajo de lavado de activo a los narcotraficantes.

Para ellos se aumentan las penas, se aumentan las multas, y se dan facultades para combatirlos, a quienes deben tener esas facultades: la Policía Aduanera, la Dian.

Aquí quisiera ser muy claro, y así lo hemos repetido en el debate, después del debate y lo seguiremos repitiendo: esta ley no va en contra de los pequeños comerciantes, no afecta para nada a los que trabajan en la legalidad, como quieren sostener, como dicen quienes quieren enfrentar al Gobierno con los pequeños comerciantes por razones electoreras, por razones políticas.

Son los mismos que este fin de semana divulgaron por las redes sociales rumores falsos y amenazas que nunca existieron, también por razones políticas, por razones electoreras, en un comportamiento de absoluta irresponsabilidad, porque lo que terminan haciendo es precisamente magnificando el terrible propósito de los terroristas, que es infundir miedo en la población.

Por el contrario, esta ley no solo no perjudica a los pequeños comerciantes sino que los favorece, porque combate la competencia desleal, esa competencia desleal que tanto daño les hace a los comerciantes, a los industriales y a los que están expuestos por el contrabando.

También sancionamos una ley que establece nuevas disposiciones sobre la producción de látex natural y fomenta el cultivo de caucho en todo el país.

Y sancionamos otra ley que rinde honores a ese gran siquiatra cesarense, destacado científico y académico, José Francisco Socarrás. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y de charlar con él muchísimo. Cuando llevaba sus artículos a El Tiempo, yo era subdirector de El Tiempo, se sentaba, me decía que le regalara un tinto y charlábamos sobre todos los temas, un gran señor.

En esta ley se crea el premio que lleva su nombre, y es un reconocimiento al mérito afrocolombiano en la educación, en la medicina, en la ciencia, en la cultura, inclusive también en la política, porque el profesor Socarrás sabía mucho también de política.

Y sancionamos finalmente una ley estatutaria de gran importancia para el país, como es la Ley de Participación Democrática. Me complace mucho tener aquí a John Sudarsky, para quien ha sido su tema desde hace mucho tiempo. Él ya no está en el Congreso, pero sí me consta la pasión que le puso a esta ley.

Nuestra Carta Política del año 91 dice en su artículo primero que el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Democrática Participativa y Pluralista.

Y estableció varios mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía, como son: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria de los mandatos, los cuales fueron reglamentados a través de la ley 134 de 1994.

Sin embargo, han pasado ya más de 20 años y hemos visto como varios de estos mecanismos no arrancan, no han arrancado, no han podido usarse en su plenitud, porque los obstáculos que les puso la ley resultaron tal vez exagerados.

El hecho es que se hizo patente la necesidad de actualizar –yo diría, modernizar– la ley que reglamenta el Derecho a la Participación Democrática, y lo hemos hecho con esta nueva ley estatutaria.

¿Qué buscamos, en el fondo? Hacer más prácticos, más sencillos, más realizables, los mecanismos de participación democrática, y reglamentar algunos aspectos que eran confusos.

No voy a hablar sobre todos los cambios que trae la nueva ley, pero les doy algunos ejemplos:

Antes, para ser promotor de una iniciativa legislativa o normativa, o de una solicitud de referendo o de revocatoria de mandato, se requería una etapa previa de recolección de firmas para constituir el comité promotor.

Ahora no tiene que ser un comité –puede ser un solo ciudadano– y además se eliminó la recolección de firmas, haciendo más ágil estos mecanismos.

Antes, solo el presidente, el gobernador o el alcalde podían someter un tema –una pregunta– al mecanismo de Consulta Popular. Ahora con esta ley, puede haber también consulta popular de origen ciudadano, lo que constituye otro paso adicional en la ampliación, en la profundización de nuestra democracia.

Y algo muy importante en las Revocatorias de los Mandatos.

Hemos visto que estas revocatorias son prácticamente imposibles por el alto porcentaje de votantes que se exigen para convocarlas o aprobarlas. Por eso se disminuyeron los porcentajes para convocar una votación de revocatoria, y para que estas votaciones sean válidas.

Y otro avance, entre muchos otros: se extendió el mecanismo del Cabildo Abierto –que es la reunión pública de los concejos o juntas administradoras locales, para la participación de los ciudadanos– también a las asambleas departamentales.

En fin, lo que comienza hoy es una nueva era de mayor amplitud en la presencia e injerencia de los ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos. Eso lo que hace es fortalecer nuestra democracia.

Y me alegra decir que esta ley no viene sola, pues la semana pasada sancioné otra ley estatutaria, que es la que regula el Derecho Fundamental de Petición.

¿Qué hemos hecho con esta ley? Básicamente recoger la esencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre este derecho, que podría resumir en un principio muy sencillo:

Toda solicitud presentada a una autoridad pública en el contexto de la función administrativa del Estado es derecho de petición, así no se invoque expresamente por el ciudadano. No tiene que decir: ‘Esto es un derecho de petición’, sino simplemente hacer la solicitud. Y debe, por consiguiente, ser tratado como si fuera derecho de petición, y tratado con prontitud, y respondida de fondo dentro de los plazos que establece la ley.

O sea, es un instrumento más del ciudadano para poder defender sus derechos e informarse sobre lo que está haciendo el Gobierno y el Estado.

Lo que queremos, en el fondo, es acercar el Estado al ciudadano, que el ciudadano no se vea como alejado, como enemigo del Estado sino como amigo y cercano, y eliminar las trabas para que haga las solicitudes a que tiene derecho.

Esta es una Constitución que defiende los derechos de los ciudadanos, y lo que queremos es darles más y más instrumentos a los ciudadanos para que hagan valer esos derechos.

Yo sintetizaría el evento de hoy –cuando destacamos una tarea legislativa que yo creo que fue excepcional también– con una frase:

Con unidad y gobernabilidad estamos avanzando para que Colombia sea –cada vez más– un Estado social de derecho, democrático y participativo.

Muchas gracias.