Este es el sitio de la Presidencia Agosto 2014 - Diciembre 2015 - última actualización 10 de diciembre de 2015
Skip Navigation LinksPresidencia > Noticias > 2015 > Octubre > Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el III Congreso Internacional de Libre Competencia Económica

 Sistema Informativo del Gobierno

SIG

 

 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el III Congreso Internacional de Libre Competencia Económica

 Barranquilla, 21 oct (SIG)

Hay dos cosas que han sido mi prioridad desde que inicié mi gobierno, dos retos, que –si los logramos– vamos a transformar a nuestro país: hacer la paz y superar la pobreza.

Hoy quiero hablarles del segundo reto y quiero hablarles de cómo superar la pobreza y las inequidades, y de su relación con la política pública de protección de la libre competencia, que es el tema que ustedes están discutiendo en este Congreso.

La lucha contra la pobreza es un imperativo moral, humanitario. Acabamos de adoptar en Naciones Unidas los objetivos de desarrollo sostenible, donde la lucha contra la pobreza extrema era tal vez el objetivo más importante. Pero –también– es un imperativo económico.

Allí donde los ciudadanos tienen sus necesidades básicas cubiertas, y donde las personas tienen la capacidad para desarrollar sus ideas, ahí hay crecimiento económico, ahí hay productividad y ahí hay inclusión social.

Así, superar la pobreza no es solamente moralmente correcto, sino es también económicamente necesario.  

Hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, hay más personas en la llamada clase media consolidada, aquella donde las probabilidades de caer nuevamente en la pobreza son muy remotas. Hay más personas en esa clase media consolidada que en la pobreza.

En los últimos cinco años, 4 millones 400 mil personas salieron de la pobreza, y más de 2 millones y medio de colombianos salieron de la pobreza extrema –cifras sin precedentes en apenas un lustro–.

Son resultados que nos llenan de entusiasmo, pero que nos invitan a aumentar, todavía más, nuestros esfuerzos, nuestro empeño, pues todavía en nuestro país 28 de cada 100 colombianos sigue siendo pobre.

Hoy quiero hablar de una política que es parte fundamental para el logro de este objetivo, una política con impacto positivo en nuestro sueño de tener una sociedad más incluyente, más igualitaria, más viable socialmente, más justa.

Me refiero a nuestra política de protección de la libre competencia económica, condición necesaria para una Colombia más equitativa.

Yo tengo tres pilares que quiero convertir en realidad, una visión para Colombia: paz, equidad y educación. Y la equidad está en el centro de todo esta política.

La equidad –bien se ha dicho a través de la historia– no se trata de que todos lleguen juntos a la meta sino de que todos partan del mismo lugar. Y protegiendo la competencia, protegiendo la rivalidad empresarial, estamos garantizando que la “cancha esté nivelada” y el punto de partida sea igual para todos. 

En Colombia promovemos, entonces, la libre competencia económica por dos razones: porque es buena para la economía y porque es un factor de equidad.

O dicho de otra forma: queremos crecer a tasas más altas, pero con inclusión social, cerrando las brechas.

¿Por qué digo que la libre competencia es buena, sana y necesaria para la economía? Hay argumentos conceptuales y evidencia empírica que demuestran plenamente que promover la competencia entre empresas dinamiza el desarrollo económico, el crecimiento de cualquier país, sea país desarrollado o país en desarrollo.

Hace unos años, Shyam Khemani, experto en competencia y asesor de múltiples organismos multilaterales en la materia –quien además ayudó a redactar el Decreto Ley 2153 de 1992, norma fundamental en la historia de nuestra política de competencia, que se expidió cuando yo hacía parte del gabinete como el primer ministro de Comercio Exterior de Colombia–, estábamos en ese momento abriendo la economía por primera vez, y éramos conscientes de la necesidad de ser competitivos y de adoptar reglas de libre competencia.

Este señor demostró que las economías con mercados domésticos competitivos tienen niveles y tasas más altas de crecimiento en su ingreso per cápita. Yo me acuerdo las discusiones en esa época, los países que se abrían versus los países que se mantenían cerrados.

Aquí estuvo Jeffrey Sachs demostrando cómo los países que se abrían crecían más, tenían más prosperidad. De igual forma, este señor demostraba cómo los países que promovían la competencia también crecían más.

