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 Alocución del Presidente Juan Manuel Santos con anuncios sobre la justicia

 Bogotá, 24 mar (SIG).

​Colombianos: Esta mañana conocimos unos datos de avance en nuestra lucha por la equidad que no dudo en calificar de extraordinarios.

De acuerdo con ellos, en los últimos 5 años han salido de la pobreza 4 millones 400 mil compatriotas y han superado la pobreza extrema más de 2 millones y medio.

Esto nos coloca entre los países no solamente de mayor crecimiento en la región y en el mundo, sino –lo que para mí es más importante– entre los que más han avanzado en la lucha contra la pobreza.

Y hoy mismo, la misión del Fondo Monetario Internacional, después de 15 días de analizar las cifras y las políticas del país, comenzó su informe con las siguientes palabras:

“El impresionante récord de crecimiento de Colombia en los últimos años y el avance en los indicadores sociales se basa en la aplicación exitosa de un conjunto de políticas que ha asegurado la estabilidad macroeconómica y ha fortalecido la resistencia a los choques externos”.

Nada de esto es gratuito.

Todo es el producto de un trabajo conjunto del Estado y la sociedad civil, y sobre todo del trabajo y funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y republicanas.

Para lograr estos resultados se combinaron la iniciativa y la ejecución del Gobierno, el debate y las leyes del Congreso, y la acción jurídica de nuestras Cortes, incluyendo las tutelas que han sido un pilar de la protección de los derechos de los colombianos.

En particular, la Corte Constitucional –en sus 23 años de existencia– ha sido pionera en la defensa de las minorías, en el arraigo y respeto de los derechos fundamentales, y en la preservación del principio democrático de sucesión efectiva en el poder.

Si algo nos distingue –dentro del escenario mundial– es que tenemos la democracia más antigua de América Latina donde, a pesar del conflicto, funcionan las instituciones y opera una división real de poderes.

Esa institucionalidad –y muy en particular, la de la Justicia– tenemos que preservarla y defenderla pero –cuando sea necesario– tenemos que reformarla y mejorarla, porque es el soporte de nuestro Estado de derecho.

Las instituciones –por supuesto– pueden fallar porque están conformadas por seres humanos, pero esto no significa que, cuando fallan, debamos acabarlas pues ello solo conduciría al caos, a la anarquía, al caudillismo y a la justicia por la propia mano, que es la fórmula del fracaso de cualquier sociedad.

La solución a los problemas de las instituciones tenemos que hallarla dentro de la misma institucionalidad, y no por fuera.

En este sentido, las presuntas irregularidades que se han conocido por estos días frente a trámites en la Corte Constitucional no pueden llegar al extremo de satanizar nuestras instituciones judiciales, ni de comprometer la existencia misma de esa corporación.

Mucho menos se puede alimentar la idea de que hay que revocar a todos los magistrados, o alentar la convocatoria de una asamblea constituyente sin que se conozca siquiera cuál sería su propia temática.

No podemos ni vamos a dar un salto al vacío.

No permitiré que se pongan en peligro las instituciones que hemos construido y preservado con tanto esfuerzo, ni que se pretenda reemplazar el Estado de Derecho por una especie de Estado de Opinión, donde prevalezca la versión del que más ruido haga, por encima de los conductos legales.

Cuando fallan las instituciones es porque fallan los seres humanos que las conforman o los procedimientos que las rigen, y es sobre estos factores sobre los que debemos actuar en lugar de seguir por el camino fácil de demoler la institución.

Es como pretender –por ejemplo– que si un jugador se porta mal hay que acabar con el equipo. No... ¡Al jugador se le saca tarjeta roja!

En las actuales circunstancias lo que procede es que nuestras instituciones democráticas actúen, y eso significa que las investigaciones se lleven a cabo por su cauce normal.

Como Jefe de Estado, le pido a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que obren con sentido de responsabilidad, y que adelanten y aceleren las investigaciones sin limitaciones ni cálculos políticos.

Y les pido que lleguen hasta las últimas consecuencias, investigando a todos –repito–,  A TODOS aquellos sobre quienes recaiga cualquier sospecha o denuncia de una actuación ilegal o irregular.

¡Aquí no hay intocables! No podemos tolerar –¡y no vamos a tolerar!– el más mínimo indicio de corrupción entre quienes detentan las mayores jerarquías de la Justicia o cualquier otra rama del poder.

Cuando un colombiano ocupa un alto cargo en el Estado, jura cumplir la constitución y las leyes y –si no lo hace– no solo traiciona su propio juramento sino que traiciona a la Patria a la que prometió servir.

Y así es como debemos tratar a los corruptos: ¡como traidores a la Patria!

