Colombia La promesa de paz
El camino hacia la paz: Esta vez es diferente
Las secuelas: Una nación de víctimas
Una historia de tres países
A mitad de camino del éxito
Hora de diversificarse
Colombia: la promesa de paz

Colombia La promesa de paz

Colombia está cerca de un histórico acuerdo de paz que transformará sus perspectivas. Pero para hacer realidad todo su potencial, tendrá que hacer grandes cambios, sostiene Michael Reid

29 de octubre de 2015

COMO TANTAS OTRAS COSAS en la Colombia del presidente Juan Manuel Santos, la ceremonia del 23 de septiembre comenzó tarde, una hora y 37 minutos. Pero la espera valió la pena. Negociadores del gobierno y de la guerrilla de las FARC revelaron un acuerdo en el tema más espinoso que han tenido que resolver: la justicia transicional, o qué tipo de penas deben pagar los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en el prolongado conflicto armado de Colombia.

Este gran avance ha abierto el camino a una rápida conclusión de las conversaciones de paz en Cuba que se iniciaron hace tres años. Poco antes de la ceremonia en La Habana, Santos sostuvo su primera reunión oficial con Rodrigo Londoño, más conocido por los colombianos como “Timochenko”, el máximo comandante de las FARC (este informe usará los nombres de combate de la guerrilla). Los dos se comprometieron a firmar un acuerdo final en un plazo de seis meses, y la guerrilla se comprometió a empezar el desarme dentro de los 60 días siguientes a la firma. A pesar de algunos contrapunteos posteriores, estos plazos parecen creíbles.

Santos (a la izquierda en la foto) se vio visiblemente incómodo cuando Raúl Castro, el presidente de Cuba, lo invitó a estrechar la mano de Timochenko frente a las cámaras. Los colombianos ven a las FARC como narcoterroristas que ponen bombas, secuestran y extorsionan. Santos sabe que muchos de sus compatriotas se enojarán ante un acuerdo que permita que la mayoría de los comandantes de las FARC se libren de ir a prisión. Pero también sabe que la paz es un premio enorme para Colombia. Y dado que las FARC deberán rendir cuentas por sus crímenes ante los tribunales del país, el acuerdo será un modelo potencial para otros países asolados por conflictos.

El conflicto armado de Colombia ha sido notoriamente sangriento, complicado y prolongado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, un organismo público creado por el presidente Santos en 2011, entre 1958 y 2012 murieron alrededor de 220,000 personas como resultado del enfrentamiento entre la guerrilla, los grupos paramilitares de derecha y las fuerzas de seguridad. De estos, cerca del 80% fueron civiles. El conflicto también facilitó un auge de la violencia criminal (ver gráfico). Y la violencia, o el temor a ella, desplazó a cerca de 6 millones de colombianos de sus hogares, principalmente en zonas rurales.

Fuente: The Economist

El camino hacia la paz
Esta vez es diferente

Un proceso de paz que podría volverse un ejemplo para el mundo

29 de octubre de 2015

LOS COLOMBIANOS HAN TENIDO buenos motivos para ser escépticos frente a las conversaciones de paz. Las FARC han negociado con los gobiernos en tres ocasiones anteriores, y cada vez el desenlace ha sido una amarga desilusión. En el primer intento, en 1984, la guerrilla declaró un cese al fuego y lanzó un partido político legal, la Unión Patriótica (UP), pero resultó ser que planearon usar la tregua para construir un ejército grande y una base política. En ese proceso, alrededor de 1,500 miembros de la UP, muchos de ellos idealistas inocentes, fueron asesinados por los paramilitares. El siguiente intento de conversaciones en 1991-92, no llegó a ninguna parte. El presidente Pastrana lo intentó de nuevo en 1999-2002, pero una vez más las FARC usaron un cese al fuego para aumentar sus fuerzas.

Incluso antes del gran avance de septiembre, había dos grupos de motivos por los cuales se podía creer que esta vez sería diferente. Primero, los líderes de las FARC ahora admiten que su sueño cincuentenario de tomarse el poder por la fuerza se acabó. Eso se debe en parte al fortalecimiento militar del presidente Uribe, pero también a que las condiciones han cambiado en la región. El régimen de Venezuela, que les ha ofrecido un santuario y les ha ayudado a comprar armas, es profundamente impopular y su control sobre el poder es incierto. El gobierno del presidente Castro ve los beneficios diplomáticos de ayudar a negociar la paz.

Las FARC también han visto cómo, en América Latina, antiguas guerrillas han llegado al poder a través de elecciones. Ese mensaje fue reforzado por Bernard Aronson, un exdiplomático nombrado por Barack Obama en febrero como representante de los Estados Unidos para el proceso de paz en Colombia. “Una vez que se desarmen, asuman la responsabilidad por sus crímenes, acepten la justicia y se conviertan en una entidad política legal, los Estados Unidos no tendrán una oposición ideológica contra ellas”, dice.

Segundo, Santos está decidido a evitar los errores de las anteriores conversaciones. El único objetivo de las negociaciones en curso es un “acuerdo final para el fin del conflicto”. La agenda contiene tan solo seis puntos estrictamente definidos. Entretanto, el presidente se ha negado a declarar un cese al fuego. Eso ha implicado riesgos, pero era “la ruta más corta y efectiva”, insiste Santos.

Conozca los equipos

El equipo negociador del gobierno inspira respeto. Humberto de la Calle es un ex vicepresidente y un astuto y moderado político liberal. Sergio Jaramillo, comisionado de paz del presidente Santos, es un estratega cerebral. Entre otros miembros están el General Jorge Mora, un excomandante del ejército que cuenta con la confianza de las tropas, y el General Óscar Naranjo, quien fue un sobresaliente comandante de la policía.

Al otro lado de la mesa está Iván Márquez, el número dos de las FARC, un ideólogo de quien se dice que tiene un cierto encanto personal (las FARC se negaron a dar entrevistas para este informe). La mayoría de los líderes máximos de la guerrilla se rotan ahora entrando y saliendo de las conversaciones; Timochenko vive principalmente en Venezuela, pero ha ido a La Habana tres veces.

Hasta septiembre, las dos partes habían logrado acuerdos en solo tres de los seis puntos de la agenda. Primero se dio el acuerdo sobre desarrollo rural, incluyendo medidas para ampliar el acceso a la tierra y expedir títulos legales de propiedad sobre todos los bienes rurales. Esto, dice Santos, es “lo que necesita el campo; tenemos que hacerlo con o sin las FARC”. Luego se logró un acuerdo sobre participación política y garantías de seguridad para la oposición.

Posteriormente, en mayo de 2014, las dos partes acordaron hacer un esfuerzo conjunto para frenar el tráfico de drogas y un programa voluntario, basado en las comunidades, para la sustitución de cultivos de coca con alternativas lícitas, respaldado por erradicación manual. Esa era más o menos la política de Santos en todo caso; en el segundo trimestre de este año, su gobierno decidió suspender la aspersión aérea de los cultivos de coca con glifosato, luego de que la Organización Mundial de la Salud clasificó al herbicida como probable carcinógeno.

