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 Palabras del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la clausura de la Reunión Extraordinaria de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) 2015

 Cartagena, 16 jul (SIG).

Es una gran fortuna para la región –para la democracia del continente– que nos reunamos en un evento como este.

El hecho de que se den cita los máximos organismos electorales del hemisferio –en esta ocasión, de 24 países–, es algo que debemos valorar y aprovechar.

Pero no solo es bueno para el continente: es además un privilegio para mí país para Colombia que hoy seamos sede de esta reunión extraordinaria.

Más aún cuando estamos a poco más de tres meses de celebrar la elección de nuestras autoridades locales –gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles–.

No tengo ninguna duda de que esta reunión –y los asuntos que aquí  se han tratado– nos van a ayudar a que tengamos unos comicios exitosos, que podamos planear mejor nuestro futuro.

De nuestra parte, en Colombia hemos adelantado iniciativas que pueden servir de referente para los países que hoy nos visitan.

Aquí han destacado ampliamente nuestra Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral –URIEL–.

A través de esta instancia recibimos denuncias de los ciudadanos usando las nuevas tecnologías, vía Internet –con fotos, videos o audios–, de manera que podamos reaccionar de inmediato quienes somos responsables de garantizar algo tan importante para cualquier democracia como es la transparencia en las elecciones.

Otra experiencia para compartir es que, hoy en día, para hacerle seguimiento a la inscripción de cédulas –y alertar sobre casos de trashumancia electoral, que aquí conocemos o lo llamamos  “trasteo de votos”–, la Registraduría divulga en línea el número de personas que inscriben su cédula, municipio por municipio.

Es decir, tenemos la tecnología, que es algo muy importante, al servicio de la transparencia.

Como complemento, desde el Gobierno Nacional expedimos –el mes pasado– un decreto que le facilita herramientas a nuestro Consejo Electoral para que anule la inscripción de cédulas en lugares donde no tienen que estar.

¿Cómo detectar cuándo es extraño que una cédula esté inscrita en un lugar y o en otro? Ese siempre es el desafío.

Como una forma de apoyar esta tarea, dispusimos que la Registraduría cruce las bases de datos del censo electoral y los listados de personas inscritas en programas sociales que ofrece el Estado.

Si alguien cobra un subsidio social en un municipio, es por lo menos sospechoso que se desplace a votar a otro municipio distinto a votar.

Estamos haciendo todo lo posible para que quien resida en un lugar y resulte inscribiendo su cédula en otro –de manera injustificada–, no vote.  ¡Así de sencillo!

Además de trabajar “en llave” entre la Registraduría, el Consejo Electoral y el Gobierno, lo hacemos también con la Policía Nacional y la Fiscalía.

Ayer, no más, la Fiscalía llamó a interrogatorio a 618 personas por haber inscrito sus cédulas en municipios en donde no tienen vínculos reales, al parecer.

Actuamos coordinados y compartiendo información, no solo para enfrentar los delitos como la trashumancia, sino también contra la indebida financiación de campañas electorales. Este es un debate muy viejo, pero seguimos en ese mismo debate y nosotros también buscamos, como todas las democracias, ir perfeccionando nuestros sistemas. 

Hace unos días firmamos un Pacto por las Buenas Prácticas Electorales con los presidentes de los partidos políticos.

Se trata de un compromiso para que cada colectividad seleccione mejor, de forma más acertada, a sus candidatos, y se cerciore de que no tengan investigaciones que comprometan su integridad, especialmente por delitos relacionados con narcotráfico, que no tengan antecedentes fiscales, penales o disciplinarios.

Adicionalmente –en el marco de este pacto–, los partidos se comprometen a publicar, semana a semana, los gastos de campaña de sus grupos y de sus candidatos.

Lo harán a través de  “Cuentas Claras”, un aplicativo de nuestra Organización Electoral que tiene un propósito sencillo pero diría que fundamental: poner en conocimiento público el manejo que le dan al dinero para hacer proselitismo.

En el pacto los partidos también se comprometieron a fomentar el liderazgo de mujeres y jóvenes, además de promover las agendas propias de esos grupos sociales.