De igual forma, un estudio de hace unos 12 años del McKinsey Global Institute, en el que se buscaba determinar por qué ciertas naciones son ricas y otras pobres, incluso aquellas que han recibido tanta ayuda internacional y tantos recursos, concluyó que el progreso económico depende fundamentalmente del incremento en la productividad de las economías.

Así ha sido a través de la historia. Y esa productividad depende, a su vez, de que exista una competencia real, una competencia fuerte, no una competencia maquillada, falseada o distorsionada.

Michael Porter, a quien, junto con otro gran colombiano, amigo mío, hoy Presidente del BID, trajimos en ese momento por primera vez a Colombia, en el año 92, cuando se expidió ese decreto ley para que nos hablara de competitividad –la primera vez que vino Porter era como si hubiera venido Jesucristo, nos hablaba de competitividad y todo el mundo preguntaba y eso qué es–, ese gurú de la eficiencia económica ha demostrado que la ausencia de competencia, el disfrute de una vida pacífica por parte de las empresas en el mercado, bien sea a través de carteles o de otras medidas que restrinjan la competencia, si bien genera al principio mejores rentas, aumentan las rentas, en el largo plazo es el cáncer para la competitividad de una economía, de una industria, y causa daños irreparables.

Porter ha mostrado cómo las empresas en mercados poco competitivos se vuelven ineficientes y perezosas, en tanto que los países donde hay más competencia, ahí se concentra el núcleo de países con mayor crecimiento, con mayor prosperidad, con mayor incremento en el ingreso per cápita. Cuando existe competencia en un mercado, los empresarios se ven obligados a no excederse con los precios, a mejorar la calidad de los bienes, a prestar un mejor servicio, a innovar.

La competencia se convierte en ese fantasma que hace ser mejor al empresario, que lo hace levantarse más temprano -no puede jugar golf todos los días-. Que lo hace pensar todos los días en cómo entregarle al consumidor un mejor producto, un mejor servicio, cómo hacerlo sentir mejor, cómo enamorarlo, cómo conquistar mercados. Es la mano invisible de que hablara Adam Smith. Porque la competencia es en cierta forma el estímulo para la excelencia. Así de sencillo, pero así de contundente.
   
Yo he sido muy aficionado a las biografías a través de toda mi vida, de grandes estadistas, grandes personajes, como Franklin Delano Roosevelt. A Roosevelt no lo recuerdan tanto en Estados Unidos por haber logrado la paz, después de ganar la Segunda Guerra Mundial. Increíble, pero cierto. Lo recuerdan más por sus obras de infraestructura, que dejó, después del New Deal, que dejó como legado. Pero también lo recuerdan como un convencido de la aplicación severa de normas de competencia, sin distingo de clases. Y así lo reafirman sus palabras en muchísimos discursos, uno de ellos que pronunció en el año 1938.

En dicha oportunidad, Roosevelt dijo lo siguiente, lo voy a citar textualmente: “La mayoría de las quejas por violaciones a las normas de competencia son presentadas por empresarios en contra de otros empresarios. Incluso el empresario más monopolista desaprueba todos los monopolios, salvo el suyo. Nos podemos reír de esto como un simple ejemplo de la naturaleza humana, pero no podemos reírnos del hecho de que el efecto de las prácticas monopolísticas que cada grupo empresarial impone para su propio beneficio, inevitablemente destruye el poder de compra de la nación como un todo”.

Los beneficios de la competencia, entonces, no se concentran solo en las grandes empresas. Son también aplicables a todas, pequeñas y grandes.  Las empresas que no aplican la libre competencia –y así capturan grandes rentas en el corto y mediano plazo– inexorablemente sufrirán al cabo del tiempo. En algún momento la verdad los alcanza. 

La falta de competencia no estimula que las empresas sean más eficientes, más productivas, sino las adormece, las vuelve ineficientes, hasta que llega el día en que un competidor nacido y criado en ambientes competitivos termina ganando los corazones y bolsillos de los consumidores. Y en un mundo cada vez más globalizado, donde se diluyen cada vez más las fronteras, ahí es donde hay que ser cada vez más competitivos.