Tras ello, las conversaciones se empantanaron durante más de un año en la discusión de los temas más difíciles: si los líderes de las FARC pagarán castigos de algún tipo, y en qué términos entregarán sus armas y se convertirán en un partido político legal. Muchos colombianos creían que, en esencia, las negociaciones eran sobre la rendición de la guerrilla, pero las FARC no lo ven así. Ellos se presentan como rebeldes no derrotados enfrentados a una oligarquía injusta por la causa de la justicia social. El Sr. Márquez ha recalcado que otros insurgentes anteriores en Colombia han sido amnistiados.   

Pero dos cosas han cambiado. La primera es que el derecho internacional ya no acepta amnistías generales para crímenes de lesa humanidad (que ahora incluyen actos tales como asesinato, secuestro, violación, y reclutamiento forzado de menores, no solo por parte de los gobiernos sino también por insurgentes con autoridad de hecho). Dichos crímenes deben ser abordados ahora bajo un proceso que los abogados denominan “justicia transicional”. La idea general es que las tropas de base sean amnistiadas pero los líderes enfrenten juicios y sentencias.

Ese principio fue aplicado, si bien torpemente, en la desmovilización de los paramilitares; más de 100 de sus líderes fueron encarcelados por hasta ocho años. Varios de ellos siguieron manejando negocios de droga desde la cárcel, de manera que el presidente Uribe ordenó extradiciones sumarias de varios de ellos a los Estados Unidos, donde eran solicitados por tráfico de drogas. Ahora purgan sentencias de cadena perpetua en cárceles de máxima seguridad.

La segunda limitante para el gobierno es que la opinión pública se ha endurecido contra las FARC debido a sus bombardeos terroristas y secuestros. Los rehenes fueron tratados de una manera espantosa, algunas veces pasando años encadenados a árboles. En una encuesta de agosto, más del 90% de los encuestados querían que los líderes de las FARC terminaran en la cárcel. El expresidente Uribe lidera una locuaz oposición contra el proceso de paz. Un partidario del gobierno se lamenta diciendo que “los colombianos no le creen al presidente Santos aunque él está diciendo la verdad, y sin embargo le creen a Uribe cuando está mintiendo”.

Un subcomité de abogados nombrado por ambas partes eventualmente logró elaborar un bosquejo de acuerdo sobre justicia transicional en agosto y septiembre. Una “jurisdicción especial para la paz” investigará, juzgará y dictará sentencias sobre “los crímenes más graves y representativos” cometidos durante el conflicto. El tribunal especial incluirá una minoría de jueces extranjeros. Quienes confiesen sus crímenes y colaboren con una comisión de la verdad se beneficiarán con sentencias leves: cinco a ocho años de trabajo comunitario con “restricción efectiva de la libertad”, pero sin cárcel. Quienes no confiesen enfrentarán hasta 20 años de prisión. Se aplicarán procedimientos similares a oficiales militares que hayan cometido crímenes de guerra, así como a quienes hayan financiado a los ejércitos ilegales.

El Sr. Uribe, quien se negó a ser entrevistado para este informe, denunció el acuerdo como demasiado indulgente. También objetó que las fuerzas armadas sean juzgadas en los mismos términos que las FARC. Marta Lucía Ramírez, una líder conservadora, hubiese querido que el presidente Santos siguiese combatiendo a las FARC por otros daños años para lograr unos términos más duros. Eso podría funcionar. Pero continuar el conflicto costaría vidas y destrucción.
José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, un grupo de defensoría basado en Nueva York, argumenta que la Corte Penal Internacional (CPI) no quedará satisfecha con un acuerdo que permita que los responsables de los peores abusos eviten la cárcel. La CPI, afectada por críticas según las cuales sus únicos objetivos hasta ahora han sido africanos, está mirando a Colombia muy de cerca. Pero muchos abogados dicen que bajo el derecho internacional la justicia transicional no tiene que involucrar penas de cárcel. El acuerdo logrado sí implica una rendición de cuentas de las FARC en lo que promete ser un proceso de derecho exhaustivo y riguroso, y las penas alternativas son más largas de lo que muchos esperaban.

El acuerdo también vincula la justicia con el desarme. Solamente aquellos que hayan depuesto sus armas serán elegibles para recibir penas alternativas. Las FARC tienen ahora solamente alrededor de 6,000 tropas armadas (más un número similar en milicias civiles). Un negociador del gobierno dice que las tropas deben depositar sus armas en contenedores sellados bajo supervisión internacional. El gobierno acepta que debe dar garantías de seguridad a la guerrilla, quienes recuerdan el sino de la UP.

Las FARC también quieren garantías de que no terminarán en cárceles estadounidenses como los paramilitares (así como uno de sus líderes), y que el gobierno archivará cerca de 70 solicitudes de extradición de los Estados Unidos, por tráfico de drogas y otros crímenes. “Nosotros no vamos a renunciar a la extradición”, insiste el Sr. Aronson. Pero luego agrega: “es decisión del gobierno colombiano si honra o no esas solicitudes. Colombia es un aliado y socio cercano. Los Estados Unidos no quisieran ser un obstáculo para un proceso de paz definitivo”.

“La cuenta regresiva hacia la paz comenzó”, dice el Sr. de la Calle. Pero Luis Carlos Villegas, el ministro de defensa, advierte que un cese al fuego del gobierno “solo puede darse cuando hayamos negociado los detalles de la desmovilización y el acantonamiento” de las FARC. Todavía hay muchos cabos sueltos por amarrar. Puntos importantes, como quién elige a los jueves para el tribunal especial y qué significarán en la práctica las “restricciones efectivas de la libertad”, todavía deben ser acordados. Entretanto, el ELN, con sus 1,500 combatientes, ha pasado más de un año en discusiones sobre las conversaciones, pero muestra muy pocos deseos de renunciar a su lucrativo negocio de la extorsión.

A renglón seguido, el acuerdo de paz necesita ser redactado en una ley. En septiembre, el gobierno envió una enmienda constitucional al Congreso que le daría facultades temporales a un comité especial del legislativo y al presidente para hacer esto. Esto debe ser aprobado para junio del año entrante. El presidente Santos puede ser impopular en el país, pero conserva una mayoría disciplinada en el Congreso.

De muchas maneras, este proceso de paz podría convertirse en un ejemplo para el mundo. A diferencia de muchos países africanos, Colombia ha hecho grandes esfuerzos durante la última década para tratar de castigar a los responsables de la violencia; primero a los paramilitares, luego a los políticos vinculados con ellos y a oficiales militares culpables de crímenes, y ahora a las FARC. También está haciendo todo lo posible por reconocer y compensar a las víctimas (ver artículo).