Ahora bien, más allá de un pacto de “buenas voluntades” entre los partidos, durante mi gobierno sacamos adelante una Ley –en el año 2011– en la que establecimos sanciones para las colectividades y para sus directivos.

Esas sanciones –que hoy vigentes– se aplican a quien avale candidaturas de quienes luego resulten condenados por narcotráfico o por vinculación con grupos armados ilegales –incluso si esos candidatos no resultan elegidos–.

Los partidos tienen hoy a disposición  la ventanilla única electoral para tramitar los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales e inclusive investigaciones abiertas en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia.

Ese es un buen “recorderis” para los partidos, que hoy están en este momento en la tarea de conformar listas e inscribir candidatos.

Estoy convencido, plenamente convencido, de que todo este trabajo conjunto que estamos haciendo y que hemos hecho –¬con las autoridades y sectores políticos– nos permitirá garantizar un proceso electoral en paz y libre de delitos que afecten nuestra democracia. 

Tenemos un muy buen precedente: las elecciones del año pasado no solo fueron exitosas, sino que registramos a estas elecciones como las más pacíficas de los últimos tiempos –un logro que nunca dudamos en reconocerle también a nuestra Fuerza Pública–.

Pero además de ese precedente, los anuncios recientes –relacionados con el conflicto armado y el proceso de paz, un tema que aquí ustedes han discutido en estos días– estoy seguro de que van contribuir también a que los comicios que se avecinan sean aún más seguros, más pacíficos, como también lo ha dicho el señor Registrador.

Por un lado, los negociadores del Gobierno y las  Farc van a acelerar las conversaciones sobre los últimos puntos de la agenda, y van trabajar sin descanso y sin pararse de la mesa, para llegar cuanto antes al fin de este conflicto, el conflicto más viejo de todo el continente, el conflicto más cruel, el único conflicto que tenemos en el continente americano. 

Al mismo tiempo, las Farc se comprometieron con un cese al fuego unilateral –lo que significa una suspensión de todas sus actividades ofensivas–, que en la medida que cumplan, será correspondido por un desescalamiento por parte de las Fuerzas del Estado.

¿Qué implica esto para el proceso electoral que se avecina, que tenemos en frente?

Que el proselitismo político y la jornada de elecciones se cumplirán –Dios mediante– en un entorno más tranquilo, en un entorno más seguro, incluso más que las elecciones de Congreso y presidenciales del año pasado, que fueron –como ya lo mencioné– las más tranquilas en muchísimo tiempo.

En todo caso, nuestras Fuerzas Armadas se mantendrán siempre listas, prestas, sin bajar la guardia y trabajando sin descanso para perseguir el delito y enfrentar toda amenaza contra nuestra población.

Cumplan o no las Farc, ahí seguirán incondicionales nuestros policías y nuestros militares para proteger la integridad de todos los colombianos y para salvaguardar algo tan importante para nuestra institucionalidad, para nuestra democracia, como son las elecciones.

Valga decir –ante los invitados internacionales que nos acompañan, ante ustedes– que hay razones para creer que podemos llegar al final de este conflicto, un conflicto de 50 años o más, por la vía del diálogo.

Como nunca antes, hemos avanzado en forma significativa en una negociación con las Farc.

Tanto así, que ya logramos acuerdos en 3 de los 5 puntos que estamos negociando. Nosotros comenzamos negociando en forma secreta durante casi año y medio una agenda muy precisa de 5 puntos, y acordamos que si lográbamos acuerdos sobre esos 5 puntos terminaría el conflicto.

Justamente el tema de “participación política” es uno de los tres puntos en los que ya llegamos a un consenso.

Ahí se habla de reformas importantes, de reformas necesarias para nuestro sistema electoral, especialmente en lo que se refiere a mejores garantías para elegir y ser elegido. Ese es uno de los temas que más dificultades encontró en la discusión sobre ese tema de la participación política.

La guerrilla no cree en nuestro sistema de justicia, no cree en nuestro sistema electoral. Pactamos toda una serie de garantías para que tengan la tranquilidad que el sistema electoral será el apropiado, transparente, para que tengan las garantías del caso.

Se trata también, por ejemplo, de promover la participación de comunidades que han padecido el conflicto y, por lo mismo, han tenido limitaciones para ejercer sus derechos políticos.