Por eso se ha dicho, con razón, que la cartelización empresarial puede ser la ruina del sector productivo y puede dar al traste con sectores completos y con países completos.

Pero decía al comienzo que la libre competencia económica es también un factor de equidad que nos ayuda a reducir la pobreza.

¿Por qué? Porque la competencia obliga a que los precios que pagan los consumidores, y en particular los más pobres, estén en el punto más bajo posible, haciendo que sus ingresos rindan más y que mejore su calidad de vida.

De ahí que, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos haya dicho que las normas de competencia son la Carta Magna de la libertad de empresa, tan importantes para la preservación de la libertad económica y para el sistema de libre empresa como los catálogos de derechos, lo que llaman los americanos The Bill of Rights, para la protección de nuestras libertades personales fundamentales.

Eso es una sentencia histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque si hay un factor que genere pobreza o que ayude a aumentar la pobreza, o que impida la lucha contra la pobreza, es la inflación, son los altos precios, sobre todo de los alimentos. Por eso el Estado debe asegurarse de que se suministren a los menores precios posibles.

¿Por qué la inflación es el peor impuesto que pueden tener los pobres? Porque la inflación se roba el poder adquisitivo de quienes solamente tienen un ingreso. Generalmente son los más pobres. En cambio la inflación valoriza los activos. ¿Y quién tiene los activos? Los extractos más altos.

Con libre competencia, la leche, el pollo, la carne, las verduras y los granos no cuestan tanto, y los padres de familia van a poder darles con más facilidad los mínimos calóricos que requieren sus hijos.

Con libre competencia, los padres también pueden, con más facilidad, garantizarles a sus hijos los útiles escolares, la tecnología y hasta las herramientas de acceso al conocimiento. En el mundo de hoy donde la tecnología está siendo cada vez más determinante, que es otro de los pilares para superar la pobreza.

Muchos de los aquí presentes –incluyéndome, por supuesto–, no nos damos cuenta del grave perjuicio que representa pagar 5 mil pesos o 10 mil pesos más por un producto. No nos afecta.
   
Sin embargo, aquellos que ganan el salario mínimo, o que tienen ingresos incluso menores, sí sienten la diferencia y sufren los aumentos artificiales de precios en la economía.

Cada pequeña subida artificial de un precio –producto de falta de competencia o de un abuso de la posición de dominante–, implica denegar el acceso de una parte de la población a un producto básico, lo cual ayuda, eso está comprobado, a perpetuar eso que los economistas llaman la trampa de la pobreza.

Estudios adelantados en varios países del mundo han concluido que cuando hay carteles de precios, los productos en el mercado tienen un sobrecosto artificial entre el 10 por ciento y el 60 por ciento, y que en promedio los carteles aumentan un 30 por ciento el precio de los productos. Eso va en contra, ¿de quién? Del bolsillo de los ciudadanos.

Esto es suficiente para que cualquier Estado o por lo menos los convencidos de que la economía debe estar para servir a todos ciudadanos, emprenda de forma decidida una lucha contra la cartelización empresarial y contra otras conductas anticompetitivas. En muchos países, incluso, se penalizan estas acciones contra la libre competencia.

Ahora bien, las conductas anticompetitivas, infortunadamente, tienden a ser más recurrentes en los países llamados en vía de desarrollo.

Un reciente estudio de la Organización Mundial del Comercio muestra cómo estos mercados, los de los países en vía de desarrollo, tienen características que facilitan las prácticas anticompetitivas, haciendo más vulnerables a sus consumidores frente a conductas como carteles o abusos de posición dominante, por lo que requieren en los países en desarrollo, dice la OMC, mayor protección legal.

Estas conductas, y en general cualquier medida que genere aumentos artificiales de precios o reduzca la competencia, son inaceptables, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista económico. 

Mi gobierno cree en la libre competencia. Mi Gobierno cree en la libertad de mercados, y por eso está absolutamente comprometido a combatir este flagelo, que hasta hace unos años aquí en Colombia era invisible, e incluso era socialmente aceptado en algunos casos.