El presidente Santos prometió desde hace mucho tiempo que los colombianos tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar cualquier acuerdo final. Su gobierno aún no ha decidido si esto se hará a través de un referendo o de alguna otra manera. Siempre y cuando el acuerdo esté vinculado a un proceso de desarme creíble y se amarren los cabos sueltos, la gente probablemente lo respaldará, pero para satisfacer esas condiciones se requerirá que Santos continúe firme. Las encuestas indican que desde que se tocó el punto más bajo en mayo de 2015, el apoyo al proceso de paz ha empezado a subir de nuevo.

Los funcionarios dicen a menudo que la tarea de construir la paz en Colombia comenzará el día después de la firma de un acuerdo para ponerle fin al conflicto. “Estas negociaciones son extraordinariamente difíciles, pero ni remotamente cercanas a lo difícil que será la implementación”, advierte el Sr. Jaramillo. La construcción de la paz implica ponerles coto a algunos de los problemas más arraigados de Colombia, comenzando con la brecha entre un país moderno, primordialmente urbano, y un país arcaico, pobre, asolado por el conflicto y primordialmente rural.

Fuente: The Economist

Las secuelas
Una nación de víctimas

29 de octubre de 2015

Adaptándose al legado de la violencia

MIRE HACIA EL OESTE DESDE la biblioteca pública de la estación de metro de San Javier, construida por Sergio Fajardo, un exalcalde de la ciudad, y verá dos lonas verdes desplegadas en lo alto en la montaña de enfrente. Estas señalan La Escombrera, un basurero usado por los paramilitares y el ejército a principios de la década de 2000 para desechar cuerpos mientras expulsaban a las FARC y al ELN de la Comuna 13, uno de los barrios más pobres de la ciudad. Cuando los paramilitares se desmovilizaron y confesaron sus crímenes, dijeron que allí podría haber hasta 300 cuerpos enterrados.

Aníbal Gaviria, el alcalde actual, está pagando una excavación de cinco meses por parte de antropólogos forenses en uno de los tres sitios de la Escombrera. “Yo creo que es importante que el estado demuestre que no está de acuerdo con lo que sucedió allá”, explica. Rosa Cadavid, una monja que dirige una ONG que ha presionado para que se haga la excavación, dice que “la primera prioridad es encontrar a los seres queridos, conocer la verdad, por qué se los llevaron, y qué les pasó”. Para las mujeres que ella apoya, la excavación les ofrece algún consuelo, pero su tormento permanecerá con ellas. Rubella Tejada, quien vivía en la Comuna 13, perdió un hijo en 2001, sacado a la fuerza de su casa por hombres encapuchados. Diez años después, bajaron a otro hijo de un bus y lo asesinaron. El grupo de la hermana Cadavid le presta ayuda psiquiátrica.

Colombia es una nación de víctimas. El propio alcalde Gaviria perdió un hermano, quien fue secuestrado y asesinado por las FARC; Alan Jara, el gobernador del Meta, fue secuestrado por la guerrilla de las FARC y estuvo cautivo ocho años. El gobierno del presidente Santos reconoce el sufrimiento y la difícil situación de las víctimas y ha hecho un gran esfuerzo por ponerlas en el centro del proceso de paz.

El programa de víctimas del país es, por lejos, el más grande del mundo. Cerca de 7.5 millones de personas –alrededor de una sexta parte de la población- se han registrado ante la Unidad de Víctimas, una agencia gubernamental con 800 funcionarios y otros 3,000 bajo contratos de servicios. La unidad dice que hasta ahora ha entregado reparaciones a alrededor de 500,000 personas, representadas en dinero en efectivo, vivienda y/o apoyo psicológico.

Cerca de 6.5 millones de víctimas fueron forzadas a abandonar sus hogares. La parte más complicada de las reparaciones es la restitución de las tierras tomadas por la fuerza por los paramilitares o la guerrilla. La paz hará que esa tarea sea más fácil. El gobierno ya ha logrado 2,000 sentencias judiciales de restitución de tierras; en total, alrededor de 60,000 familias han regresado a sus tierras, según Iris Marín de la Unidad de Víctimas. Pero hay una gran cantidad de trabajo acumulado, y muchos activistas de la restitución de tierras han sido asesinados. La mayoría de quienes fueron expulsados de sus tierras no regresarán nunca. Una encuesta de 27,000 familias desplazadas reveló que el 78% querían permanecer donde estaban.

Muchas mujeres fueron sometidas a violencia sexual. Matilde Cardoso, una afrocolombiana de 38 años elegantemente vestida, es dueña de una pequeña tienda de muebles en la ciudad caribeña de Barranquilla. Hace unos 19 años, cuando vivía con sus padres en su pequeña finca, fue violada por cuatro guerrilleros. Esa noche la familia empacó lo que pudo y huyó a Barranquilla. El gobierno le pagó 18.5 millones de pesos (actualmente alrededor de 6,000 dólares) como compensación, que ella usó para montar su tienda; pero no le está yendo bien, así que está planeando volver a trabajar como peluquera. Su hija mayor, concebida en la violación, se está preparando para estudiar medicina. La señorita Cardoso apoya el proceso de paz: “la violencia engendra violencia”, dice.

Fuente: A nation of victims
The Economist

La brecha urbano - rural

Una historia de tres países

La seguridad y el desarrollo son cruciales para lograr la paz en el terreno

LA SEDE DE Ruta N es un impactante edificio de cinco pisos en forma de L, cubierto por paneles de concreto de color cobrizo que se proyectan como velas henchidas por el viento. Justo al otro lado de la calle del campus de la Universidad de Antioquia y junto al centro de tercerización de procesos de negocios de Hewlett-Packard para América Latina, Ruta N busca convertir a Medellín, la segunda ciudad de Colombia, en un nodo de innovación tecnológica. Los 104 miembros de su personal están tratando de hacer tres cosas: trabajar con colegios para impulsar la enseñanza de ciencias y tecnología; adelantar investigación aplicada en campos como el de la nanotecnología y materiales avanzados; y crear un ecosistema de innovación que vincule a universidades, emprendimientos empresariales y al sector privado. Tan solo durante el último año Ruta N ha ayudado a crear 1,800 empleos, dice Juan Camilo Quintero, gerente director del proyecto.

La idea es impulsar tanto la oferta como la demanda de trabajadores altamente calificados. Financiada con las utilidades de la compañía de servicios públicos de propiedad del municipio de Medellín, Ruta N es una muestra de lo lejos que han llegado tanto Medellín como Colombia durante las últimas dos o tres décadas.