Buscamos una nueva apertura democrática que permita la inclusión de más voces en la discusión política y con las respectivas garantías. Algo que de todas formas las democracias deben buscar permanentemente. Es un proceso como de mejoramiento continuo y eso lo vivimos y lo vemos en todas las democracias del mundo.

Pero dentro de ese acuerdo también se contempla poner en marcha un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, porque hemos sido un país muy violento, porque este conflicto ha traído mucho sufrimiento, y muchas de las víctimas han sido candidatos o personas que han participado en el proceso electoral.

Se acordó, igualmente, un mecanismo para que –luego de terminar el conflicto y con participación de las organizaciones políticas nacionales– se expida un Estatuto para la Oposición.

Aquí en Colombia la oposición tiene sus derechos garantizados, pero nunca es suficiente. Siempre, como es natural, piden más y estamos dispuestos a  dar más, porque de eso se trata. Uno siempre tiene que pensar cuando legisla o cuando toma alguna decisión que bien puede estar el día de mañana en al otro lado en la  oposición. Por eso tiene abordar este tipo de discusiones con total amplitud, además de la trasparencia que eso significa. 

Se acordó –además– crear una Misión Electoral, conformada por expertos, para que nos dé recomendaciones sobre medidas que generen mayor transparencia y más participación en nuestro sistema electoral.

En resumen, nos pusimos de acuerdo en La Habana en lograr una mayor apertura democrática para la construcción de la paz.

Porque tenemos que entender que consolidar la paz requiere de dos cosas:

Uno, más participación ciudadana en un sistema electoral fortalecido, un sistema electoral sólido y un sistema electoral garantista.

Y dos, necesitamos romper –para siempre– el vínculo entre política y armas. ¡Ese el objetivo central de todo proceso de paz!

Si tenemos éxito en la negociación, nos faltan los puntos más complejos: el punto del fin del conflicto, que tiene que ver con el cese al fuego bilateral y definitivo, con la dejación de las armas, con la reincorporación de quienes hoy están en armas a la vida civil, eso lo hemos llamado el fin del conflicto, ese es uno de los puntos.

El otro punto que nos falta, el más difícil, es el punto de las víctimas. Nosotros tomamos una decisión desde el principio, audaz, sin precedentes en la historia de ningún proceso de paz, y es colocar a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Todos los acuerdos de paz que hemos hecho antes han sido entre victimarios, pero las víctimas siempre las habíamos dejado por fuera, y son las que deben estar en el centro  de la discusión.

Y sus derechos, su derecho a la verdad, su derecho a la reparación, su derecho a la justicia y su derecho a la no repetición. Ese es el tema que nos falta, crucial.

En el tema de la verdad ya eso lo evacuamos: creamos, como se ha creado en muchos de los países que han tenido proceso de esta naturaleza, la comisión de la verdad, porque muchas  veces las víctimas lo único que piden es que les digan: dónde está mi hija, dónde está mi familia, por qué masacraron un pueblo. Quieren saber el por qué, quieren saber la verdad.

La reparación: ahí Colombia también ha tomado pasos sin precedentes. Aprobamos, hace ya dos años largos, una ley histórica de reparación de víctimas y de restitución de tierras. En lo que llevamos después de aprobar esa ley, hemos reparado físicamente más de medio millón de víctimas. Eso no tiene precedentes en ningún proceso de paz, en ninguna parte del mundo en toda la historia. Nos falta todavía mucho.

Pero el tema central, el tema más complicado, es el tema de la justicia.

Ya no hay posibilidades de amnistías, como se decretaban en el pasado. Existe el Estatuto de Roma, nuestra propia Constitución, la comunidad internacional, la propia opinión pública colombiana no aceptaría una amnistía, como se pudo decretar en el pasado en otros países.

Además, que sirva de lección: todas las amnistías que se han decretado en América Latina en los últimos 50 años han sido en cierta forma invalidadas, tumbadas por la Corte Interamericana.

De manera que para tener seguridad jurídica, que es uno de los elementos fundamentales para tener una paz duradera y sostenible, necesitamos pasar por la justicia, por la justicia transicional.