Y lo combatimos porque es lo justo, porque es lo sano, porque es lo correcto. En mi forma de proceder y de gobernar, he procurado respetar al máximo la autonomía de los poderes públicos, y la independencia de las instancias de vigilancia y control, como son las superintendencias.

No hay un solo superintendente en mi gobierno que pueda decir que lo ha llamado el Presidente de la República para ordenarle –o siquiera sugerirle– que tome cualquier decisión.

Un ejemplo completo, lo hablábamos con el ministro de Hacienda: para este país y para este gobierno la venta de Isagen, que es una de las generadoras de energía, es de una tremenda importancia.

Cuando se abrió la competencia a los proponentes, pues, por supuesto, queríamos que participara el mayor número de proponentes, y la Superintendencia vetó a varios de ellos, porque podrían eventualmente, si ganaban, restringir la libertad, restringir la competencia. Nadie dijo absolutamente nada, nadie llamó al Superintendente, ni el ministro, ni la ministra de Comercio, ni mucho menos al Presidente. Eso aceptamos porque así procedemos.

Mi única instrucción a los Superintendentes de cualquier tipo, porque tenemos varias Superintendencias, ha sido la de proceder con rectitud, con carácter y con decisión. Y en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, investigar las conductas anticompetitivas y sancionar a quienes desafíen a la sociedad violando un derecho que, además, tiene nuestra propia Constitución, que se define como colectivo.

¿Y por qué lo hacemos así? Porque Colombia tiene que ser un país incluyente, un país que entienda que “la economía debe estar al servicio de todos y no de unos pocos”. Y creo no equivocarme cuando afirmo que todos estamos de acuerdo con la aplicación severa, transparente, de las normas de competencia.

Por todo lo anterior, en este gobierno hemos adelantado varias acciones para defender al consumidor, para garantizar su bienestar, para garantizar el buen funcionamiento de los mercados y promover la eficiencia económica.

Por un lado, triplicamos el presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que demuestra la importancia que damos al tema.

Ustedes saben que en los presupuestos uno fija las prioridades. Y al que le da más dinero es porque uno considera que ese sector o esa institución necesita más fuerza, porque lo que está haciendo es importante.

Pero no solo en recursos. También triplicamos la fuerza laboral, el capital humano de la entidad. Por eso hoy existen mayores herramientas, mayor capacidad para realizar una mejor gestión.

Más aún, este Gobierno ha designado personas independientes y técnicas en el Consejo Asesor de Competencia. No intervenimos para designar a dedo sino con criterios objetivos, para que ese comité ejerza ese contrapeso, un contrapeso sano, que debe existir en toda institución al momento de tomar decisiones de gran calibre.

Hoy el Consejo Asesor de Competencia está integrado por cinco personas de las más altas calidades: dos son decanos o decanas de economía de prestigiosas universidades, un tercero es un expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, un cuarto es un reconocido profesor e investigador en asuntos económicos, y el quinto es un negociador de los 0tratados de libre comercio.

Por solicitud de los propios empresarios, he pedido al Superintendente que asuma las recomendaciones de este Consejo Asesor como si fueran vinculantes. Y así lo ha hecho.

Esto garantiza que las decisiones sancionatorias de la Superintendencia de Industria y Comercio sean objetivas, serias y técnicamente correctas, sin perjuicio obviamente del derecho que tengan los investigados para controvertirlas, cuestionarlas o impugnarlas.

También hemos adoptado algunas de las mejores prácticas que nos ha recomendado la OCDE, tras hacer un examen minucioso de nuestro régimen de competencia.

A propósito de la OCDE, esto sí es una coincidencia, hoy nos dieron el visto bueno para el acceso de Colombia al Comité de Política del Consumidor, que se encarga precisamente de los temas de libre competencia.

Para los que no saben cómo es el proceso de ingresar a la OCDE, tienen 23 comités sobre diferentes temas, y le van haciendo a los países que quieren ingresar una especie de examen en cada uno de esos 23 comités, y cuando ya las políticas del país superen los niveles establecidos por la OCDE lo van aprobando en cada comité.

Para que un país sea miembro pleno tiene que pasar por los 23 comités. Vamos en los primeros. Nos queda mucho tiempo, muchos comités todavía por recorrer, pero vamos en la dirección correcta.