Hace una generación, Medellín era la ciudad más violenta del mundo, con 386 homicidios por cada 100,000 personas en 1991. Hoy, esa cifra ha bajado a 18, cifra que el alcalde, Aníbal Gaviria, describe como “todavía muy alta”. Para reducirla aún más, él ha trabajado con la policía y con los fiscales para crear fuerzas de trabajo especializadas y bien equipadas para investigar homicidios. El Sr. Gaviria está construyendo sobre el trabajo de Sergio Fajardo, un matemático que se desempeñó como alcalde de 2003 a 2007 y empezó la tarea de darle un vuelco a Medellín. Él invirtió en proyectos urbanos diseñados para cerrar la brecha socioeconómica de la ciudad, tales como teleféricos que conectan barrios pobres con el metro y nuevas bibliotecas públicas en las áreas más pobres. Como gobernador de Antioquia, el departamento más poblado de Colombia, ha tratado de hacer lo mismo en el plano departamental.

La tarea, dice, es ponerle un freno a la violencia y a la desigualdad. Luego dice en inglés: “los violentos nos quitan nuestra capacidad para soñar”. Los gobernadores cuentan con presupuestos relativamente pequeños, de manera que Fajardo se ha concentrado en ayudar a alcaldes a diseñar planes de seguridad y desarrollo. Su proyecto bandera incluye la construcción de “parques de educación” en cada municipio: edificios emblemáticos diseñados como centros de profesores pero también pensados para que movilicen a las comunidades a mejorar la calidad escolar.

El problema es que buena parte de Colombia carece de los recursos y del liderazgo de Medellín y de Antioquia. La distribución del ingreso en el país como un todo está entre las más desiguales de América Latina, solo por detrás de Haití y Honduras. Cuando el gobierno del presidente Santos hizo recientemente el primer censo agrícola en 45 años, encontró que dos terceras partes de todas fincas tienen menos de 5 hectáreas (12.4 acres), y en conjunto ocupan menos del 5% de todas las tierras agrícolas y de pastoreo.

Aun así, la proporción de personas que viven en la pobreza (definida como un ingreso per cápita de 4 dólares al día o menos en términos de paridad de poder adquisitivo) se redujo de casi el 50% en 2002 al 29.5% en 2014, y los ingresos del 40% más pobre han crecido más rápido que el promedio, según el Banco Mundial. Mucho más niños se benefician ahora de la educación, a pesar de que Colombia todavía sigue ubicada cerca del fondo de la lista de posiciones de las pruebas PISA de la OCDE que se basan en exámenes presentados por niños de 65 economías en los campos de lectura, matemáticas y ciencias.

Bajo la constitución de 1991, el gobierno debe garantizar atención de salud universal, y solo la mitad de la población está en capacidad de aportar; el gobierno tiene que pagar por la otra mitad. Alejandro Gaviria, el ministro de salud, dice que para el grueso de la población, el esquema colombiano presta la mejor atención de salud en América Latina, pero acepta que siguen existiendo desigualdades regionales.

Hay “tres Colombias”, sostiene Simón Gaviria (ninguna relación con el ministro de salud ni el alcalde de Medellín), director del Departamento de Planeación Nacional. Una, en las ciudades principales, es un lugar sofisticado con rápido crecimiento económico e indicadores sociales del primer mundo. Una segunda ha visto mejoras sociales, pero carece de buenos empleos. Una tercera, compuesta por 3 millones de personas, carece incluso de los servicios básicos. Por ende no es una coincidencia que está tercera Colombia es donde ha persistido el conflicto.

Tomemos la costa Pacífica, donde viven 1 millón de personas, de las cuales el 90% son afrocolombianas. En Quibdó, capital del departamento de Chocó, “uno puede pensar que está en Haití”, dice Paula Moreno, exministra de cultura que ahora preside Manos Visibles, una ONG que trabaja para reducir la pobreza y la violencia. El desempleo en la ciudad es del 70%. El año pasado el ejército ocupó a Buenaventura, el principal puerto de Colombia en el Pacífico, pero las pandillas criminales siguen teniendo un control asesino sobre partes de la ciudad. Las FARC manejan Tumaco, un poco más al sur.

Recuperando el paraíso

Vista Hermosa, un pequeño pueblo agrícola en el departamento del Meta, en los llanos, muestra lo difícil que puede ser unirse a la “primera Colombia”. Durante varias décadas tras su fundación a finales de los años 40 por habitantes rurales que huían de la violencia política del centro de Colombia, este fue territorio de las FARC. Junto con las FARC llegaron la coca y la cocaína. Para comienzos del siglo XXI en el área en torno a Vista Hermosa estaba sembrada una cuarta parte de los cultivos de coca de Colombia.

En 2004 el presidente Uribe desplegó una fuerza conjunta llamada Omega, compuesta por 18,000 tropas de asalto, para recuperar el área de las FARC. Acto seguido vino un plan concebido por el Sr. Jaramillo, en ese entonces viceministro de defensa del Sr. Santos, cuyo objetivo era ganarse la confianza de la población y consolidar lo logrado en materia de seguridad ampliando la presencia del estado y pagando los dineros de asistencia rápidamente. El plan gastó 250 millones de dólares en cuatro años, principalmente extendiendo la carretera pavimentada desde Villavicencio hasta Vista Hermosa pero también en cosas como electrificación, agua potable y alcantarillado.

La carretera destapada de Vista Hermosa al pueblo de Santo Domingo rodea la Serranía de la Macarena, un majestuoso y antiguo afloramiento geológico de los Andes. Las laderas prácticamente verticales de la sierra están llenas de cascadas. En su piedemonte, aves como martines pescadores brillan sobre las quebradas, guacharacas de agua, halcones y loros revolotean entre los bosquecillos y el campo abierto y las iguanas se asolean junto a la carretera.

En Santo Domingo las FARC todavía cobran impuestos sobre todo, desde las vacas hasta la cerveza.

Ya se ha ido casi toda la coca. En los caseríos se pudren los salones de concreto, los fantasmas de las discotecas, burdeles y supermercados que atendían la industria de las drogas. Los pequeños agricultores de Santo Domingo y del caserío cercano de Caño Amarillo ahora producen leche. Cada uno tiene un depósito comunitario con tanques de acero inoxidable suministrados por Alquería, una compañía lechera basada en Bogotá.

“Ha habido cambios, pero ha sido un proceso lento”, dice Gilberto Olaya, un concejal local de Santo Domingo. “La gente está empezando a comprar dos o tres vacas más”. Él cree que el futuro está en los cultivos comerciales, así como en una ganadería más intensiva. Pero aún hacen falta tres cosas.

La primera son mejores carreteras. El trayecto de 28 km (24 millas) de Santo Domingo a Vista Hermosa se toma más de dos horas por una trocha plagada de huecos que vadea varios ríos. El gobierno del presidente Santos se ha embarcado en un ambicioso programa de infraestructura, pero está limitado a las principales rutas nacionales. El Meta tiene tan solo 500 km de carreteras pavimentadas y 7,000 km de vías destapadas, según Alan Jara, su gobernador.

Segundo, la seguridad, que si bien ha mejorado mucho, todavía necesita mejorar aún más. La policía no patrulla por fuera del pueblo. En Santo Domingo, las FARC siguen cobrando impuestos a todo, desde vacas hasta la cerveza. Pero desde que se iniciaron las conversaciones de paz, la guerrilla “sabe que no puede imponerse como lo hacía en el pasado”, dice el Sr. Olaya.

