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 Declaración del Presidente Juan Manuel Santos al término de la reunión con los dignatarios de las Altas Cortes

 Bogotá, 18 mar (SIG).

​Muy buenas tardes.

Hemos estado reunidos los tres poderes públicos: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Son las tres ramas que componen nuestra democracia. Una democracia que es un conjunto de instituciones que deben funcionar en armonía y con efectividad.

Nos hemos reunido para discutir en forma franca y desprevenida la situación reciente que se ha presentado y las críticas, las opiniones que se han generado. Y hemos tenido un intercambio de opiniones para ver cómo podemos dirigir el Estado hacia el mejor puerto, hacia un puerto seguro, fortaleciendo nuestras instituciones y fortaleciendo nuestra democracia.

Las instituciones se componen de personas. Unas instituciones funcionan mejor que otras. Cuando no funcionan se reforman a través de las leyes, a través de reformas de las propias instituciones, a través de los procedimientos.

Y la composición de esas instituciones, o sea las personas, pues también hay mecanismos para ir mejorando o corrigiendo falencias que se vayan presentando.

Y en ese orden de ideas, guardando la independencia de cada poder, que ese es un principio sagrado de la democracia y afortunadamente aquí en nuestro país se impone esa independencia de cada poder y al mismo tiempo nuestra Constitución nos obliga a trabajar en forma armónica, en forma coordinada, para buscar los mejores resultados que exige la ciudadanía.

Y es dentro de ese espíritu que discutimos una serie de medidas, de reformas, de recomendaciones, que en este momento, en esta coyuntura, podemos poner en marcha precisamente para corregir algunos aspectos, reformar otros y mejorar el funcionamiento de nuestra democracia y de nuestra justicia.

Lo que quisiera informarles y reiterarles a los ciudadanos es que las instituciones hay que defenderlas.

Por ejemplo, nuestra Corte Constitucional es una institución, una institución que ha venido trabajando durante 23 años con una eficacia difícil de repetir en cualquier otro país, ha generado una gran credibilidad. Y esa institución no puede caer en desprestigio porque alguno de sus integrantes haya cometido una equivocación, un error o haya hecho algo indebido.

Las instituciones que están funcionando, si tienen algunos defectos se corrigen esos defectos y deben continuar su vida útil fortaleciéndola cada vez, más porque así es como fortalecemos la democracia.

Y en ese orden de ideas fue que presentamos ante el Congreso de la República la Reforma de Equilibrio de Poderes donde ya –desde antes, desde antes de los hechos recientes– teníamos una serie de propuestas para precisamente mejorar el funcionamiento de nuestra justicia, el funcionamiento de nuestras instituciones.

Esos –quiero recordar– los puntos que tienen que ver con ese propósito de fortalecer nuestra justicia, de corregir algunas dificultades, algunas falencias, y de permitir que el pueblo colombiano recobre su confianza en la institucionalidad, que es la base de nuestra democracia.

Por ejemplo, uno de los temas que podemos ver con toda claridad es que a veces fallan las personas, que a veces las personas apropiadas no están cumpliendo con su deber, muchas veces porque les falta preparación o por otros motivos.

¿Ahí qué se hace?

Se establecen unos requisitos superiores, más rígidos, para, como por ejemplo, elegir magistrados. Eso lo contiene esta reforma que está en el Congreso.

Se crea una serie de inhabilidades para el nombramiento de los magistrados para acabar con la llamada “puerta giratoria”, que ha sido una de las dificultades que ha generado problemas, que ha generado críticas. Y ese aspecto se corrige en la reforma que está en el Congreso.

La parte de la gobernabilidad, de la gerencia de la justicia, está en la esencia de su eficacia. Cómo se maneja una institución determina sus resultados, su relación con la ciudadanía.

Ahí, sin duda alguna, se han presentado problemas, eso el país lo ha venido discutiendo desde hace ya algún tiempo. Y por eso precisamente en la reforma se modifica esa forma de gobernar el Poder Judicial, se elimina el Consejo Superior de la Judicatura y se reemplaza por unos órganos que van a ser más eficientes y más eficaces en la administración de todo lo que tiene que ver con la Rama Judicial.

Se crea un Tribunal de Aforados, porque nadie puede quedarse sin un juez, sin una instancia que lo investigue.

Este Tribunal de Aforados, que ya está en la reforma, se fortalece. Y se le pretende dar –y esto fue una discusión que tuvimos en esta reunión–, se le pretende dar –y vamos a proponerles a los congresistas que incluyan ese aspecto–, la capacidad de dictar medidas cautelares para establecer la indignidad de algunos funcionarios y que eso se separe del aspecto puramente penal.

O sea, un régimen de causal de indignidad que tenga este Tribunal de Aforados.

