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 Palabras del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el XXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

 Paipa, Boyacá, 2 oct (SIG).

¡Qué importante es la justicia! Si a alguien le quedaran dudas, basta con observar y analizar los acontecimientos de los últimos días.

En el proceso de paz hemos logrado acuerdos sobre temas de gran trascendencia, como el desarrollo rural integral, la participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas. Incluso pactamos la creación de una comisión de la verdad.

Pero nada –nada hasta el momento– ha generado tanta expectativa, tanta discusión, tanto interés, como el acuerdo que anunciamos el miércoles de la semana pasada en La Habana sobre las bases de un sistema de justicia para la paz.

Lo dije hace menos de dos meses, en el Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, que se dedicó precisamente al tema de la justicia transicional.

En esa reunión, en Cartagena, les dije que el escollo más grande que teníamos para avanzar hacia el acuerdo final, era el tema de la justicia: cómo garantizar a las víctimas su derecho a la justicia y al mismo tiempo hacer posible la paz.

Y afirmé también que, si superábamos ese obstáculo, habríamos avanzado lo suficiente para decir que estábamos, en términos prácticos, al otro lado.

Pues bien: la comisión de juristas trabajó con total dedicación y empeño, junto con el equipo negociador, y el resultado lo presentamos a Colombia y al mundo, con una enorme satisfacción, porque estábamos rompiendo un dique que hacía meses tenía frenado el proceso.

Es de tal tamaño el impacto de la justicia en la sociedad –y en particular en el proceso–, que el anuncio del acuerdo nos permitió ir más allá y fijar, por primera vez, fechas límite para la firma del Acuerdo Final y para el inicio del desarme.

El sistema de justicia para la paz consulta los principios y normatividad del derecho internacional, y respeta, por supuesto, los lineamientos de nuestra propia Constitución y de nuestras propias leyes.

Hace no más un par de días, el Centro Internacional de Toledo para la Paz, luego de un juicioso análisis de expertos y académicos, declaró que el acuerdo de justicia que logramos es consistente con los principios de la justicia universal y responde al legítimo clamor de una paz sin impunidad. Y agregó que puede servir como modelo para desatascar otros modelos de paz prolongados.

Esta es apenas una de las muchísimas opiniones especializadas que se han recibido, ponderando lo que este acuerdo significa. Y sin duda, como dice el Centro de Toledo, lo que pactamos será un modelo para otros conflictos que subsisten en el mundo, hay en este momento más de 20, y que deberán resolverse bajo la vigencia del Estatuto de Roma, que no permite amnistías o indultos sobre crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos de forma sistemática.

Tristemente, más nos demoramos en anunciar este acuerdo –tan positivo para el país– que algunos en descalificarlo y tergiversarlo.

Han querido interpretar –por ejemplo– que la restricción efectiva de la libertad significa que quienes tengan esta sanción podrán moverse libremente por algunos municipios o departamentos.

No. La sanción se cumplirá en lugares concretos, en condiciones de austeridad, y bajo un régimen de vigilancia y control.

Eso sí, con un grado de flexibilidad que permita el cumplimiento de las funciones reparadoras y restaurativas de las sanciones, como podrían ser, por ejemplo, contribuir a la sustitución de cultivos o las tareas de desminado.

También han dicho –para distraer la atención– que en el fondo lo acordado busca que se abran procesos contra los expresidentes de la república, y citan a uno en particular como el objetivo y la víctima.

No. Nadie ha hablado –y en ninguna parte del acuerdo se habla– de alterar el régimen de fuero presidencial que contempla nuestra Constitución.

Han dicho, además, que el sistema propuesto “iguala” a los excombatientes de las Farc con los miembros de la Fuerza Pública investigados por delitos con ocasión del conflicto.

Tampoco es así. Dijimos desde un principio que el tratamiento para agentes del Estado podría ser y será diferenciado.

Lo que sí debe ser es equilibrado, equitativo y simultáneo –así se estipuló– frente al que reciban los guerrilleros que dejen las armas y se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Por qué? Porque no queremos que nuestros soldados y policías –en ningún caso– estén en condiciones de inferioridad.

Y no queremos que se repitan episodios como los que hemos visto en que guerrilleros amnistiados hacen política con plena libertad mientras oficiales y soldados que participaron en el mismo conflicto pagan largos años de cárcel.