La fuerza conjunta Omega cometió errores al comienzo de sus operaciones. “La idea era que todos éramos guerrilleros”, dice Rosa Arnaldo, la esposa del Sr. Olaya. Tito Garzón, un líder comunitario de Vista Hermosa que fue miembro de la UP en la década de los 80, cree que “Colombia tiene un buen futuro, pero solo si se aplica la ley de la misma manera a todo el mundo”. Él fue exonerado recientemente tras un encarcelamiento que pareció ser un ajuste de cuentas.

Tercero, si se espera que los agricultores no regresen a sembrar coca, necesitan tener acceso a créditos y asesoría técnica. “Intentamos sembrar yuca pero el crédito llegó demasiado tarde para comprar fertilizantes”, dice el Sr. Olaya.

La lección principal de Vista Hermosa es que una acción rápida es vital. “La gente tiene la ilusión de que con la paz todo se resolverá”, dice el Sr. Jara. “Tiene que haber resultados inmediatos”. En eso concuerda Fabrizio Hochschild, el representante de las Naciones Unidas en Colombia. La experiencia internacional demuestra, dice él, que “la acción inmediata en el primer año después de firmar un acuerdo de paz puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso”. De algunas maneras, Colombia está bastante bien preparada. Los programas para reparar a las víctimas y restituir tierras ya están en marcha y funcionando. Pero hay confusión en cuanto a quién estará a cargo de un plan de reacción rápida y cómo se va a implementar.

La maldición de las Bacrim

La primera prioridad será la seguridad, que fue desatendida tras la desmovilización de los paramilitares en Colombia. Los jefes fueron encarcelados, pero los comandantes de niveles medios salieron indemnes y se dedicaron al tráfico de drogas y otras actividades criminales. Estas Bacrim (bandas criminales) tienen ahora alrededor de 5,000 a 6,000 miembros, según el Sr, Villegas, el ministro de defensa. Un temor es que unidades renegadas de las FARC las refuercen. La economía ilegal en Colombia, si bien proporcionalmente más pequeña de lo que era antes, sigue siendo sustancial; el valor local de la producción de drogas es de alrededor de 240 millones de dólares al año. La minería ilegal, principalmente del oro, y la extorsión, agregan fuentes de ingresos adicionales.

Lo más urgente es que el gobierno tendrá que brindarle seguridad a las FARC a medida que se desmovilicen. También se van a necesitar equipos de emergencia de fiscales y jueces “para dictar fallos sobre quién es propietario de qué” en áreas de conflicto, dice el Sr. Villegas. A más largo plazo, Colombia necesitará menos tropas (actualmente 270,000) y más policías (200,000 a la fecha).

Las instituciones políticas locales y del estado también necesitan ser fortalecidas. En las áreas de conflicto estas sufren “deficiencias crónicas” como corrupción y carencia de capacidad técnica, rendición democrática de cuentas y recursos presupuestales, como lo manifestó la ONU en un informe el año pasado. En la costa Pacífica el gobierno decidió empezar más o menos de cero. Está montando un fondo de 400 millones de dólares con dinero del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para dotar de acueducto y alcantarillado a las cuatro principales ciudades costeras. Los ministerios nacionales van a controlar un comité que desembolsará el dinero. “No vamos a entregar los recursos a través de los alcaldes y gobernadores”, dice Luis Gilberto Murillo, director del Plan Pacífico de Santos. De manera similar, el gobierno en Bogotá ha nombrado gerentes de salud y educación en cada una de esas ciudades.

La economía rural también va a necesitar más atención. Desde la intensificación de seguridad del presidente Uribe la violencia se ha concentrado en gran medida por fuera de las ciudades. La guerrilla y sus seguidores civiles necesitan que les ofrezcan oportunidades económicas legales. Un gran parte de los pobres están en áreas rurales, anota Ana María Ibáñez, una economista de la Universidad de los Andes en Bogotá. Como es su costumbre, Santos montó una comisión para estudiar qué hacer en el campo. Su director, José Antonio Ocampo, exministro de hacienda y agricultura, dice que las agencias agrícolas del estado necesitan una reforma total para poder dar créditos y asistencia técnica a los pequeños agricultores. Junto con los cambios en las políticas sociales, esto podría cerrar la brecha de desarrollo urbano – rural en un plazo de 20 años.

La promesa del gobierno a las FARC de constituir un fondo para distribuir tierras a los sin tierra y a los pequeños agricultores es una necesidad política, pero podría terminar devorándose demasiada cantidad del dinero disponible para el desarrollo rural. El tema más polémico es la gran agroindustria, que puede jugar un papel crucial para ayudar a Colombia a diversificar su economía, como debe hacerlo.

Fuente: The Economist

A mitad de camino del éxito

Colombia necesita salir de su cascarón

MÁS de 20 AÑOS después de su muerte, Pablo Escobar se ha convertido en un objeto de fascinación. “Narcos”, una nueva serie de Netflix, es tan solo una de muchas películas, libros y programas de televisión sobre el narcotraficante más conocido de Colombia, el causante de tanta violencia en Medellín en las décadas de 1980 y 1990.

Escobar era un despiadado genocida. Para cualquiera que vivió esos días, la atención que está recibiendo es ofensiva. Pero si él puede ser visto ahora como una mera curiosidad histórica, esa puede ser un indicador de cuánto ha avanzado Colombia. Los forasteros se han encaprichado a menudo con los fracasos del país. Pero a lo largo del último cuarto de siglo ha sido un país sorprendentemente exitoso abordando algunos de sus más grandes problemas. Escobar y los de su calaña fueron dados de baja; sus sucesores hoy son “desconocidos”, anota el Sr. Gaviria, alcalde de Medellín. “No duran más de tres o cuatro años y no pueden consolidar su poder”.

La respuesta de Colombia a las mafias de la droga fue reformar y fortalecer una fuerza nacional de policía que, junto con la de Chile, es ampliamente considerada como la más profesional de América Latina. La constitución de 1991 le dio nuevas facultades a las cortes, además de promover una política más incluyente y proclamar avances sociales, tales como la prestación universal del servicio de salud.

El progreso no siempre ha sido lineal. Hace diez años Bogotá era un faro de gestión urbana exitosa, pero bajo los tres mediocres alcaldes de la izquierda se ha vuelto congestionada y menos eficiente. Con demasiada frecuencia la política local se financia con lazos corruptos con compañías constructoras. Sin embargo otras ciudades, como Barranquilla, están en ascenso.

El poder judicial también ha logrado algunos éxitos. La eliminación de la inmunidad parlamentaria por la constitución de 1991, combinada con nuevos y poderosos instrumentos legales que permiten confiscar activos obtenidos de manera ilegal, ha reducido la infiltración de dineros de la droga a la política. Las cortes encarcelaron a 32 legisladores nacionales y cinco gobernadores regionales por sus vínculos con los paramilitares. Y en una demostración de independencia política, la Corte Constitucional bloqueó las aspiraciones reeleccionistas del Sr. Uribe.