Como lo he dicho tantas veces, este no es un grupo de países ricos sino es una organización que reúne a los países con las mejores prácticas, y queremos siempre tratar de mejorar nuestras políticas públicas, nuestras mejores prácticas. Y esta es una de las que más nos interesa. Y qué bueno que nos hayan hoy recibido en comité. 

Por ejemplo, por recomendación de la OCDE, les fijamos a los Superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y de Sociedades un período fijo para darles mayor independencia.

Es decir, yo expedí un decreto para que no pudiera yo mismo sustituirlos o botarlos de cargo porque hicieron algo que no me gustó.

Incluimos inclusive, por solicitud de la OCDE, a la Superintendencia de Industria y Comercio en el Comité Triple A, que fija los aranceles en Colombia, y en el Comité de Prácticas Comerciales, y expedimos también unas guías de orientación para el comportamiento gremial. Todo esto por recomendación de la OCDE.

Ese periodo fijo que tienen ahora los superintendentes le quita poder al Presidente. Ya no puedo decirle al doctor Robledo: hágame el favor, presente su renuncia y se va, sino que le respeto su independencia. Pero a pesar de que le reduce poder al Presidente, eso lo que da es mayor seguridad jurídica y profesionalismo en la aplicación de las leyes y las políticas públicas en temas tan cruciales como la libre competencia.

Esto es, precisamente, lo que nos han vendido pidiendo los empresarios. Ese tipo de medidas, que tengan reglas claras, reglas estables de juego, y no estén al vaivén del funcionario de turno.

Adicionalmente, presentamos un proyecto de ley para reformar ciertos aspectos del régimen de competencia, en consonancia con algunas recomendaciones de entidades multilaterales y de la OCDE, y hay aspectos que creemos nosotros que se podrían ir mejorando todavía más.

Este proyecto de ley está para discutirse, abierto a las opiniones de todo el mundo, como cualquier proyecto, y estamos más que interesados que en la medida en que podamos llegar a consensos sobre cuál es el proyecto más conveniente para el país, pues así lo haremos aprobar en el Congreso. 

Lo que queremos en el fondo es fortalecer las instituciones, garantizar la aplicación independiente de las normas, y enviar, porque creo que con esto enviamos mensajes positivos a los mercados, mensajes positivos a la inversión extranjera, que se fija cada vez más en este tipo de políticas.

En mi administración, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, se han tomado decisiones, tal vez sin precedentes, decisiones que ayudan a construir una política pública buena de protección de la competencia en Colombia.

Hemos promovido y defendido la libre competencia –tomando decisiones muchas veces duras, difíciles– en sectores como las EPS, los pañales, los cuadernos, el papel higiénico, el arroz, el cemento, la telefonía móvil, algunos servicios públicos domiciliarios y, últimamente, el azúcar.

Lo que buscamos es fomentar un ambiente de sana competencia empresarial que estimule nuestro crecimiento económico y que preserve el derecho de los consumidores a tener productos de calidad a precios justos.

Lo hacemos como debe hacerse: de acuerdo con las normas y procedimientos del debido proceso. Nosotros afortunadamente somos un país de leyes, respetamos las leyes. Tenemos esa herencia de uno de nuestros precursores de la Independencia, de Francisco de Paula Santander, así a algunos vecinos no les guste.
 
Y quien no comparta las decisiones que se toman en cualquiera de las instancias, puede controvertirlas con todos los recursos administrativos y con todos recursos judiciales a su alcance.

A todo ciudadano, a todo empresario, se le debe, se le tiene que garantizar su derecho a la defensa y su sagrado derecho al debido proceso.

¡De eso se trata el Estado de derecho!  Y esas son las reglas de juego sólidas y claras de un país que le apuesta al crecimiento con inclusión social.

Señor Superintendente, doctor Pablo Felipe Robledo:

A usted lo designé en su cargo para que cumpla cuna responsabilidad y una misión, que son muy importantes para el buen desarrollo de la sociedad.

Siga cumpliéndolas, con decoro, con independencia, con apego a la ley, que para eso lo nombré.

Porque la economía, y con esto concluyo, tiene que estar al servicio de todos –¡al servicio de todos!–, y esa es la esencia de la libre competencia.

Muchas gracias.