Nos estamos estrenando, somos el primer país que está negociando un proceso de paz bajo el paraguas del Tratado de Roma. O sea que en cierta forma, y así me lo dijo la Fiscal de la Corte Penal Internacional, estamos sentando precedentes.

Algunos me dicen: Qué maravilla, eso es muy importante, porque como no hay precedentes, eso va a ser más fácil. Y la verdad es que no, todo lo contrario, lo hace más difícil, porque todo el mundo, literalmente el mundo entero, tiene los ojos puestos sobre Colombia.

¿Cuál va a ser la solución que vamos a encontrar? ¿Cuánto de justicia vamos a alcanzar que nos permita la paz? Ahí comienzan los diferentes intereses que están pensando en el futuro y en el precedente a jalar para su lado y para el otro. Por eso lo que decidamos va a ser tan importante. Ese es el gran reto.

La guerrilla dice, con cierta razón, un argumento fuerte: ¿Por qué vamos a tener que ser nosotros los primeros en el mundo en entregar las armas para ir a la cárcel? Es una argumentación muy válida. La respuesta: porque el mundo ha cambiado.

Para tener seguridad jurídica, no solamente por parte de la guerrilla, de todos los actores del conflicto que han cometido delitos contra los derechos humanos, delitos internacionales, crímenes internacionales, tienen que pasar por el cedazo de la justicia, para que este conflicto cierre definitivamente.

De manera que si logramos llegar a acuerdos sobre ese punto, es el punto que nos falta, estoy seguro de que de que contaremos en su momento con el apoyo de organismos internacionales, de expertos como ustedes, para implementar en la práctica y en forma técnica todas estas reformas.

En todo caso, también comprendemos que nuestro deber es profundizar nuestra democracia aquí en Colombia, con o sin guerrilla, con o sin Farc. Esa es la responsabilidad de todo demócrata.

Al margen de las discusiones en Cuba –y más allá de las elecciones que se avecinan–, hemos venido adelantado esfuerzos para tener una democracia más transparente, sólida y representativa.

Desde el Gobierno, por ejemplo, hemos buscado fortalecer la participación política de las mujeres y de las juventudes.

En el Plan Nacional de Desarrollo –que se aprobó este año en el Congreso– incluimos acciones y metas para aumentar la participación política de estos grupos específicamente.

Una de las iniciativas más recientes fue el lanzamiento –este mismo mes– de la estrategia “Más Mujeres, Más Democracia”, con el apoyo de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.

Allí nos propusimos objetivos concretos, desde conseguir que los partidos y movimientos postulen a más lideresas en cargos de elección popular –y que, en efecto, ganen–, hasta capacitar a candidatos y candidatas sobre las agendas de igualdad de género y derechos de la mujer.

En este propósito, la Organización Electoral ha sido clave en el control efectivo a las colectividades para que cumplan con la Ley de Cuotas –que en Colombia obliga a presentar, para corporaciones públicas, listas con al menos un 30 por ciento de candidatas–.

Igualmente, nuestra Organización Electoral se ha encargado de garantizar que los recursos públicos –otorgados a los partidos– se inviertan debidamente en formación para mujeres, jóvenes y grupos étnicos.

Pero, bueno, ya habrán tenido oportunidad de discutir estas y otras iniciativas con las autoridades electorales de nuestro país, de manera que no me extiendo más.

Por lo pronto, quiero aprovechar esta reunión para asegurarles a los colombianos y al mundo, a ustedes, que estamos trabajando con la Registraduría, con el Consejo Nacional Electoral, con los organismos de control, con la fuerza pública, con las autoridades territoriales, los gobernadores y los alcaldes, para que el 25 de octubre tengamos unas elecciones con transparencia y con seguridad.

Como ustedes –líderes de los organismos electorales del hemisferio– somos unos convencidos de que la cooperación y el intercambio de conocimiento nos permiten asumir mejor nuestros respectivos procesos electorales.

Al final, todos queremos lo mismo: sistemas cada vez más eficientes, donde nuestros pueblos tengan mejores garantías para expresarse libremente a través de las urnas.

En nuestro caso particular tenemos una motivación adicional: avanzar hacia a una sociedad en la que resolvamos nuestras diferencias por medio del debate, cambiar las balas por los votos y así tendremos paz.

Muchas gracias.