Juzgando a los jueces

Pero la propia rama judicial se ha politizado y ha sido manchada por la corrupción, a pesar de –o quizás debido a- la proliferación de entrometidos: así como tiene un fiscal general, Colombia tiene un procurador general, un contralor general y un defensor del pueblo. Todos son elegidos por las altas cortes. La Fiscalía se ha convertido en un imperio con 29,000 funcionarios. En lugar de dedicarse a aplicar la ley, tanto Eduardo Montealegre, el fiscal, como Alejandro Ordoñez, el procurador, dan opiniones casi a diario sobre temas políticos.

No obstante, aparte de dichas taras, el sistema político de Colombia y sus instituciones han demostrado ser capaces de enfrentar muchos de los desafíos planteados por las crisis de los 80 y de los 90. Por sobre todo, el estado pudo extender mandato sobre una parte mucho más grande del territorio nacional, ofreciendo mayor seguridad y abriendo el camino hacia la paz. La amarga rivalidad entre el expresidente Uribe y el presidente Santos podría todavía descarrillar la paz, pero eso parece menos probable ahora. Sin embargo, un gobierno en el cual muchos ministros albergan aspiraciones presidenciales se volverá cada vez más distraído a medida que se acerquen las elecciones de 2018. El odio y desconfianza producto de 50 años de conflicto no se van a disipar rápidamente, incluso si los colombianos llegan a aceptar las concesiones de Santos entre la paz y la justicia.

Otra incógnita se refiere al ingreso de las FARC a la política. A pesar de su reciente éxito electoral en Bogotá, la izquierda en Colombia ha sido extremadamente débil en términos políticos porque parte de ella acudió a la violencia. Eso, junto con el efecto del conflicto mismo, ayuda a explicar las amplias desigualdades socioeconómicas. A pesar de su profunda impopularidad, sin duda las FARC legarán a gobernar algunos municipios. La pregunta es si llegarán a un entendimiento con la democracia y con el mundo moderno.

Colombia se vio forzada a involucrar al mundo cuando se vio inmersa en el centro del negocio internacional de las drogas ilegales. El Plan Colombia fue un resultado. Desde entonces ha firmado acuerdos comerciales con Europa y con los Estados Unidos, y recientemente conformó la Alianza del Pacífico con Chile, México y Perú, países unidos por un compromiso con el libre comercio y con las economías de mercado libre.

Pero la mayoría de los políticos y de las empresas colombianas siguen siendo introvertidos, y el país sigue estando aislado diplomáticamente en su región y más allá. No pudo ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico antes de que ese organismo cerrara sus puertas a nuevos miembros; por lo tanto, no hace parte del acuerdo comercial Trans-Pacífico. Y todavía está pendiente de sacar todo el provecho de los acuerdos comerciales que ha logrado. 

Hay que admitir que Colombia ha tenido mala suerte con sus vecinos inmediatos. Ecuador ha erigido barreras proteccionistas para sus exportaciones. Bajo el régimen chavista, Venezuela ha albergado guerrilleros, ha servido de canal para la exportación de drogas, y ha cerrado el que alguna vez fue un gran mercado para los fabricantes colombianos. En agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró la frontera y expulsó sumariamente a 1,000 colombianos, causando que otros 20,000 huyeran. Los acusó de contrabando, un negocio exacerbado por los controles de precios y cambiarios de Venezuela, y, sin pruebas, de ser “paramilitares”. Sin embargo Venezuela también jugó un papel en lograr que las FARC se sentaran a la mesa, y Colombia se ha beneficiado con la fuga de cerebros y de capitales venezolanos.

El reciente enfrentamiento fronterizo con Venezuela resaltó el aislamiento de Colombia: fracasó por poco en su intento por conseguir los 18 votos necesarios para un debate sobre las deportaciones en la Organización de Estados Americanos. La carencia de un servicio diplomático profesional por parte de Colombia tiene un alto precio. Los problemas y logros del país son poco entendidos incluso en su propia región, que le ofreció poca solidaridad, y menos aún ayuda, en la lucha contra los ejércitos ilegales.

Colombia va a necesitar el apoyo del mundo para cualquiera que sea el acuerdo de paz que logre concretar. También va a necesitar la ayuda del mundo para supervisar el desarme de las FARC, y ayuda para el desarrollo rural. Pero tiene que hacer su parte también. Por ejemplo, nunca llegará a ser un país debidamente desarrollado y seguro mientras su clase media no aprenda a pagar impuestos.

Pero Colombia también tiene algo que ofrecerle al mundo. Ya le presta asesoría en temas de seguridad a Centroamérica. Con suerte, pronto deberá estar en capacidad de dar lecciones sobre cómo ponerle fin a conflictos aparentemente inextricables.

Fuente: The Economist

Hora de diversificarse

Una desaceleración económica resalta la necesidad de un cambio estructural

A UN LADO de la Vía 40 en Barranquilla, una despreocupada ciudad industrial en la costa Caribe, fluye el ancho y cenagoso río Magdalena. En el otro hay una hilera de fábricas. En las entrañas climatizadas del edificio anónimo que alberga a Procaps, una compañía farmacéutica, mujeres revisan manualmente una seguidilla de cápsulas de paracetamol buscando la más mínima falla.

Fundada y de propiedad de Rubén Minsky, cuyo padre huyó de Polonia a Barranquilla para escapar de Hitler, Procaps es una multinacional. La mitad de sus ventas de alrededor de 500 millones de dólares el año pasado se hicieron fuera de Colombia, e igualmente varias de sus fábricas están en el exterior. Una tercera parte de su negocio proviene de la fabricación de píldoras por contrato para las grandes compañías farmacéuticas, pero también produce genéricos, sus propias medicinas de venta libre y drogas inyectables que vende a hospitales. Es un negocio de conocimiento, que fabrica o adapta sus propias máquinas, e invierte el 3.5% de sus ventas en investigación y desarrollo y cuenta con 24 patentes (con 16 en trámite) en todo el mundo.

No muy lejos de allí, en un complejo industrial de rápido crecimiento, está Tecnoglass, que fabrica aluminio, vidrio y ventanas selladas. Invirtiendo el patrón latinoamericano típico, Tecnoglass importa un producto básico (commodity) –vidrio plano- de los Estados Unidos, le agrega conocimiento y valor en forma de revestimientos ambientalmente eficientes, y exporta ventanas terminadas de vuelta al mercado estadounidense. El negocio está en auge: la empresa espera que sus ventas de 197 millones de dólares del año pasado crezcan más del doble para 2016. Fundada por una familia libanesa inmigrante, en 2014 puso en circulación el 12% de sus acciones en la bolsa NASDAQ por alrededor de 52 millones de dólares.