Si los antiguos guerrilleros reciben un tratamiento sancionatorio especial, los miembros de la fuerza pública no tendrán uno menos favorable.

Así lo he prometido a las Fuerzas Armadas, y así será.

¡Eso no es “igualar”! Eso es garantizar un trato equivalente, con connotaciones exclusivamente positivas.

Esos que atacan lo que se firmó en La Habana son los mismos que desde el principio se rasgaban las vestiduras porque nos sentamos a negociar la paz con terroristas, como si uno no negociara la paz precisamente con los enemigos.

Y ellos estuvieron sentados más de tres años con esos terroristas.

Son los mismos que les infundieron miedo a las Fuerzas Armadas diciendo que las íbamos a acabar y a quitar sus pensiones, cuando este tema nunca ha sido –ni será– objeto de discusión.

Son los mismos que dijeron que estábamos cambiando el modelo de desarrollo, las instituciones políticas, entregando el país a las Farc y al comunismo, cuando nada de esto es objeto de discusión dentro del proceso.

Son los mismos que –sin vergüenza– afirmaron que las aeronaves de la Policía y la Fuerza Aérea accidentadas hace unas semanas fueron derribadas por las Farc, cuando los principales fabricantes investigaron y confirmaron que fueron –en efecto– accidentes. No ha habido ninguna rectificación.

Son los mismos que van a atacar cualquier acuerdo –así sea un acuerdo entre ángeles– porque para ellos la paz es inaceptable.

Son los mismos que los acusan a ustedes –magistrados y jueces de la justicia– de perseguirlos sin contemplaciones por razones políticas, y no tienen reparos en irse al exterior a desprestigiar nuestra justicia y nuestro país.

La ironía es que estas mismas personas –hace apenas unos años– tildaban de apátridas a quienes se atrevían a hacer algo similar.

Han ladrado, ladran y seguirán ladrando. Pero nosotros seguiremos cabalgando hacia la paz, como dicen que dijo el Caballero de la Mancha.

Lo importante es que el comunicado de 10 puntos que se leyó en La Habana por parte de los garantes de Cuba y Noruega –como lo reiteró hoy en una declaración nuestro jefe del equipo negociador– está a la vista, está escrito, está firmado, y allí están muy claras las bases acordadas del sistema de justicia.

¡Es un acuerdo en firme! No hay por qué entrar a especular, con el único fin de opacar la esperanza de los colombianos.

Este acuerdo hecho público se construyó con base en un texto más largo que contiene 75 puntos –elaborado por el grupo de juristas– en el cual hay todavía algunas materias, pocas, pendientes de desarrollo o reglamento, que esperamos que se resuelvan a la mayor brevedad.

Pero los elementos pendientes –ojo– no afectan en nada la esencia de la fórmula de justicia que anunciamos la semana pasada.

Por supuesto –tan pronto los juristas terminen su tarea sobre el texto ampliado–, el Gobierno es partidario de darlo a conocer en su integridad a la opinión pública, tal como lo hemos hecho con los tres acuerdos previos, y podrán estudiarlo con detenimiento.

Yo he invitado a los asistentes de todos los foros a los que he asistido a que revisen, palabra por palabra, los textos de los acuerdos hasta ahora alcanzados y publicados, para ver si en alguno se pone en riesgo la institucionalidad, la democracia, nuestro modelo económico, la propiedad privada, los derechos fundamentales, el futuro de nuestras Fuerzas Armadas.

Estoy seguro de que no encontrarán nada de esto –ni un punto ni una coma–, porque desde un principio nos fijamos unas líneas rojas clarísimas y las hemos respetado.

Y lo mismo ocurre con este último acuerdo sobre las bases del sistema de justicia transicional.

Eso sí –hay que ser claros–: si buscan reglas y condenas basadas en la venganza de la sociedad y en la rendición del adversario, hechas con el único fin de castigar a las Farc, no las encontrarán ahí.

Si buscan, en cambio, reglas y sanciones para garantizar a las víctimas la máxima justicia posible –y la máxima verdad, la máxima reparación y las garantías de no repetición– dentro del contexto de un proceso de paz… ¡ese sí es el acuerdo al que llegamos!