También invito a todas las partes comprometidas y a mis compatriotas, a que no politicen los procesos investigativos en curso.

Tiene que acabarse ese mecanismo de distracción en el que todo investigado por corrupción u otros actos ilegales se defiende alegando persecución política.

¡Aquí no se persigue a nadie políticamente! Esos tiempos no volverán en Colombia.

Solamente demandamos el acatamiento a la ley y la pulcritud en el manejo de los poderes del Estado. Ni más ni menos.

Si fallan las personas, que se investigue y se sancione a las personas. Pero –insisto– sin hacer tabla rasa de lo que nos regula como sociedad.
 
Reformas estructurales

Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar quietos. ¡No! Las actuales circunstancias exigen que actuemos, y con celeridad.

Por eso –luego de escuchar a las distintas ramas y órganos del poder, así como a distintos sectores de nuestra sociedad–, como Gobierno vamos a impulsar diferentes reformas que blinden la integridad de nuestra justicia y nuestra institucionalidad, y corrijan las falencias que han salido a flote.

Es lo que nos corresponde.

Primero: hay que romper, de una vez por todas, el cordón umbilical entre la política y la justicia, que tanto daño ha hecho. Esa es tal vez la mayor falencia.

 ¿Y cómo lo haremos?

Vamos a aprovechar la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes que está a consideración del Congreso para asegurarnos de que la política no participe en la selección de magistrados y jueces.

Y también vamos a asegurarnos de que estos no intervengan en la designación de los altos funcionarios del Estado con representación política.

En adelante la meritocracia debe ser el procedimiento para seleccionar a los magistrados, y que sean las propias Cortes quienes los designen, sin consideraciones políticas ni partidistas.

Después de la reforma del equilibrio de poderes, no volveremos a ver a los jueces de nuestro país participando en la elección del Contralor General o de los contralores departamentales, y habrá que discutir que tampoco lo hagan en la designación del Procurador General de la Nación y el Registrador Nacional del Estado Civil.

Porque queremos jueces que se concentren en juzgar y que no se distraigan en funciones electorales.

En cuanto a las postulaciones de magistrados que me corresponda hacer como Presidente, vamos a poner en práctica la autorregulación para que quienes sean elegidos sean los más capaces, los más probos, los más éticos…

Ayer conocimos que en el año 2008 una coalición de veedurías ciudadanas  denominada Elección Visible propuso el texto de un decreto de autorregulación para dar trasparencia y visibilidad al mecanismo de selección de nuestros magistrados, con participación de la sociedad civil.

Lo vamos a acoger sin más pretextos ni dilaciones. Mañana mismo expediré este decreto e invito a los demás poderes públicos a adoptarlo sin reservas.

La Corporación Excelencia en la Justicia ha elaborado, además,  unos códigos de ética para que sean adoptados por las diferentes cortes. Aquí los tengo. Con todo el respeto les pido a las Cortes que los adopten.

Segundo: Todos sabemos que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no ha sido un instrumento eficaz para investigar a los altos funcionarios que tienen fuero especial.

Por eso, en la reforma constitucional en trámite estamos proponiendo reemplazarla por un Tribunal de Aforados con más facultades, con más dientes para hacer su tarea.

Y no será un tribunal que solo investigue, sino que acusará directamente ante el Congreso en pleno a los funcionarios aforados, con el fin de agilizar el proceso. Y el Congreso, en un término perentorio, evaluará la conveniencia de dar trámite a la acusación.

Y ¿cómo será ese Tribunal de Aforados? Será un Tribunal técnico elegido por un concurso de méritos, compuesto por personas idóneas en las labores de investigación.

Tercero: También queremos corregir y mejorar la administración de la Justicia. Esta es otra de sus grandes falencias.

Para ello, en la reforma se eliminará el Consejo Superior de la Judicatura y se sustituye por un nuevo modelo de administración en el que se conserva la presencia de las altas Cortes en un órgano colegiado que fijará las políticas de la Rama.

Y se deja toda la administración en una gerencia que se pretende sea fuerte, responsable y profesional.

Así, vamos a lograr un sistema de gestión judicial más simple y eficaz, respetando la autonomía de la Rama.

Paralelamente, se creará una Dirección de la Magistratura que se encargará de administrar la carrera judicial y los concursos de mérito de donde saldrán los nombres de magistrados y jueces. 

Cuarto: Es urgente acabar con la llamada “puerta giratoria”  en que los magistrados saltan de una corte a otra.

Vamos a garantizar –en este sentido– que quienes hayan sido elegidos para una magistratura no puedan luego votar para elegir a aquellos que intervinieron en su designación.

