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SIG

 

 Alocución del Presidente Juan Manuel Santos con anuncios sobre el proceso de paz

 Bogotá, 10 mar (SIG).

​Colombianos:

Cada vez somos más conscientes de que el proceso de paz que adelantamos –y que entra en una fase definitiva– es la mejor oportunidad que hemos tenido en nuestra historia para acabar con la guerra.

Y hemos avanzado mucho… más que nunca antes.

Ya tenemos acuerdos sobre los tres primeros puntos de la agenda: desarrollo rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas.

Y estamos trabajando simultáneamente en los dos últimos puntos: la satisfacción de los derechos de las víctimas y la terminación del conflicto propiamente dicho, que implica la dejación de armas y la reincorporación de los excombatientes a la sociedad civil.

En el tema de las víctimas, 60 de ellas fueron a La Habana para dialogar con los negociadores y exponerles sus historias, sus angustias, sus propuestas, sus expectativas. ¡Porque las víctimas –por primera vez– están en el centro de la solución del conflicto!

En cuanto a la dejación de armas y la reincorporación, está funcionando ya una subcomisión que cuenta con la participación de 5 generales y 1 almirante en servicio activo, lo que debe dar la mayor tranquilidad a los colombianos y a nuestras Fuerzas Armadas.

Son ellos quienes más saben y mejor pueden asesorarnos para que estos pasos fundamentales se den de la mejor manera.

Ya se cumplió la primera reunión de la subcomisión, y se realizó dentro de un ambiente de absoluto respeto.

Claro está que más allá de los adelantos en la Mesa de Diálogo en La Habana, los colombianos quieren sentir que la guerra disminuye.

Es cierto que tomamos la difícil decisión de dialogar en medio del conflicto, pero eso no significa que no podamos comenzar a desescalarlo, evitando –por ejemplo– que afecte a civiles y a niños.

Es lo lógico –por el progreso que se ha logrado–. Y es lo conveniente.

Se han dado ya importantes avances en este sentido –que todos quisiéramos que fueran más, muchos más, pero hay que valorarlos como pasos en la dirección correcta–:

En primer lugar, el cese al fuego unilateral e indefinido declarado desde diciembre pasado por las FARC.

En segundo término, el anuncio de este grupo de su decisión de no reclutar menores de 17 años en sus filas.

Y, en tercer lugar, el acuerdo –que se logró el pasado fin de semana– para poner en marcha, bajo la coordinación de una organización noruega, un proyecto de desminado humanitario, comenzando por las poblaciones más afectadas.

Este será un trabajo en el que participarán miembros representantes de las FARC –sin uniforme, sin armas y previa suspensión temporal de las órdenes de captura de acuerdo con la ley–. ¿Para qué? Para brindar la información requerida y acompañar el proceso de desminado que hará el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario de nuestro Ejército.

Ese batallón –de hecho– ya viene realizando esta labor pero ahora podrá cumplirla en aquellos municipios donde, por razones del conflicto, no había podido hacerlo todavía.

Así avanzamos hacia un país donde nuestros niños, nuestros campesinos, puedan recorrer sus campos sin temer el estallido de una mina que acabe con sus vidas o los deje lisiados.

Las minas antipersonal son una llaga en el corazón y una vergüenza de Colombia que vamos a eliminar.

¡Qué maravilla que no exista ningún sitio vedado en nuestro país para el trabajo y la convivencia pacífica! Eso es lo que todos queremos.

En cuanto al cese al fuego unilateral e indefinido que anunciaron las FARC el 18 de diciembre, hay que reconocer que lo vienen cumpliendo.

Así me lo han confirmado los comandantes militares y de Policía, y los gobernadores y los alcaldes en los territorios.

Por esa razón –y para impulsar el desescalamiento del conflicto–, he decidido dar la orden al Ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes.

Al cabo de ese tiempo haremos una nueva revisión del cumplimiento del cese unilateral por parte de las FARC y –de acuerdo con sus resultados– decidiremos si continuamos con esa medida.

En todo caso no vamos a renunciar a los bombardeos si vemos una amenaza inminente sobre una población.

La fuerza pública seguirá cumpliendo su obligación de proteger a todos los colombianos, y no va a descuidar un solo centímetro de nuestro territorio.

Y que quede claro: si, como resultado de nuestros patrullajes, del control militar del área, ocurren enfrentamientos, esas son las reglas de juego.

Ahora bien, para mejorar la seguridad no basta con bajar la intensidad del conflicto con las FARC: tenemos que enfrentar todas las amenazas.

Hace un par de semanas convoqué el Consejo Nacional de Seguridad, donde ordené desarrollar un plan de despliegue de las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio para consolidar los logros en seguridad, copar los espacios, y asegurar que –si se firma un acuerdo final– podamos brindar garantías a los habitantes de los territorios y a quienes dejen las armas.