“Estamos ubicados estratégicamente para atender el mercado de los Estados Unidos, con costos latinoamericanos en una industria intensiva en mano de obra”, dice Rodolfo Espinosa, uno de los gerentes de la compañía. El tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos que entró en vigor en 2012 “es una bendición para nosotros”, agrega. “Sin tanto trámite burocrático, llegamos a la Florida más rápido que nuestros competidores en Texas”.

Pero la mayor parte del impresionante crecimiento de la economía de Colombia durante la última década se ha debido a una combinación de exportaciones de productos básicos (principalmente petróleo y carbón), construcción y consumo interno. Colombia está lejos de ser un petro-estado; su producción de 1 millones de barriles diarios el año pasado la ubicó tan solo como el décimo noveno productor de petróleo, y sus reservas probadas son pequeñas. Pero la caída de los precios del petróleo en todo caso ha golpeado fuertemente sus ingresos por exportaciones y las rentas de su gobierno. El déficit de cuenta corriente aumentó al 7% del PIB en el primer trimestre de este año. Los inversionistas se asustaron; el peso perdió el 36% de su valor frente al dólar en los 12 meses contados hasta julio, muy similar al real brasileño durante ese período. El banco central ahora espera que la economía crezca tan solo el 2.8% este año, y el 3% en 2016; ANIF, un centro de estudios del sector privado, pronostica 2.5% este año y 2% el siguiente.

El peso había estado sobrevaluado durante varios años, de manera que la devaluación fue una “bendición disfrazada”, dice Mauricio Cárdenas, el ministro de hacienda. La economía estaba sufriendo una “incipiente enfermedad holandesa”, en la cual las exportaciones de productos básicos fortalecen la moneda, lo que hace que los negocios diferentes a los de productos básicos no sean competitivos. El manejo macroeconómico de Colombia ha sido mucho más responsable que el de Brasil, pero las autoridades enfrentan dos grandes desafíos. El primero es que el peso más débil ha aumentado la inflación, que llegó al 5.4% anual a septiembre, muy por encima de la meta del 3% del banco central. Eso llevó al banco a subir la tasa de interés de referencia el 25 de septiembre, de 4.5% a 4.75%. Una inflación más alta podría incrementar el salario mínimo nacional hasta en un 6%, lo que significa que el banco central “tendrá que trabajar mucho” para devolver la inflación hacia su meta, dice Roberto Steiner, un economista de Fedesarrollo, un centro de estudios.

Segundo, el petróleo le estaba produciendo al gobierno cerca de una quinta parte de sus rentas, y la caída en picada de su precio significa un déficit fiscal del 1.7% del PIB. Esto llega en un momento inoportuno. Los ingresos tributarios totales del año pasado alcanzaron tan solo alrededor del 17% del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano. Muchos economistas habían venido argumentando que Colombia necesitaba recaudar otros tres puntos del PIB en impuestos para cubrir los déficits en pensiones y salud, financiar infraestructura y pagar inversiones relacionadas con la paz.

El sector privado está molesto con Santos porque en sus dos reformas tributarias anteriores aumentó tanto los impuestos a las sociedades como el impuesto al patrimonio que, extrañamente, pagan tanto las empresas como las personas naturales. La tasa impositiva efectiva para las grandes empresas es del 53% de los ingresos, según Sergio Clavijo de ANIF. Y las rentas tributarias están altamente concentradas: el 60% del total proviene de tan solo 3,556 contribuyentes.

Austeridad inteligente

El ministro Cárdenas describe su respuesta como “austeridad inteligente”. Él ha recortado el gasto (principalmente en inversión pública) en cerca del 1% del PIB y espera aumentar los ingresos tributarios en un 0.5% del PIB atacando la evasión. Él dice que las reglas permiten un ligero aumento del déficit fiscal (que este año será del 2.4% del PIB). Santos ha prometido una reforma de la estructura tributaria que recaudaría un 2% adicional del PIB para 2018. El gobierno acepta que los impuestos a las empresas son demasiado elevados. La mayoría de los expertos tributarios creen que el faltante solo puede cubrirse aumentando el impuesto de renta a las personas naturales y el impuesto al valor agregado, y eliminando exenciones. El riesgo político para Santos es que los colombianos van a pensar que los obligarán pagar impuestos más altos para satisfacer a las FARC.

Gobiernos consecutivos han sido lentos encarando los factores estructurales que hacen que muchas empresas colombianas no sean competitivas. Uno es un mercado laboral rígido. La reforma tributaria de Santos sí redujo los impuestos sobre la nómina, del 60% al 47% de los salarios, lo que parece haber estimulado un aumento del empleo formal. Pero la economía informal todavía genera casi la mitad de todos los empleos. El desempleo ha venido disminuyendo constantemente, pero repuntó al 9.1% en agosto, una señal de la desaceleración de la economía. El mayor cuello de botella es la carencia de infraestructura de transporte.

Conectando los puntos

Son las 8:30 de una mañana de domingo, y 150 metros dentro de una montaña de la cordillera oriental de los Andes una máquina se prepara para inyectar cemento en el techo del túnel número 2 de 18 de un tramo de 29 km de la nueva autopista de Bogotá a Villavicencio y a los llanos. La carretera de dos carriles existente es una lenta y peligrosa procesión de carrotanques de petróleo, camiones de ganado, camionetas y carros incluso a esta hora de la semana. Los trabajos para añadir otra carretera comenzaron en 2010, pero son extraordinariamente difíciles y costosos. La cordillera oriental es, en términos geológicos, la parte más joven y más inestable de los Andes. La carretera desciende más de 2,000 metros en tan solo 90 km, en el estrecho cañón del río Negro. Pero para 2021 y a un costo de 3 mil millones de dólares, toda la carretera debe ser una autopista, reduciendo el tiempo de viaje en una hora.

La autopista al llano es parte de un vasto programa de infraestructura –el más grande de América Latina- que finalmente está poniéndose en marcha. El año pasado el gobierno licitó proyectos por valor de 5 mil millones de dólares, frente a 2,600 millones en 2010; si todo marcha según lo planeado, para 2018 la cifra anual debería llegar a 9,900 millones de dólares. El presidente Santos pasó todo su primer período preparando el terreno legal y financiero. El programa requiere que el gobierno aporte casi mil millones de dólares anuales durante los próximos 20 años. Santos probablemente sea recordado por las carreteras y las vías férreas, así como por la paz.

El problema es que estas pueden no estar llegando suficientemente rápido. La industria creció en torno a las ciudades del interior. Llevar un contenedor desde Bogotá o Medellín a los puertos caribeños cuesta alrededor de 2,000 dólares, es decir el doble de lo que tienen que pagar los exportadores en Perú o Chile, dice el Sr. Clavijo. Hasta ahora, la devaluación ha reducido las importaciones más que aumentado las exportaciones. Cuando el peso estaba fuerte, las compañías colombianas se retiraron de mercados en Europa y Asia, dice Bruce MacMaster de la ANDI, el ente de cabildeo de los industriales. Ahora están tratando de reconstruir relaciones con clientes, pero eso toma tiempo.