Es un acuerdo para construir un nuevo futuro, de sana convivencia y reconciliación. Para mirar hacia adelante. Para garantizar que no haya más víctimas y que cese la guerra.

*****

Les decía al comienzo que a nadie le puede caber duda sobre la importancia de la justicia para la sociedad. Y eso va más allá del proceso de paz.

Este año se aprobó una reforma constitucional de gran alcance que eliminó la reelección del Presidente y de los más altos funcionarios del Estado, con el fin de restituir el necesario equilibrio de poderes.

Pero no solo hizo eso. Esta es una reforma que fortalece a la justicia en tres ejes principales, que quisiera resaltar:

En primer lugar, se creó la Comisión de Aforados, compuesta por abogados expertos, para que investigue a funcionarios con fuero especial.

Hay que reconocer que la Comisión de Acusaciones de la Cámara difícilmente lograba su cometido, al punto de que es conocida popularmente como “Comisión de Absoluciones”.

Con el nuevo sistema, esperamos impulsar la efectividad de la justicia frente a los funcionarios aforados.

En segundo lugar, se modificó la elección de magistrados de las Altas Cortes, con el objeto de mejorar la transparencia y la meritocracia en la Justicia.

¿Cómo lo hicimos? Prohibiendo expresamente la práctica del “yo te elijo, tú me eliges”; exigiendo la celebración de audiencias públicas antes de elegir los miembros de las Altas Cortes, y aumentando el requisito de experiencia de 10 años a 15 años.

Así nos aseguramos que sean siempre los mejores profesionales del Derecho quienes ocupen las más altas magistraturas.

En tercer lugar, creamos un esquema de administración de la Rama Judicial que nos permitirá contar con una Justicia con recursos bien administrados, bien gerenciados y –por lo mismo– con un mayor y mejor acceso por parte de los ciudadanos.

Antes, el Consejo Superior de la Judicatura tenía dos salas: una disciplinaria y otra administrativa, y magistrados –con formación de abogados– tenían que encargarse de las operaciones del día a día de la administración de la Rama.

Ahora, habrá un máximo órgano –a manera de junta directiva– que se encargará de tomar las decisiones de política pública, con participación de expertos en gestión pública o en formulación de políticas públicas. Y habrá un gerente con capacidad de gestión que las ejecute.

Son reformas llamadas a transformar positivamente nuestra justicia –como ya lo hemos venido haciendo con los códigos expedidos en años recientes, con la implementación del sistema oral, y el énfasis en la aplicación de las TIC en nuestra justicia–.

Tal como ordenaba el acto legislativo, hace dos días el Ministro de Justicia radicó en el Congreso el proyecto de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Tengo entendido que ayer mismo estuvo aquí haciendo una pedagogía sobre ese proyecto y respondiendo inquietudes y preguntas.

Me alegra poder decir que este proyecto surgió de un esfuerzo mancomunado del Gobierno con todos los estamentos de la Rama Judicial, que fueron escuchados en foros regionales que organizó el Ministerio por todo el país.

Nuestro objetivo –en el proceso de paz y en la vida ordinaria, la vida común y corriente de los colombianos– es siempre garantizar una mejor y más cumplida justicia para todos.

Ustedes, magistrados y magistradas del Consejo de Estado, y miembros de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, han sido protagonistas y testigos de este esfuerzo.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que está en vigencia ya hace 3 años– ha logrado una reducción de tiempos procesales del 85 por ciento.

¿Qué quiere decir esto? Que procesos que demoraban 1.000 días en resolverse ahora pueden demorar 150.

Y avanzaremos aún más en la medida en que continuemos mejorando la infraestructura física y tecnológica. Y cuenten ustedes con el apoyo del Gobierno en esta dirección.

Con recursos de las vigencias 2013 y 2014, se han habilitado 259 Salas de Audiencia adicionales, y este año esperamos dejar adecuadas o construidas 40 salas más.

De manera que, apreciados magistrados y jueces de Colombia:

Siempre he dicho que la paz es el bien supremo de la sociedad...

Pero también sabemos que un componente esencial de esa paz –como ha quedado probado en estos días– es la justicia.

Gracias a ustedes por contribuir, con su trabajo, con su sacrificio, con sus conocimientos y su ponderación, a consolidar ese país que podemos tener: un país más justo –¡mucho más justo!– y ojalá en paz.

Muchas gracias.