Al mismo tiempo, se decidió desarrollar y poner en marcha una estrategia integral focalizada, es decir, adaptada a cada región, contra las bandas criminales –que pondremos en marcha junto con la Fiscalía–.

El crimen organizado se convierte en objetivo de alto valor.

También ordené a la Policía Nacional que revise todos sus planes y enfrente con toda la decisión, con toda contundencia, delitos como el hurto y la extorsión, que son los que más afectan al ciudadano común.

Igualmente, vamos a incrementar las acciones contra el narcotráfico –ya las estamos incrementando– y la minería criminal.

Lo que queremos, lo que buscamos, es que la seguridad ciudadana mejore en cada rincón del territorio nacional.

Esas son mis instrucciones a los comandantes de las Fuerzas Militares y al Director de la Policía Nacional.

Y quiero dejar claro que la suspensión de bombardeos a campamentos de las FARC en nada afecta las operaciones en contra del ELN.

Esta organización –en lugar de entrar en sintonía con el desescalamiento y la búsqueda de la paz– ha continuado, y hasta incrementado, sus actividades delictivas.

Por esa razón, vamos a intensificar nuestras operaciones militares y de policía en su contra. 

Yo espero, de verdad, que al ELN no lo deje el tren de la paz.

*****

Y ahora quiero hacer un llamado, muy especial, a todos los colombianos y colombianas que me escuchan.

La paz es de todos y para todos, y la buscamos por nuestros hijos, por las nuevas generaciones de colombianos, que pueden y deben ser la generación de la paz.

Por eso los invito a todos a que nos ayuden a construirla, así se hayan opuesto antes al proceso.

Nuestro deber es unirnos para sacar adelante esta etapa definitiva, y para construir luego –juiciosamente– un posconflicto donde haya más seguridad y bienestar, más equidad y mejor educación.

Sabemos que los dos últimos puntos de la agenda son los más complejos y los más delicados. Y faltará luego la implementación.

El Plan Nacional de Desarrollo –que está para aprobación del Congreso– crea un Consejo Interinstitucional del Posconflicto, que yo voy a presidir.

Este consejo estará coordinado por el Ministro Consejero para el Posconflicto –el general Oscar Naranjo– y contará con la participación de varios ministros y altos funcionarios, para asegurarnos de que todo el gobierno trabaje coordinadamente para consolidar la paz, y de que las tareas del posconflicto se implementen y ejecuten eficazmente.

Pero quiero insistir: el proceso entra en una etapa definitiva, y es ahora cuando más necesitamos unirnos, cuando más necesitamos de todos, para sacarlo adelante.

Pensando en esto, he decidido crear una Comisión Asesora para la Paz, con un carácter incluyente y pluralista, que reúna a las diversas tendencias de la opinión pública.

Será un grupo de destacados colombianos –cuya experiencia, independencia y compromiso con el país son indiscutibles– que me van a asesorar y a acompañar en la conducción de esta última fase del proceso de paz.

No es una comisión partidista. Tampoco se trata de personas necesariamente afines al Gobierno, ni su inclusión significa que hagan parte de éste ni que compartan lo que estamos haciendo.

Con esta Comisión queremos ampliar el espectro de las personas que, al lado del Presidente, enriquezcan la reflexión y contribuyan al proceso, manteniendo su independencia crítica.

La convocaré cada vez que considere necesario para que el equipo negociador les informe de los avances del proceso, y escucharé sus recomendaciones con toda atención.

Ya he invitado –y han aceptado participar en esta comisión– a Clara López y a Antanas Mockus, que fueron, en su momento, mis contendores electorales.

A ellos se suman personas de la talla del cardenal Rubén Salazar; Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia; Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, y el general retirado y exministro de Defensa Rafael Samudio. 

También estarán la exsenadora y antigua miembro del M19, Vera Grabe; la exministra y presidenta de la Corporación Manos Visibles, Paula Moreno, y la destacada líder indígena Ati Quigua.

¡Gracias a todos ellos! Gracias por su contribución al bien supremo de cualquier sociedad, como es la paz.

Su participación no los compromete a apoyar el proceso, ni compromete su capacidad de crítica o su independencia.

Lo que quiero es escuchar muchas voces y que me ayuden a acertar.

Porque la búsqueda de la paz hay que hacerla con humildad y con total conciencia de que nadie es infalible.

Invité también al expresidente Andrés Pastrana, a Oscar Iván Zuluaga y a Marta Lucía Ramírez.

La invitación sigue vigente, y las puertas de la Comisión estarán abiertas para que participen y hagan sus aportes.

*****

Porque la paz no la puede hacer solo el Presidente de la República, ni mucho menos le pertenece a Juan Manuel Santos.

La paz es de TODOS los colombianos.

Por eso los necesito a todos, no importa si son críticos del proceso.

Lo que importa es que dejemos atrás –por fin– medio siglo de violencia.

Podemos lograrlo... UNIDOS podemos lograrlo, y lo tenemos que hacer.

Buenas noches.