Todos los nombramientos de la Rama Judicial serán hechos mediante un proceso de meritocracia. Eso debe tener un impacto muy positivo, porque –repito– las instituciones las componen las personas. En la medida en que uno le dé garantías a la institucionalidad, a la ciudadanía, de que la escogencia de esas personas se va a hacer con los mejores procedimientos posibles, ahí estamos contribuyendo enormemente al funcionamiento, en este caso, de la justicia.

Se discutieron medidas adicionales, recomendaciones adicionales. Por ejemplo, se va a presentar un proyecto de ley, el Ministro de Justicia va a presentar un proyecto de ley fortaleciendo expresamente la prohibición del cabildeo en la Rama Judicial.

Creemos que es oportuno y que es necesario, porque lo que hoy existe se considera un tanto difuso. Por eso creemos que, dadas las circunstancias y lo que ha sucedido, un proyecto de ley con ese fin es necesario.

Respetuosamente se le sugirió a la Corte Constitucional que siga con su trabajo, que ya viene haciendo, de reglamentar de forma clara, transparente y eficaz la escogencia de las tutelas. Esto nos parece que dadas también las circunstancias que estamos viviendo, es un paso que va a darle mayor confianza a toda la institucionalidad y a la Corte Constitucional en particular.

También sugerimos a la Corte, también de forma muy respetuosa, que traten de acortar, en la medida de lo posible, los tiempos entre el momento en que se anuncia un fallo y el momento en que se publica ese fallo.

Y hay algo que discutimos mucho, que tiene que ver también con los procedimientos para mejorar, para autorregularse. Y es la incapacidad en este momento, pero la necesidad de dotar a las Cortes de procedimientos que les permitan disciplinarse al interior de las propias cortes; de autorregularse para poder ejercer un mayor control sobre sus procedimientos.

Esa autorregulación es algo que cada Corte hará. Pero hacemos un llamado –y todos están de acuerdo–, que es algo que se recomienda y que es necesario.

Y ahí también, en esa autorregulación, se puede llegar a dictar medidas cautelares al interior de las propias Cortes, incluyendo la suspensión de magistrados que pertenezcan a ellas.

El señor Fiscal (Eduardo Montealegre) sugirió algo que me parece pertinente y apropiado, y es que el Tribunal Disciplinario que se va a crear en la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tenga un poder prevalente que incluya la capacidad de disciplinar también a los abogados.

Y ahí discutimos con mucho interés, y me pareció una discusión también muy rica, la necesidad de ir elevando la calidad de los propios abogados. Porque muchas veces es ahí donde se han generado los problemas en la justicia.

El señor Presidente de la Corte Suprema (magistrado José Leonidas Bustos Martínez) decía, por ejemplo, que las universidades no puedan expedir el título de abogado sino cuando los abogados, como existe en otras partes del mundo, hayan pasado unos exámenes mínimos para tener la seguridad de su conocimiento de la Ley y de su conocimiento del Derecho, para poder ejercer con propiedad esta profesión tan importante.

De manera que con estas recomendaciones y con estas señales que queremos darle al Congreso de la República en su discusión y al interior de las Cortes y al interior del propio Gobierno, porque también discutimos la necesidad de que en el Gobierno mismo podamos colaborar con más eficacia en la administración misma, con recursos, con presupuesto, para que el Poder Judicial tenga las capacidades necesarias, porque sabemos que hay falencias, sabemos que hay un déficit de jueces y que ahí también tendremos que hacer esfuerzos adicionales.

Algunos dicen que hagamos grandes reformas. Inclusive hablan de asambleas constituyentes.

Ese no es el camino. Ese no es el camino, el camino es utilizar los mecanismos que nuestra propia democracia nos ha otorgado para ir reformando las instituciones, los procedimientos, para ir mejorando la composición de esas instituciones, es decir, las personas que la componen y así ir corrigiendo los problemas de nuestra democracia en general y de nuestra justicia en particular.

Este Gobierno ha venido haciendo –como lo decía el señor Ministro de Justicia (Yesid Reyes), lo ha repetido en diversas ocasiones–, ha venido aprobando en el Congreso una serie de reformas, que si uno las suma y las presenta en su conjunto, ya se ha hecho una gran reforma a la justicia.

Y si a eso le añadimos lo que está en discusión y lo que se va a agregar, siempre y cuando se respete el principio de la consecutividad, al Equilibrio de Poderes, ahí estamos reforma reformando en forma positiva el funcionamiento de la justicia.

Las democracias, como decía Winston Churchill, están llenas de defectos. Pueden ser sistemas unas veces que no dan los resultados que la gente espera en un momento determinado. Pero es el mejor de los sistemas, porque no hay un sistema que nos garantice mejor nuestros derechos.

Y por eso tenemos que defender a toda costa nuestra institucionalidad, que es la base de nuestra democracia. Y la defendemos precisamente reformando las instituciones, reformando las leyes y mejorando las personas cuando las circunstancias lo ameritan, como en estos momentos lo estamos proponiendo.

Muchas gracias.