Así se garantiza que en esas elecciones no participen personas que llegaron a sus posiciones con el voto de uno de los aspirantes al nuevo cargo.

En otras palabras, se acaba el “yo te elijo, tú me eliges”.

Quinto: También queremos asegurarnos de que quienes lleguen a magistrados sean los mejores, los de más experiencia, los que tengan un recorrido profesional suficiente para ejercer tan alta responsabilidad.

Para eso vamos a proponer aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado.

Porque lo ideal es que quien llegue a magistrado entienda que llega a la cúspide de su carrera profesional y jurídica.

*****

Pero los cambios van más allá de la reforma constitucional que estamos proponiendo. Hay otras medidas que tomaremos por ley o por decreto.

Para que las mismas Cortes puedan autorregularse y disciplinarse, vamos a presentar un proyecto de ley estatutaria, con mensaje de urgencia, que permita que los reglamentos de las corporaciones judiciales suspendan, como medida cautelar, a sus propios magistrados cuando se encuentren en una situación patente de indignidad.

También queremos preservar la tutela, que ha sido un avance inmenso en la protección de los derechos de los colombianos.

Tenemos claro que la tutela es para defender, sobre todo, a los más débiles y vulnerables.

Por eso es necesario que la Corte Constitucional avance en la modificación de sus reglamentos para garantizar que la revisión de tutelas se oriente principalmente al amparo de los derechos fundamentales de los sectores sociales más necesitados.

Algunos han identificado que parte de los escándalos tienen que ver con la tutela contra sentencias, que genera inseguridad jurídica y el llamado “choque de trenes”, y que expone a la Corte Constitucional a presiones indebidas.

Por eso estamos promoviendo medidas para racionalizar la tutela contra sentencias, evitando que se afecte la gran confianza que hoy tienen los colombianos en este mecanismo.

Y no queremos más abogados visitando las Cortes para tratar de influir en las decisiones de los magistrados.

Para evitarlo, el Ministerio de Justicia presentará un proyecto de ley en el que se redoblará la prohibición de cabildeo judicial y se señalarán severas consecuencias por su incumplimiento.

Igualmente, es muy importante que las sentencias de la Corte Constitucional se publiquen a más tardar dentro de los tres días siguientes a la decisión respectiva, pues las demoras en su expedición crean espacios para la intriga.

Por ello, instamos a la Corte para que modifique sus reglamentos en este sentido, además de que se tomen las medidas necesarias para que las sentencias –en esta o cualquier otra Corte– no se filtren antes de su publicación oficial.

Y quiero terminar enviando un mensaje a los abogados sobre la moral en el ejercicio del Derecho, pues en su correcta aplicación se basa la operatividad y la pulcritud de nuestras instituciones.

Invito a fortalecer las colegiaturas, y a mejorar no solo la autorregulación de esta profesión sino el control ético de sus actuaciones.

Porque la ética –que a nadie le quepa duda– sí tiene mucho que ver con el Derecho, con el buen gobierno y con todo el funcionamiento del Estado.

En este sentido, he dado instrucciones al Ministro de Justicia para que presente de inmediato el proyecto de ley que instaura el examen de Estado para los abogados, de manera que, en lo sucesivo, solamente podrán ejercer esta profesión quienes acrediten la formación, el conocimiento y la idoneidad suficientes.

En síntesis:

1- Vamos a cortar el vínculo entre política y justicia que ha sido la fuente de sus males;

2- Vamos a garantizar que todos los altos funcionarios del Estado sean investigados y acusados debidamente cuando comentan una falta;

3- Vamos a corregir y hacer más eficiente la administración de justicia;

4- Vamos a cerrar la “puerta giratoria”, y

5- Vamos a tomar medidas para mejorar el capital humano, es decir, que solo lleguen los mejores a las magistraturas.

También buscaremos mejorar el procedimiento de las tutelas para que cumplan su finalidad de proteger a los más débiles.

Y trabajaremos para que todos –absolutamente todos– sobre quienes recaiga una sospecha o una denuncia sean debidamente investigados, hasta las últimas consecuencias.

Con todo este marco de reformas –que se une a los códigos expedidos, a las otras reformas ya realizadas y a los cuantiosos recursos destinados–, vamos a ofrecerles a los ciudadanos una justicia más pronta, cumplida y oportuna.

Así es como podemos encontrar una salida institucional a las fallas de nuestras instituciones judiciales.

Recordemos las palabras de nuestro gran prócer, Francisco de Paula Santander:

“No haya más que un partido entre nosotros: EL DE LA LIBERTAD BAJO LAS INSTITUCIONES JURADAS”.

Buenas noches