Otros culpan a la ANDI y a los gremios de los agricultores por su proteccionismo. Colombia tiene alrededor de 60 tratados de libre comercio, pero es menos abierta de lo que parece. Cuando César Gaviria fue presidente en 1990-94, recortó los aranceles y otras barreras proteccionistas, abrió la economía y privatizó los puertos. Esos puertos son ahora muy eficientes, pero la multiplicación por 16 de las regulaciones aduaneras los ha desacelerado, explica. “La industria colombiana enfrenta insumos costos debido a la complejidad para importar, lo que aumenta el costo tanto de las importaciones como de las exportaciones”.

Esa opinión es compartida por David Bojanini, el director ejecutivo del Grupo Sura, un gran conglomerado financiero. “Queremos que el país sea mucho más internacional, estamos en contra del proteccionismo”, dice. Basado en Medellín, el Grupo Sura es una de tres compañías estrechamente ligadas conocidas como el Grupo Empresarial Antioqueño, que vienen funcionando desde hace más de 80 años, pero se han diversificado en el exterior durante las últimas dos décadas. Las otras son Nutresa, una gran compañía de alimentos con fábricas en varios países de América, con ventas de 3,400 millones de dólares en 2013 (de los cuales 1,400 millones fueron en el exterior); y Argos, un conglomerado de empresas de cemento, electricidad e infraestructura, que genera el 60% de sus ventas por 2,900 millones de dólares en esa moneda; es el tercer mayor fabricante de concreto premezclado en los Estados Unidos.

Colombia necesita generar muchos más negocios que sean competitivos internacionalmente desde cero. Una posibilidad prometedora es el turismo, que ya se está beneficiando de la mejor situación de seguridad. En 2014, el país recibió 4.2 millones de visitantes del exterior, más del doble que en 2010. Colombia carece de un destino icónico tal como Machu Picchu en el Perú, pero compensa esa carencia con la diversidad de sus paisajes y de su fauna.

La oportunidad más grande que quizás podría traer la paz está en la agroindustria. Los llanos tienen el potencial de convertirse en la versión colombiana del Cerrado, hogar del milagro agrícola del Brasil. La Altillanura, una meseta de baja elevación en el Meta y Vichada, tiene al menos 10 millones de hectáreas que podrían usarse para sembrar cultivos como soya, maíz, arroz y palma. Esto haría que las tierras cultivadas del país aumentaran a más del doble. Algunos izquierdistas creen que las tierras de la Altillanura deben ser entregadas a los campesinos sin tierra, pero tres reformas agrarias anteriores en Colombia fracasaron en su intento por establecer una agricultura minifundista exitosa. La Altillanura es más apropiada para haciendas comerciales de gran escala. Se necesita una alta inversión de capital para volver fértiles sus pobres y ácidas tierras, y lo lejano de la región aumenta los costos.

La agricultura comercial llegó a los llanos más o menos durante los últimos diez años, pero enfrenta un obstáculo legal. Bajo una ley de 1984 diseñada por el Sr. Ocampo, todos los terrenos baldíos debían ser usados para agricultura familiar. En los llanos, eso se definió como hasta 1,700 hectáreas, pero los inversionistas han configurado recientemente extensiones más grandes, que ahora están siendo declaradas ilegales. Las transacciones de tierras en toda la región han sido suspendidas.

El Congreso está debatiendo un proyecto de ley que permite los contratos de arrendamiento a largo plazo para grandes extensiones en los llanos. Pero como dice un agricultor local, “si uno se va a tomar el trabajo de invertir para mejorar la tierra, uno tiene que ser el dueño”. Una solución mejor sería un impuesto sobre la tierra. Entre otras cosas, esto alentaría a los agricultores a volverse más eficientes. Como están las cosas, 40 millones de hectáreas en todo el país están dedicadas a la ganadería intensiva, con cada vaca pastando en más de una hectárea. Gravar la tierra puede liberar algunas tierras para pequeños agricultores en el centro de Colombia, y al mismo tiempo puede darle a la gran agroindustria su puerta de entrada a los llanos.

Fuente: The Economist

2 de noviembre de 2015, 15:01 POR M.R. Y EL EQUIPO DE DATOS

LOS COLOMBIANOS tienen buenos motivos para ser escépticos frente a las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los guerrilleros de las FARC, que comenzaron hace tres años. Las FARC han negociado en tres ocasiones anteriores y cada vez el desenlace ha sido una amarga desilusión. En el primer intento, en 1984, la guerrilla declaró un cese al fuego y lanzó un partido político legal, la Unión Patriótica (UP), pero resultó ser que habían planeado la tregua para conformar un ejército grande y una base política. En ese proceso, alrededor de 1,500 miembros de la UP, muchos de ellos idealistas inocentes, fueron asesinados por los paramilitares. El siguiente intento de conversaciones, en 1991-92, no llegó a ninguna parte. El presidente Andrés Pastrana lo intentó de nuevo en 1999-2002, pero una vez más las FARC usaron un cese al fuego para aumentar sus fuerzas.

Pero ahora Colombia está cerca de un acuerdo de paz histórico que transformará sus perspectivas. Habría dos motivos para creer que esta vez sería diferente. Primero, los líderes de las FARC ahora admiten que su sueño cincuentenario de tomarse el poder por la fuerza se acabó. Eso se debe en parte al fortalecimiento militar del gobierno bajo el Álvaro Uribe, el presidente de 2002 a 2010, pero también a que las condiciones han cambiado en la región. El régimen de Venezuela, que les ha ofrecido un santuario y les ha ayudado a comprar armas, es profundamente impopular y su control sobre el poder es incierto. El gobierno de Raúl Castro en Cuba ve los beneficios diplomáticos de ayudar a negociar la paz.

El conflicto de Colombia ha creado una nación de víctimas. El programa de víctimas del país es de lejos el más grande del mundo. Cerca de 7.5 millones de personas –alrededor de una sexta parte de la población- se han registrado ante la Unidad de Víctimas, una agencia gubernamental con 800 funcionarios más otros 3,000 bajo contratos de servicios. La unidad dice que hasta ahora ha entregado reparaciones a alrededor de 500,000 personas, representadas en dinero en efectivo, vivienda y/o apoyo psicológico.

Si bien el número de ataques violentos y de nuevas personas desplazadas está disminuyendo, casi 6.5 millones de víctimas fueron desplazadas a la fuerza de sus hogares desde el inicio del conflicto. La parte más complicada de las reparaciones es la restitución de las tierras tomadas por la fuerza por los paramilitares o la guerrilla. La paz hará que esa tarea sea más fácil. El gobierno ya ha logrado 2,000 sentencias judiciales de restitución de tierras; en total, alrededor de 60,000 familias han regresado a sus tierras, según Iris Marín de la Unidad de Víctimas.

Fuente: The Economist